La FGE de Ricardo Carpio logró lo que no pudieron en cuatro administraciones: localizar los restos de Diego Hernández Leyva, ex agente ministerial desaparecido desde 2007
La lucha por localizar a nuestros desaparecidos -porque son de todos- lleva muchos años en América Latina y México, pero a partir de los años 2000 cobró relevancia en Baja California y se visualizó como lo que es: un crimen sistemático, una obligación (y un pendiente) del Estado con la ciudadanía y los Derechos Humanos.
De ninguna manera podemos decir que los crímenes de este tipo comenzaron con Diego Hernández Leyva, ex agente ministerial desaparecido desde 2007 y que pasaron casi 16 años para tener información -muy probable- sobre sus restos, los cuales -presuntamente- se hallaron en los alrededores del canal Tulichek, al Suroeste de la ciudad. Sin embargo, la incansable activista Irma Leyva fue una de las principales y más aguerridas buscadoras de Baja California.
Datos de la Secretaría de Gobernación estiman que desde los años setenta se han documentado casos de personas desaparecidas en BC, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
Pero no fue hasta que Irma, Alma Díaz, Imelda Bastidas y otras mujeres se organizaron y comenzaron a exigir respuesta por sus hijos desaparecidos, que abrieron brecha y se dieron cuenta que había más personas con el mismo problema.
De ser un colectivo, se volvieron varios; se organizaron y aprendieron que tenían un derecho, independientemente de los prejuicios de servidores públicos indolentes que responsabilizaban a las víctimas por las desapariciones.
El hallazgo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) dirigida por Ricardo Iván Carpio, a quien le es familiar el tema porque trabajó gran parte de su carrera en Secuestros -también laboró en la extinta CAPEA-, demuestra que cuando hay disposición y los colectivos se unen, pueden pasar muchos años y obtener resultados.
Sin embargo, aún quedan muchas madres -porque la mayoría de los casos son dirigidos por mujeres- a la espera de obtener información. Aún no pueden exigir justicia porque no saben qué pasó con sus familiares.
El caso de Hernández Leyva es emblemático, pero no más importante que los demás; a la fecha se desconoce a ciencia cierta cuántas personas nos faltan, puesto que mientras la Comisión Nacional de Búsqueda asegura que son poco más de mil, la agrupación Elementa aumenta la cifra a casi 14 mil sólo en Baja California.
Sin embargo, lo que ahora queda para cada uno de los desaparecidos que han sido localizados es exigir justicia, porque la localización sólo es la primera etapa del calvario y de la deuda del Estado; el problema no culmina con el hallazgo, sino que se debe dar con los responsables.
Hoy en día, la Comisión Local de Búsqueda permanece en un limbo, gracias a que la mano de la política intervino, pero tanto Irma Leyva como el resto de los colectivos, continúan con la lucha por nuestros desaparecidos, ya sea desde las búsquedas o cualquier otro escenario para exigir cuentas.
El hallazgo no es algo que se pueda celebrar, pero al menos brinda certeza a la familia Hernández Leyva y esperanza al resto de las madres, independientemente del colectivo al que representen.
