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sábado, noviembre 26, 2022
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Rentan centros de salud en 190 mdp a empresa consentida de la 4T

Mediante un esquema de adjudicación directa y con un desfase entre la contratación y el inicio de operaciones del proyecto, la Secretaría de Salud se comprometió con una empresa originaria de Villahermosa, Tabasco -entidad de donde es originario el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- para el arrendamiento de dos unidades móviles y una caravana de vehículos que brindan servicios de salud en zonas alejadas.

La empresa Línea Médica del Sur, creada en diciembre de 2018, días después del ascenso del mandatario federal, es una de las favoritas de los gobiernos locales desde el inicio de la administración vinotinto a nivel nacional.


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Con poca experiencia en el ramo, pero varios contratos gubernamentales desde su creación a la fecha, Línea Médica del Sur, SA de CV obtuvo el contrato público por un monto superior a 21 millones de pesos por un periodo de nueve meses, que representan 190 millones de pesos por los servicios de consulta médica, dental y psicológica, mastografías, Rayos X, ultrasonido, densitometría; además de la entrega de lentes, aparatos auditivos y algunas sillas de ruedas que se compromete a entregar cada mes.

Entrevistado por ZETA, el secretario estatal de Salud, Adrián Medina Amarillas, aseguró que tuvo la necesidad de recibir este servicio ante la urgencia de atención médica en zonas despobladas.

“Detecté una tremenda falta de infraestructura en materia de salud en primero y segundo nivel, había muchos centros cerrados y muchas áreas con mucha carencia de servicios, y Salud no era la excepción, por eso desde la transición propuse si existiera la posibilidad de algo que nos ayudara a contrarrestar eso, nos podía ayudar de manera rápida y urgente”, explicó.

Con ese argumento, firmó el contrato con una empresa que, de diciembre de 2018 a la fecha, se ha vuelto un referente en materia de salud para los gobiernos estatales, pese a sus antecedentes negativos.

ZETA acudió a revisar la instalación de los centros de salud móviles en diversas partes de la entidad, y aunque los encargados presumen que a veces atienden a más de 600 personas, en las inspecciones no se observó el pulso referido por las autoridades.

EL CONTRATO

Como resultado de una solicitud de acceso a la información, se conocieron los pormenores del contrato entre Secretaría de Salud y Línea Médica del Sur, SA de CV, creada el 14 de diciembre de 2018, donde la institución pública se comprometió a pagar mensualmente 18 millones 290 mil 994.92 pesos más impuestos, lo que daría un total de 21 millones 217 mil 553.76 pesos.

El contrato indica que, durante un periodo de nueve meses, la empresa recibiría 190 millones 957 mil 983.83 pesos. A partir de septiembre, la Secretaría de Salud firmó un nuevo contrato para ampliar los servicios de los centros de salud móviles. La empresa propiedad de Ramón Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, se comprometió a arrendar dos unidades médicas y varios vehículos que brindarían servicios de salud en la entidad.

Las dos caravanas serían itinerantes y contarían con servicios de mastografía, Rayos X, consulta médica general, densitometría, ultrasonido, electrocardiograma, farmacia, optometría y audiometría; laboratorio clínico, consulta dental, psicológica, una ambulancia, un expediente clínico electrónico y personal que atienda a las personas (tres químicos, cuatro enfermeras, dos médicos generales: tres radiólogos, dos dentistas, un audiólogo, un psicólogo y un optometrista).

Línea Médica del Sur se compromete además a brindar 64 consultas médicas, 30 pruebas de laboratorio clínico, 30 mastografías, 30 tele de tórax, 30 densitometrías, 30 electrocardiogramas, 25 ultrasonidos, 26 consultas de salud mental y 36 atenciones de pediculosis diariamente.

También entregaría 15 sillas de ruedas al mes, 15 andaderas para adultos, 15 bastones, 300 lentes, 30 aparatos auditivos, y brindaría ocho consultas psicológicas diarias como máximo.

Dentro del arrendamiento también se cuenta con los vehículos que se trasladan a diversas partes de la entidad para brindar servicios en puntos como el Valle de Mexicali, San Quintín y la Zona Este de Tijuana. En total, se han visitado 140 comunidades.

Según el secretario de Salud, se habrían otorgado más de 78 mil atenciones de todo tipo en la entidad, pero el mismo documento oficial no contabiliza ni 50 mil (47 mil 048).

Otra petición de acceso a la información -021165522000473-, firmada por el doctor Néstor Millán, indica que los servicios brindados distan mucho de lo referido en el contrato.

Según el documento, hasta el 9 de octubre se habrían realizado en todo BC 3 mil 260 mastografías, 7 mil 830 Rayos X, 21 mil expedientes abiertos, 14 mil 547 pruebas de laboratorio; además de entregar 64 sillas de ruedas y 187 aparatos auditivos.

Esto quiere decir que, de enero a septiembre, la empresa se comprometió a realizar 5 mil 940 mastografías, pero quedó rezagado y superó la cifra de exámenes de laboratorio, pero sólo entregaron 64 sillas de ruedas cuando se comprometieron a dotar de 135. Mientras que aparatos auditivos, se comprometió a entregar 270, lo cual no ocurrió.

En el documento no refiere haber realizado consultas psicológicas, odontológicas, ni densitometrías, electrocardiogramas, ultrasonidos, ni atenciones de pediculosis. Tampoco indica que entregaron bastones, lentes, andaderas para adultos y tele de tórax. Pese a que no se ofertaron, según los datos oficiales, el servicio se cobró.

ZETA acudió a una de estas jornadas en el Ejido Nayarit, en el Parque Azteca de Playas de Tijuana y la Unidad Deportiva de Sánchez Taboada, para constatar su funcionamiento, y salvo en uno, que hubo una macrojornada con mil personas -no pudieron atenderse todos-, en la mayoría de los casos la afluencia era poca, de aproximadamente 30 personas en el mejor de los casos. Cabe señalar que en el Ejido Nayarit hay un centro de salud habilitado e incluso fue uno de los puntos de vacunación contra la COVID-19.

El contrato en poder de este Semanario se firmó el 3 de enero de 2022, con una extensión de nueve meses. Sin embargo, el proyecto fue presentado por la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en noviembre de 2021, durante un evento realizado en el Valle de Mexicali, donde se observaron las unidades equipadas y rotuladas.

En aquella fecha del evento no había un contrato de por medio, a lo que el doctor Medina Amarillas respondió que en las últimas semanas del año se presentó como proyecto piloto, donde la empresa tenía que demostrar su capacidad para llegar a zonas agrestes y ofrecer servicios de calidad. Curiosamente, sin haber firmado contrato, las unidades ya estaban rotuladas con los logos del Poder Ejecutivo al momento de su presentación.

Respecto a la adjudicación directa, el funcionario estatal aseveró que por tratarse de un proceso de arrendamiento y no de obra pública o adquisición, se cuenta con la posibilidad de omitir la licitación abierta.

ZETA lo cuestionó por las otras empresas analizadas, los costos y otras especificaciones, pero se limitó a decir que era la mejor opción.

Respecto al monto, el cardiólogo de profesión dijo que era mucho más eficiente rentarlo que adquirirlo, toda vez que se otorgaría más rápido el servicio y podría iniciar operaciones prácticamente en el momento, a diferencia de construir algún centro de salud, una unidad médica o un hospital, que tomaría dos o tres años.

“No hicimos ese estudio (valorar el costo de la adquisición de las unidades móviles), pero de entrada siempre me dediqué a la medicina privada, sé que contar con el equipo, pólizas de garantía, comprar el tráiler, habrían sido muchos millones de pesos, habría generado la cantidad suficiente”, expuso.

Se espera que durante este periodo exista una inversión sustancial del Gobierno de México para habilitar un hospital en la Zona Este de Tijuana, la cual carece de infraestructura médica. La inversión del Poder Ejecutivo para dicho nosocomio será de 250 millones de pesos.

COSTO ES ALTÍSIMO: MONSERRAT RODRÍGUEZ

Monserrat Rodríguez, diputada por el Partido Encuentro Solidario (PES),  cuestionó el contrato signado entre la empresa tabasqueña y la Secretaría de Salud del Estado, al que calificó como que representaba un costo exagerado.

“Es altísimo, son 21 millones de pesos, si lo dividimos en 6, te caben 27 centros de salud, la gente estaría estupendamente, claro que no, no me lo han entregado como tal, pero la verdad está altísimo”, refirió la legisladora de oposición, considerando además que no hay un beneficio, puesto que si bien, diagnostican a la ciudadanía temas de cáncer y otras problemáticas, la escasa atención termina saturando las áreas oncológicas.

“Hasta el momento nada, no hay un beneficio, la población estuvieron unas 15 o 20 personas al día, estuvieron una semana, si quieres que vaya la unidad debes ponerles agua y ayudarles con alimento, ahí me verás consiguiendo un parque para que pudieran venir a mi distrito, fue la primera vez que las traje en noviembre y diciembre, y luego vinieron por Evelyn. Si estás pidiendo un contrato, mínimo que trajeran agua, se me hace mucho dinero, es una renta. Lo que estás gastando en rentar”, expuso.

Según el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, han extendido el servicio de atención para temas de cáncer, lo que ha reducido de manera sustancial la atención de personas diagnosticadas. Para el siguiente año se adquirirán dos aceleradores lineales para brindar atención a mujeres con cáncer de mama, los cuales tendrían un costo de 2 millones de dólares cada uno. Es decir, 40 millones de pesos. 

Con el recurso invertido en los centros de salud móviles, la Secretaría de Salud de Baja California pudo comprar hasta cuatro aceleradores lineales y gran número de mastógrafos que, conforme a un presupuesto solicitado por este Semanario, alcanzarían los 5 millones de pesos.

EMPRESA CRECIÓ DESDE EL ARRIBO PRESIDENCIAL

Línea Médica del Sur, SA de CV, también conocida como F Medical, cuenta con registro notarial desde el 14 de diciembre de 2018. Es decir, asumió junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En julio de 2020, durante la pandemia derivada de la enfermedad COVID-19, F Medical fue contratada -mediante adjudicación directa- por el Gobierno de Tabasco, entonces titulado por Adán Augusto López Hernández, hoy secretario de Gobernación, para la construcción de una Unidad de Hospitalización Temprana que atendería casos del virus SARS-COV-2.

Por este proyecto instalado en el Parque Tabasco y por una ampliación a un costado de otro hospital de la entidad, la empresa recibió 100 millones de pesos (60 y 40 millones); el primero de los inmuebles vio colapsado su techo debido a las lluvias que se registraron dos meses después de su inauguración.

Según la licitación 56064001-003-20 del Ayuntamiento de Centro, en Tabasco, en febrero de 2020, Línea Médica del Sur compitió por primera vez en una licitación para arrendar una “Unidad médica móvil con dos consultorios para la prevención y atención oportuna de cáncer cervicouterino y de próstata”. El documento refiere que deberá coordinarse con las autoridades de Salud en caso de requerir otro tipo de atenciones. El monto era por 6 millones 600 mil pesos y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Línea Médica del Sur perdió la licitación contra otra empresa de nombre Proveedora de Medicamentos RH del Sureste, S de RL de CV, debido a que la primera en mención, no contaba con propuesta técnica para brindar el servicio ni copia de cédula profesional del personal requerido para brindar la atención. Tampoco, con registro en el padrón de proveedores y su recibo de energía eléctrica no coincidía con su cédula fiscal.

Pese a no contar con experiencia en materia de servicios de salud, la empresa obtuvo contratos mediante adjudicación directa con los gobiernos de Chiapas, Baja California, Estado de México y Chihuahua, donde ofreció el mismo servicio de arrendamiento de unidades. Sin embargo, dichos contratos no han sido revelados por los gobiernos locales, tal y como ocurrió en BC, donde la Secretaría de Salud no hizo público el compromiso hasta efectuar la petición formal mediante Plataforma Nacional de Transparencia, pese a que se encuentra obligada a hacerlo.

La información puede constatarse en la página oficial de F Medical, donde presume las unidades arrendadas a diversas entidades federativas.

Cabe señalar que al menos en BC, las matrículas de los vehículos no corresponden a Línea Médica del Sur o a F Medical, sino a otra empresa llamada Casanova Renting, que según la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVE), es una de las más requeridas en sus servicios por el Gobierno de México, el cual ha incrementado sus rentas en un 9%, según reportes hechos públicos a medios de comunicación.

ZETA constató en las oficinas de Recaudación de Rentas, las matrículas AT5434A, AT5430A, AXT882A, AT5435A y AT5436A, pertenecientes a dicha compañía arrendadora, lo cual quiere decir que Línea Médica del Sur ni siquiera es propietaria de las unidades que arrendó al Gobierno del Estado, sino que habría subarrendado para brindar el servicio, lo que se vuelve una carga económica para el Estado.

Respecto a los propietarios de la empresa, este Semanario indagó en el Registro Público de Comercio (RPC), determinando que desde 2011 ha incursionado en diversos giros de negocios totalmente diferentes, con socios allegados a la política en Veracruz.

De hecho, Ramón Eliseo Reynoso Cervantes contrató como representante legal a Carlos Alberto Padilla Cásares, quien fue presidente seccional del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz. También es socio de Carlos Manuel Nostiii Piedra en una empresa llamada Corporate Nosrey, SA de CV, quien también ocupó cargos políticos dentro del tricolor y  es pareja sentimental de la ex diputada priista Andrea Yunes Yunes, hija del ex candidato a la gubernatura y senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa.

Reynoso Cervantes aparece también como representante de una asociación civil llamada Emprendedores x Veracruz, fundada en 2015 y que dos años después firmaría un convenio con Liconsa para convertirse en intermediario para la entrega de leche a población vulnerable.

Lo extraño es que según la herramienta Corresponsabilidad, que evalúa el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil, se vio obligada a declararla inactiva, toda vez que no presentó los reportes financieros, ni los apoyos que brindaba.

Los primeros dos fueron entregados extemporáneos (2015 y 2016), mientras que los otros tres simplemente no fueron otorgados. Pese a ello, Liconsa le confió dicha responsabilidad.

Respecto a Artemio Villegas Zamora, sólo se identificó como representante en varias empresas relacionadas con la construcción.

CONTRATO NO ESPECIFICA EL EQUIPO QUE OFERTA

Una consulta realizada a dos especialistas, uno en materia de equipo médico y otro en construcción que pidieron protección del anonimato, reconocen que es sumamente costoso el equipo médico, por lo que las cifras de cualquier adquisición son estratosféricas. Esto fue reconocido por el propio secretario de Salud de Baja California.

Sin embargo, ambos coincidieron en que el contrato signado por Secretaría de Salud no es específico en el equipo a arrendar, lo que genera suspicacias.

Y es que existe diversidad de equipo y material, y aunque normalmente son costosos, hay niveles en el tipo de equipo que será requerido.

ZETA obtuvo una cotización con una empresa radicada en Hermosillo, Sonora, dedicada a la venta de equipo médico especializado. Concretamente, se solicitó el costo de un mastógrafo, modelo Selenia Dimensions AVIA 3000 Digital 2D, el cual tendría un costo de 5 millones 560 mil 243.08 pesos, con instalación y capacitación para el personal.

Sin embargo, resulta imposible conocer los costos de lo adquirido, toda vez que el contrato no especificó las necesidades técnicas.

Algunos análisis que las fuentes ofrecieron a este medio de comunicación, refieren que un servicio similar -aunque con algunas carencias- al que ofertó la empresa tabasqueña tendría un costo de poco más de 60 millones de pesos, es decir, menos de una tercera parte de lo que está cobrando.

Respecto a una ambulancia -que también forma parte del paquete-, el especialista en materia de equipo médico informó que rondaría los 400 mil dólares más importación y equipo, pero sería propiedad de la Secretaría de Salud.

Consideró que por el hecho de que la empresa se encargue del pago de salarios y de los procesos administrativos, resultaría muy complicado definir costos, pero gran parte dependerá -según dijo- del tipo de equipo que se esté utilizando.

Entre algunas referencias que se pueden obtener en construcciones hospitalarias, la clínica de atención COVID-19 que se instaló en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y donada por el sector empresarial de Mexicali, tuvo un costo de 14 millones de pesos; mientras que un centro de salud en Chihuahua, con todos los servicios básicos, alcanzaría los 30 millones de pesos.

Del mismo modo, el hospital que pretendía construir el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid en Mexicali, tenía un presupuesto de poco más de 500 millones de pesos, pero prácticamente duplicó su precio y finalmente quedó “paralizado” por el impago de “Kiko” a las empresas contratadas.

El Hospital General de Culiacán anunciado en 2018, se proyectaba entre 800 y mil 200 millones de pesos, el cual tendría atención pediátrica, Rayos X, traumatología, medicina interna, neurocirugía, entre otras cuestiones.

BC, REZAGADO EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA: MEDINA AMARILLAS

El secretario estatal de Salud, Adrián Medina Amarillas, reconoció que recibió de la pasada administración una severa crisis de infraestructura hospitalaria, donde no existe una cobertura suficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía.

El Estado cuenta con 108 centros de salud, cuando entidades como Veracruz tienen mil, o Chiapas, mil 200.

No conforme con ello, cuando asumió la titularidad de la Secretaría de Salud, se dio cuenta que había centros que contaban con equipo, pero no operaban por falta de recursos, por lo que se inició una intensa campaña para su rehabilitación.

“No tenemos hospital de tercer nivel, somos la única entidad en el país que no cuenta con uno, lo que más se acerca es la UNEME la unidad Oncológica”, refirió el secretario, quien espera que dentro de tres años se pueda reforzar la infraestructura de salud con el apoyo del Gobierno de México.

Adelantó la inversión del hospital de la Zona Este de Tijuana y recriminó a los pasados gobiernos por la situación que se vive en Mexicali, ante los malos manejos financieros en la construcción del nosocomio en el que se “extraviaron” 300 millones de pesos, lo cual mantiene “paralizada la inversión en la materia”.

“El acuerdo al que llegamos con Federación en la Zona Este, en Florido Morita, hace 10 años, lo terminaron y nunca lo operaron ni equiparon, porque el terreno estaba en malas condiciones, quedó abandonado. Usamos esa infraestructura ya generada, ya ves que siempre reclama que anteriormente se hacían cosas para tapar, pero no se usaban; todos los sitios en el país los están rehabilitando, se va a construir una torre de tres niveles, la construirá el Estado y la Federación va a poner el equipamiento”, informó, para agregar que, gracias a las unidades móviles, se logró llevar a cabo una mastografía en Isla de Cedros, algo que nunca en la historia había ocurrido.

Sin mencionar sí continuaría para el siguiente año -aunque es lo más probable-, el funcionario estatal aseveró que ya se amplió el contrato a lo que resta del año en las mismas condiciones, aclarando que no se pudo concretar todo el año desde un principio, por la falta de liquidez que tenía el Poder Ejecutivo al inicio de 2022.

La inversión del Poder Ejecutivo para dicho nosocomio será de 250 millones de pesos -lo que costaría la caravana en un año- para infraestructura y un monto seis o siete veces más por parte de la Federación para equipamiento y personal.

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Autor(a)

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Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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