Sigue prófugo Alexander Parra López, acusado por el asesinato culposo contra Jonathan Vélez, que fue embestido durante la noche del 2 de septiembre de 2022 sobre el bulevar Agua Caliente, en Tijuana. Alexander goza de impunidad gracias a la decisión de la juez Griselda Rábago que, luego de 48 horas de arresto en flagrancia, lo dejó en libertad por inconsistencias en el parte policíaco homologado.
La juez no previno que Alexander aprovecharía la política garantista y se daría a la fuga, ausentándose de la audiencia del pasado 30 de septiembre, acusado de conducir en estado de ebriedad, embestir y asesinar a Jonathan. La situación deja una fuerte sensación de impunidad en la familia de la víctima, sobre la cual se han expresado en las tres protestas que han organizado en 2022.
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“No es una sensación de impunidad porque se le está juzgado y se le va a juzgar, pero es muy probable que al final vaya a salir porque el Estado (los diputados) ha determinado que ese delito no sea la pena privativa de la libertad. Cuando cambie esa situación y la hagan similar a un vecino país, en donde diga que conducir en estado de ebriedad amerita prisión preventiva oficiosa, y que aun justificando que no te vas a sustraer de la justicia, entonces ahí si hablaríamos de que él se fue y no lo pudiste juzgar” expresó Alejandro Isaac Fragoso, presidente del Poder Judicial de Baja California.
El artículo 75 del Código Penal de Baja California señala que los delitos culposos “serán sancionados con prisión de tres días a cinco años, multa hasta de 500 días” y no poder tramitar su licencia de conducir. Pero el homicidio culposo -es decir, “accidental”- no amerita prisión preventiva, por lo que el presidente del Poder Judicial reconoce que hay altas probabilidades de que Alexander hubiera quedado en libertad y vivir su proceso fuera de la cárcel al garantizar el pago de 800 mil pesos, aproximadamente.
“Si este juez, es muy probable que a los dos días hubiera salido libre; si justificada si no tiene trabajo, si es reincidente… pero es un delito que no requiere de pena privativa de libertad y le hubieran colocado otra medida preventiva como firmar, un brazalete u otra medida. Hay que precisar que este sistema sí es 100 por ciento garantista y privilegia la presunción de inocencia”, explicó el magistrado Fragoso. Al menos en tres ocasiones el presidente Fragoso ha expuesto la necesidad de recrudecer las sanciones por homicidios culposos con los agravantes en conducir en estado de ebriedad. Reconoció que los procedimientos privilegian al detenido y no a los familiares de la víctima, ya que, con falta de empatía, en un momento de duelo y pérdida es cuando legalmente la familia tuvo que haber impugnado las decisiones de la juez Rábago, que dejó en libertad a un conductor en estado de ebriedad que acababa de asesinar a un motociclista en Tijuana.
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