Reportaje especial / A dónde van los desaparecidos
Por Jaime Luis Brito
En el panteón de la colonia Pedro Amaro en Jojutla han cambiado algunas cosas, aunque otras permanecen igual que hace cinco años. Ahora hay un aumento de tumbas de hombres y mujeres que murieron de forma “natural”. Hay otras que son víctimas de la violencia, unas 200 más que causó la pandemia de covid-19. Pero una de las cosas permanecen igual es la fosa que cavó ahí la Procuraduría de Justicia desde principios de este siglo.
Ahí, hasta 2014, esa dependencia enterró un número incierto de personas como no identificadas y no levantó datos por obligatorios que hubieran ayudado a encontrarlas. También las ocultó en fosas comunes que no estaban marcadas.
“Las fosas de Tetelcingo y Jojutla, son la muestra, la prueba de cómo el Estado es criminal”, dijo el poeta Javier Sicilia hace cinco años. Después machacó: “En Tetelcingo y Jojutla se confirma que el Estado también desaparece personas”.
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En la esquina sureste del panteón está la fosa que se intervino por un grupo interinstitucional en mayo-junio de 2017. De ahí se exhumaron 85 cuerpos y otros restos humanos.
Los trabajos se suspendieron porque se observaron indicios de más cuerpos debajo de dos tumbas regulares del camposanto. Esto puso en riesgo a las personas que estaban trabajaron directamente en la zona cero.
La última inhumación de cuerpos por parte de la Procuraduría fue en julio de 2014. La perredista Hortensia Figueroa Peralta gobernó Jojutla en ese tiempo y su cabildo autorizó la colocación de los cuerpos.
En 2015, ese mismo ayuntamiento autorizó la inhumación de dos personas sobre la fosa. “Todo parece indicar que lo que se quería era ocultar la fosa o reducir su perímetro”, dijo al reportero en 2019 el entonces regidor independiente de Jojutla, Carlos Brito.
Así se ensayó un mecanismo para ocultar la propia fosa. Las evidencias apuntaron a que esos lotes prácticamente se regalaron a las familias de esas dos personas que yacían sobre la fosa, según el propio Brito, hoy representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos.
La última inhumación de cuerpos por parte de la Procuraduría fue en julio de 2014. La perredista Hortensia Figueroa Peralta gobernó Jojutla en ese tiempo y su cabildo autorizó la colocación de los cuerpos.
En 2015, ese mismo ayuntamiento autorizó la inhumación de dos personas sobre la fosa. “Todo parece indicar que lo que se quería era ocultar la fosa o reducir su perímetro”, dijo al reportero en 2019 el entonces regidor independiente de Jojutla, Carlos Brito.
Así se ensayó un mecanismo para ocultar la propia fosa. Las evidencias apuntaron a que esos lotes prácticamente se regalaron a las familias de esas dos personas que yacían sobre la fosa, según el propio Brito, hoy representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos.
Los trabajos en las fosas reinician… y los vicios también
Los trabajos se suspendieron hace cinco años también porque la Fiscalía ya no contaba con espacio en el panteón ministerial ubicado en Cuautla para colocar más cuerpos. Ese cementerio forense se construyó en 2016, luego de que estalló el escándalo de las fosas de Tetelcingo, las mismas que se calificaron de irregulares.
La intervención de ese año para exhumar los cuerpos colocados ahí en marzo de 2014, demostró un cúmulo de irregularidades que entrañaron delitos que permanecen en la impunidad, como el haberse enviado a personas sin identificar a fosas clandestinas y tratar de ocultarlas de manera dolosa.
Los trabajos de exhumación se reiniciaron el pasado 17 de octubre en Jojutla, pero en dos semanas se repitieron las mismas prácticas de impunidad de hace cinco años.
Esa es otra de las cosas que tampoco cambiaron en cinco años, las actitudes de los funcionarios de la ahora Fiscalía y antes Procuraduría. Aunque esa instancia hoy es autónoma, en realidad los funcionarios que la conforman son los mismos que entre 2016 y 2017 trabajaron en las fosas de Jojutla y Tetelcingo.
Para Amalia Hernández, Angélica Rodríguez, Edith Hernández, Cecilia Salinas y Tranquilina Hernández, representantes de distintos colectivos de víctimas en Morelos, esos funcionarios buscan impedir que se lleve a cabo el trabajo de forma transparente y no se pueda corregir las irregularidades e investigar las ilegalidades que encierra este proceso.
Todas estas mujeres padecen la desaparición de una hija, de un hermano o un sobrino, pero transformaron su vida para recuperarlos y ayudar a regresar a “los corazones” de otras familias.
“Los funcionarios, que son casi los mismos desde entonces, siguen empeñados en impedirnos conocer la verdad. ¿No sé qué ocultan, a quién protegen?”, dijo Edith Rodríguez en entrevista.
A pesar de que durante los pasados cinco años se sostuvieron una serie de negociaciones con la autoridad estatal, los acuerdos mínimos no se han cumplido.
Ahora, el hecho de que no se han llevado a cabo los protocolos necesarios para permitir la identificación de los cuerpos que fueron exhumados en 2017, les hizo sospechar que esas prácticas continuarán.
“Ni siquiera nos han querido mostrar las carpetas de investigación de esos hallazgos. El fiscal de desapariciones, Alejandro Cornejo, sólo ha dicho que esas carpetas se hicieron antes de que él llegara al cargo, que por eso no sabe dónde están. No las tiene, o simplemente no nos las quiere mostrar”, acusó.
“Para empezar, nunca nos entregó el plan de trabajo de las exhumaciones. Nos ha dicho que los trabajos se realizarán por orden de un juez, pero no nos ha dado acceso al documento, al fallo. No sabemos si establece una temporalidad, si habla de características de la exploración en el terreno. Nada”, continuó.
Cornejo es el fiscal especial en desapariciones de Morelos. Ese hombre no estaba en 2017. Ahora tiene la responsabilidad de dar a conocer la verdad y otorgar justicia a los familiares de las víctimas. Pero sus omisiones ya le costaron una denuncia penal interpuesta por Amalia Hernández, del nuevo Colectivo Tetelcingo-Jojutla.
Las familias fueron marginadas
Los colectivos de Morelos, que tienen la compañía de la Brigada Nacional de Búsqueda, coincidieron en que los trabajos se interrumpieron porque se les marginó desde un principio.
A las mujeres se les aisló, se dio información imprecisa de los indicios y no se les comunicó cómo se condujeron los trabajos.
Durante la primera semana se encontraron indicios de personas inhumadas en la zona de forma ilegal. Son osamentas, cráneos, ropa y bolsas color negro con objetos diversos. Algunos de estos indicios se localizaron en la parte baja de la barda perimetral del panteón, según informó Edith Hernández.
Ya al concluir la primera semana, hubo una discrepancia en el número de personas “rescatadas” de la fosa, la fiscalía reconoció siete en ese momento, pero los colectivos hablaron de 11.
Hernández señaló que en esa primera semana se encontró una bolsa negra de plástico con los restos de al menos cinco personas. Al final de los trabajos, las víctimas hablaron de indicios de 15 personas exhumadas, mientras que la Fiscalía sólo reconoció nueve.
El martes 25 de octubre, los colectivos decidieron salir de la fosa. Dijeron que no quisieron “seguir validando el cúmulo de irregularidades”.
“En el mejor de los casos, la Fiscalía sólo quiere hacer el trabajo por cumplir”, dijo Angélica Rodríguez.
Incluso, las familias aseguraron tener sospechas de que se busca “proteger a alguien” y por eso no hicieron trabajos de manera correcta.
“Tal parece que hacen del trabajo un mero trámite. Sólo por cumplir, para decir ‘estamos haciendo la atención de las víctimas’. Pero esto no es sólo de hablar, es de llegar a los hechos”, sostuvo.
Ese mismo día, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, acudió al lugar e hizo las veces de mediador.
El principal problema, acusaron las mujeres, fue que la retroexcavadora que usó la Fiscalía para reabrir la fosa llegó a los tres metros de profundidad y supuestamente encontró piso “virgen”. Es decir, que no tenía señal de haberse removido antes.
Sin embargo, las familias aseguraron que en 2017 la fosa alcanzó una profundidad de 4.5 metros. Aquella vez se observaron indicios que en aquel momento ya no pudieron rescatarse.
La negociación no fructificó. El miércoles 26, los colectivos regresaron al lugar, pero no ingresaron a la zona cero, pues exigieron la presencia del fiscal general Uriel Carmona Gándara, que no llegó. Quienes sí llegaron fueron representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que acompañaron a las familias.
El regaño al fiscal general
Ese miércoles por la tarde, la Fiscalía General concluyó los trabajos, asegurando que tenían el aval de distintos expertos en arqueología forense.
Las autoridades comenzaron a recoger sus herramientas y a desmontar la infraestructura del lugar. Mientras, las familias se trasladaron a Cuernavaca, al memorial de las víctimas en Palacio de Gobierno, y desde ahí condenaron lo ocurrido. Al terminar, se trasladaron al Congreso del Estado e irrumpieron en la sesión pública.
Los diputados pararon discusiones y se sentaron a escuchar a las familias. Ahí mandaron llamar al fiscal general Uriel Carmona. En reunión le reprocharon haber aprobado un mejor presupuesto para 2023 con la intención de mejorar la atención a las víctimas.
El regaño fue efectivo, causó que el viernes 28 de octubre el fiscal general recibiera a las madres de los colectivos en Morelos. Ambas partes acordaron que este lunes 7 de noviembre se reiniciará la excavación, con base en un plan que se entregó a las víctimas apenas dos días antes de esa reunión.
“Como una burla, pues nos entregaron el plan el día en que desmontaron y dieron por concluidos los trabajos”, lamentó Angélica Rodríguez.
En los acuerdos se incluyó cavar en el lugar hasta una profundidad de 4.5 metros “o hasta que las familias quedemos conformes”, advirtieron los colectivos. En ese acuerdo se estableció también que el perímetro de excavación también se extenderá.
“No podemos olvidar que ahí donde se está cavando hay solo una de las fosas. Hay otras a los lados donde puede haber más cuerpos”, recordó Tranquilina Hernández, del colectivo Unión de Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos.
En 2017, la revista Proceso publicó una entrevista con una persona que acreditó haber manejado la retroexcavadora que originalmente cavó las fosas de Jojutla. Aquel hombre describió cómo la fiscalía llevó a cabo trabajos de exhumación en un perímetro limitado. También reveló que no alcanzó a cubrirse todo el terreno que se utilizó para inhumar cuerpos en ese cementerio.
Este lunes 7 de noviembre continuarán los trabajos, pero nada les anticipa a las familias que esta labor esté exenta de nuevas trabas u obstáculos. Tampoco que la actitud de los funcionarios vaya a cambiar.
En todo caso, aseguraron las mujeres buscadoras, el camino es largo. No sólo se tratará de lograr la exhumación de todos los restos humanos, también de presionar a las autoridades para la identificación, así como para la investigación de los crímenes que este caso entraña.
Las familias que buscan personas desaparecidas en Morelos, aseguraron que en el panteón Pedro Amaro las cosas han cambiado únicamente en el paisaje, pues en la Fiscalía General, al parecer, todo sigue igual.
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*Jaime Luis Brito ejerce el periodismo desde 1997, particularmente en Morelos. Fue subdirector de La Jornada Morelos de 2001 a 2016. Ha producido y conducido noticieros de radio y televisión. Es colaborador de la Revista Proceso desde 2015. Edita Masiosare.org. Es coautor del libro Los Buscadores.
**Foto de portada: En 2017 la fosa común ubicada en el panteón de la Colonia Pedro Amaro fue abierta pues se descubrió que decenas de cuerpos habían sido enterrados de forma clandestina en ese lugar. Crédito: Lucía Flores
