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sábado, abril 6, 2024
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“Sin piso parejo para dar servicio en carreteras federales”: choferes de grúas

Aproximadamente 100 choferes de grúas de Tijuana y Rosarito acudieron a manifestarse a las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Nacional, ubicada en la colonia 70-76 para exigir una solución a la prohibición, que dicen, les han impuesto las autoridades para transitar por carreteras federales y que los ha hecho acreedores a sanciones monetarias y de remolque de unidades si prestan su servicio en dichos caminos.


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Según los choferes de grúa, el conflicto de transitar por carreteras federales para poder brindar el servicio de remolque siempre ha existido, sin embargo, desde hace 15 días que la Guardia Nacional entró a resguardar algunas de esas carreteras, la situación expresaron “ha empeorado”.

“La Guardia Nacional nos está quitando unidades porque estamos cargando en carretera federal siendo que ya está urbanizada toda la zona. Traemos placas de servicio público para trabajar en Zona Metropolitana y no nos permiten levantar vehículos, y si los levantamos son casi 50 mil pesos de multa por un servicio de 4 mil pesos que vas a cobrar. El argumento de ellos es que estamos levantando en carretera federal, siendo que es una zona urbana, pero que no está dada de alta en municipio todavía”, comentó Benito Montaño Colmenares, empleado de Grúas Primos.

Y agregó “estamos preocupados por la ciudadanía que se queda tirada en lugares donde no nos permiten levantar; lo que estamos solicitando a las autoridades es que nos permitan hacer uso de vía, ya sea carretera de cuota o libre por las que nos permitan trasladar vehículos, no levantar porque ya hay grúas concesionadas que levantan en carretera federal; nosotros solo queremos el uso de vía”.


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Héctor Alvarez, otro chofer de grúa que acudió a manifestarse platicó “nosotros sabemos que no podemos levantar en ninguna carretera federal, solo estamos pidiendo uso de vía; si levantas un carro en la Libertad y lo llevas a Otay, la carretera del Aeropuerto es federal, tienes que dar la vuelta hasta Zona Río y volver a subir; en Cuesta Blanca es igual, toda la parte baja de Santa Fe, nos detienen y quitan unidades”.

Los gruyeros aseguraron que en menos de 15 días las autoridades les han remolcado 15 unidades y uno de los choferes ya ha tenido que pagar los 48 mil 800 pesos de multa que les aplican, además de que en promedio cada uno de los 400 choferes recibe entre 5 y 10 llamadas al día para realizar el servicio de remolque a automovilistas que se quedan varados en una carretera federal, mismo que no pueden ofrecer dadas las circunstancias.

“En Rosarito tenemos el mismo problema para transitar por Primo Tapia y esas zonas porque tenemos a fuerzas que pasar por carretera federal, de hecho ya nos quitaron una unidad, la multa fue de 49 mil pesos más corralón más grúa fueron 54 mil pesos”, declaró Noel Galván, trabajador de Grúas Peña en Rosarito.

Noel Galván, chófer de Grúas Peña en Rosarito

Además, algunos de los choferes también manifestaron que en este tema “no hay piso parejo”, pues dijeron que hay unas grúas con placas americanas concesionadas a las que sí se les permite dar el servicio en caminos federales.

Hasta ahora, la respuesta obtenida de las autoridades es que si desean obtener el permiso público federal deben contar con una unidad de modelo 2019 o 2020, misma que no puede pasar por importación, por lo que tendrían que sacar una de agencia, costos que mencionaron “están por los cielos”; ya que es el chasis, cabina y el equipo de arrastre, un total de casi 3 millones de pesos por unidad.

En cuanto al tema de las extorsiones de las autoridades para poder realizar su trabajo en las vías federales, varios de los gruyeros dijeron “me reservo esa información por ahora”, mientras otros aseguraron que “hay quien dice que si ha sufrido extorsión, pero no hay una prueba de que si la hubo, no podemos señalar a nadie”.

Autor(a)

Ana Karen Ortiz
Ana Karen Ortiz
Licenciada en Comunicación por la UABC con diplomado en Periodismo de Investigación por Voces Emergentes. Me interesan los temas de protesta social. Reportera desde 2021 en Tijuana, Baja California.
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