En memoria de la maestra Edelmira Chamery M.
El 16 de septiembre impresiona contemplar las fuerzas armadas: médicos, enfermeras, cocineros, caballería, cañones, tanques, vehículos blindados, tanquetas, cuerpos de asalto, soldados camuflados, paracaidistas, comunicaciones, inteligencia militar, helicópteros, aviones, transporte y miles de soldados y oficiales.
Un ejército, marina y fuerza aérea numerosa y potente, derrotaría a un enemigo interno o externo de la soberanía. No se explica por qué, si saben y pueden, no quieren acabar con la delincuencia. Los criminales no tienen disciplina, suficiente capacidad de fuego, estrategia ni organización.
¿Por qué no vemos voluntad política de la cúpula? Una hipótesis es que se derrumba la economía, empezando por las remesas, que son crecientes, y cientos de empresas, construcciones y bancos. Las remesas de las cuales, la primera ciudad beneficiada es Tijuana.
La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ante un Estado “sin recursos y eficiencia”. El problema es de ética en sus 3 niveles. Los recursos militares son suficientes para acabar con criminales; la prueba es que fulminaron salvajemente a la guerrilla en los 70 y 80.
Existe desconfianza generada por Federación, Estados y alcaldías ineficientes, sin escrúpulos para administrar, con irresponsabilidad y sin conciencia ciudadana. El Estado social también son los 500 empresarios más poderosos del país adictos en evadir impuestos. Raquel Sosa logró recuperar 1.2 billones de pesos y dejó el SAT con pendientes de 100 mil millones de pesos de grandes empresas.
¿Por qué no se aborda el análisis y delimitación en responsabilidad de cáncer de las mafias dominantes de policías municipales y los ministeriales? Hay células de secuestradores, ladrones, asesinos, asaltantes con impunidad. Está demostrado, por varios casos documentados, la infiltración de bandas que operan al interior. Les tenemos más miedo a los policías que a los malandros, eso revela la descomposición. Y el centro no tiene recursos para 400 municipios sin policías.
No bastan sueldos atractivos para la expectativa del interés enfermizo de lucrar sin escrúpulos con su uniforme. Eso es una tradición de décadas, al menos donde se arriesga la vida dentro y fuera de su horario, por el peligro que significa enfrentar a la delincuencia o ser blanco de sicarios por sorpresa.
Los policías no solo trabajan por 25 mil pesos, el poder que les de la placa; “la autoridad que se toman” les da un mando y fuerza “legal” discrecional que los lleva a los linderos de la impunidad (ejemplos documentados los hay, como cuando se graba en video que asfixian a un indigente en una estación de gasolina y no pasa nada como que no existe sindicatura).
Desde que ingresan en las academias de formación de solo 6 meses, se les despiertan ambiciones desmedidas que van en contra de los intereses y la seguridad de la ciudadanía. No hablemos en esta ocasión de los policías infiltrados de los cárteles, profesionales de la seguridad con 3 años de escuela y ser jóvenes sin contaminación.
La conducta de los policías involucrados con el crimen organizado al grado de subordinación al hampa, la conocen plenamente alcaldes, regidores, fiscales, jefes de seguridad pública, diputados y gobernadores. Esta negligencia y simulación es irresponsabilidad, y ausencia de inteligencia y sentido común al no crear políticas. Ineptitud de los altos funcionarios locales para cuidar y resguardar el compromiso de los cuerpos policiacos con la sociedad e implementar recompensas morales y materiales.
Nada sabemos de cursos de actualización y formación, de medio y alto nivel para los cuerpos policiales locales. Hay poca o nula cultura general y profesional, pobre educación, ausencia de valores en la calle, nociones de servicio, capacitación técnica, de investigación científica, certeza de derechos humanos, defensa personal, entrenamiento físico para la salud mental, prestaciones, etc.
¿Qué se ofrece más allá del salario a los 2,000 policías? Sin programa de evaluación del desempeño, vivienda, estímulos a resultados, de una plataforma de transparencia en el manejo de sus recursos del municipio, esto es un cáncer de la burocracia en registro civil, catastro, medio ambiente, sindicatura, etc. Así no se puede ni se debe gobernar.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
