Ilse Jazmín y Braín Eduardo, son dos personas originarias de Tijuana que vendieron tres vehículos de la marca Honda Civic, modelo reciente, en Mexicali. Todo sería normal, de no ser porque dichas unidades tenían la serie doblada, las cuales habían sido alteradas para hacerlo pasar como un auto robado, como limpio.
En julio de 2022, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita al área de Robo de Vehículos, recibió en sus oficinas de Mexicali a dos personas que no se conocían, pero que acudieron para revisar vehículos tipo Honda Civic modelo 2016.
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Narraron que los habían comprado y que buscaban revisar sí tenían algún tipo de irregularidad. Increíblemente, ambos automóviles tenían exactamente la misma serie en el tablero, lo que quiere decir que al menos uno de los dos había sido doblado.
Ambos describieron al vendedor y coincidieron en que se trataba de la misma persona, por lo que el grupo de Robo de Vehículos inició una revisión por internet y confirmó que Braín Eduardo tenía a la venta un tercer vehículo tipo Honda, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicarlo mientras circulaba a bordo de la unidad que aparentemente vendía, misma que al cotejar sus placas se confirmó que contaba con reporte de robo.
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Dos víctimas narraron haber sido estafadas por este individuo, al cual se aprehendió circulando a bordo de un tercer automóvil robado.
Pese a ello, Braín Eduardo -quien fue identificado por los ofendidos- recobró su libertad en pocos días.
En la primera audiencia, el Juez de Control determinó que los agentes se extralimitaron en sus funciones de “investigar”, al cotejar las placas del automóvil -supuestamente- sin un motivo específico, por lo que consideró, se trató de un acto de molestia.
En los otros dos casos fue procesado, pero por tratarse de un delito no considerado grave, recobró la libertad apenas cumplidos los términos.
Braín Eduardo entró y salió tres veces de prisión en menos de una semana, pero se le otorgaron -en dos ocasiones- los beneficios de primo-delincuente, con la posibilidad de devolver el dinero cobrado en “abonos chiquitos” o simplemente desentenderse del hecho que le imputan.
Así como el de Braín, hay más casos todos los días en las agencias del Ministerio Público de Robo de Vehículos de Mexicali, donde la holgada legislación y los criterios garantistas del Poder Judicial, complican el procesamiento de los grupos delictivos dedicados al robo de vehículos, que a diferencia del robo en general, las cuantías son mayores por tratarse de un patrimonio con un valor considerable.
Según el administrador del Poder Judicial, Marcos Pérez Núñez, 9 de cada 10 casos de robo de vehículos permiten la libertad inmediata de los implicados, ya que la legislación -ya sea del propio Código Nacional de Procedimientos Penales como del Código Penal de Baja California- no lo consideran un delito grave. De hecho, amerita un máximo de dos años de prisión, y por ende, es casi obligada una medida alterna de solución.
Según la cifra de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el presente año en Mexicali se han documentado 2 mil 235 automóviles robados, de los cuales 231 tuvieron algún tipo de violencia.
Prácticamente, el 10 por ciento que refiere el Poder Judicial es precisamente los que se cometen con algún tipo de violencia.
LA “PUERTA GIRATORIA” SOLAPADA POR JUECES Y LA LEY
De acuerdo con el coordinador de Robo de Vehículos de la FGE, Sergio Tadeo Sosa Alegría, es común que se detenga a un ladrón de autos y sea procesado con todas las pruebas posibles, pero los jueces determinan la libertad por el hecho de que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) no lo considera un delito de prisión preventiva, pero también por la baja penalidad que tiene un robo de vehículo, ya sea en posesión, uso, desmantelamiento, entre otros.
El acusado puede ser vinculado en libertad, lo que es aprovechado para cometer más robos.
En su experiencia, se han documentado casos de personas detenidas hasta en tres ocasiones en un periodo de dos semanas, y aunque en todas pudo ser vinculado a proceso, por no tener una sentencia firme en ninguna de ellas, sigue siendo considerado primo-delincuente.
Sosa Alegría aseveró que una sentencia de robo de vehículo puede tardar hasta dos años en concretarse si no se lleva a juicio abreviado, por lo que este individuo podría ser detenido y liberado durante ese tiempo hasta que pierda sus derechos de primo-delincuente.
“Sí hay objetivos que tienen su orden de aprehensión, que ya están en la cárcel, pero a veces la Ley es muy laxa y ellos ya se avientan dos o tres jalecitos, me aviento la suspensión y ahí le sigo pegando. La política criminal de nosotros es pegarle al delincuente, tratar de sacarlo próximo; no tenemos la bolita mágica, los que tenemos identificados, podemos sacarlos de circulación, pero los jueces no nos ayudan. La Ley es muy garantista, sobre todo, los jueces dicen que no es un delito de alto impacto y lo dejan en libertad, a veces le justificamos la falta de arraigo su reiteración, dicen que ‘es un delito de dos años y lo dejo libre’”, refirió.
A juicio del abogado German López Frank, contar con varios procesos abiertos por un mismo ilícito debería ser un motivo para fijar medidas cautelares más severas, lo cual queda en el análisis y la interpretación de los jueces, pero también en la justificación del Ministerio Público.
Si bien, la cifra de incidencia delictiva en materia de robo de vehículos en Mexicali es alta, la tendencia del año ha sido descendente, pues del mes de enero, que se documentaron 262 robos mensuales, se llegó a un pico de 219; la reducción ha sido sostenida.
TAMPOCO CUMPLEN CON MEDIDAS CAUTELARES
Una petición de acceso a la información con número 020058422000339 realizada por ZETA hasta el mes de agosto, refiere que el Poder Judicial había documentado 315 audiencias iniciales y de vinculación por robo de vehículo, de las cuales sólo 215 recibieron una apertura de proceso; de ellos, a 186 se les impuso una medida cautelar, la mayoría fue la de firmar de forma periódica o una prohibición de acudir a ciertos lugares o relacionarse con alguna persona en específico.
Entre los jueces más garantistas y/o que decretaron no vinculación en más ocasiones, se figuran Gerardo Aceves Salazar, Manuela Guillermina Cuevas Tapia, María de Jesús Acosta Sumarán y Ruth Esperanza Álvarez Fuentes.
Según información proporcionada por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, el 30% de las personas detenidas por robo de vehículo que reciben medidas cautelares en libertad, las incumple.
Marcos Pérez Núñez indicó que en cuanto se incumple una medida cautelar, el Ministerio Público debe solicitar una audiencia al Poder Judicial para una revisión de las medidas, y así, girar orden de aprehensión en contra del implicado.
De enero a octubre de 2022, la FGE Mexicali ha judicializado un promedio de 80 casos relacionados con robo de vehículo al mes, de los cuales representan un total de 60 sentencias condenatorias; sólo 23 culminaron en una pena privativa de la libertad superior a los cinco años de prisión, el resto podría alcanzar algún beneficio de libertad condicional.
Las sentencias más altas, de 16 y 15 años de prisión, se deben a que los autores del crimen cometieron otros delitos junto con el robo de vehículo, ya sea hurto domiciliario e incluso homicidio en grado de tentativa.
Según lo referido por el administrador del Poder Judicial, particularmente el robo de vehículo cuenta con gran número de suspensiones de procedimiento como una salida alterna, donde la víctima exige el pago de una suma de dinero al agresor para otorgarle los beneficios de libertad, para evitar perder el tiempo atendiendo el juicio, sobre todo cuando el valor del carro es bajo, como sucede en la mayoría de los casos.
Sí bien, en algunos casos se otorgan estos beneficios, considerar que una persona recibió reparación del daño es algo subjetivo, pues la realidad es que prefieren obtener un poco de lo perdido en lugar de enviar a una persona a la cárcel.
“Cuando se tiene la posibilidad, los malandrines andan en la calle porque la familia les ayuda, cuando son 15 mil o 20 mil pesos no es tanto, pero cuando es sustancial cuando se roba totalmente, o lo encontramos en la periferia desbaratado. Pero los carros muy comerciales, Honda, Hyundai, un Honda 2005, te sale en unos 2 mil dólares, pues con que me dé 500 me doy por bien servido. Entonces los familiares ya están presos, o están fuera, o empiezan a pagarles en abonos, hacen una suspensión, ‘quieres 20 mil pesos, te los doy en cinco meses’”, refirió el fiscal.
Para concluir, Tadeo Sosa Alegría expuso que no son tantos ladrones de autos los que operan en las calles. De hecho, actualmente cuentan con ocho objetivos prioritarios en materia de robo de autos, sin embargo, han documentado bandas que roban hasta 30 unidades al mes, lo que evidentemente les incrementa la incidencia; la mayoría ya fueron desarticuladas.
