Entre la displicente actitud de la mayoría de los diputados de la XXIV Legislatura de Baja California y propuestas vagas, repletas de generalidades de parte de los aspirantes, se llevó a cabo el proceso de entrevistas de los candidatos a ocupar el espacio que dejó el magistrado Víctor Manuel Vázquez en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), al cumplir los 70 años de edad.
En abril de 2020, uno de los actores más trascendentes en la historia del Poder Judicial, bajó el telón de su carrera profesional y abrió el espacio para la renovación del máximo órgano colegiado judicial del Estado.
Desde ese momento, la vacante de Vázquez fue suplida por un magistrado supernumerario, debido a una serie de procesos judiciales que han entorpecido el proceso de selección.
El lunes 10 de octubre, el Congreso del Estado recibió a 13 de los 17 aspirantes a ocupar el espacio dentro del TSJE; el resto no acudió, -según testimonios recabados- “por tratarse de un proceso simulado”, pues los diputados ya tienen definido al próximo magistrado, pero extrañamente se negaron a decir “quién”, mientras los legisladores aseguraron que no les han dado “línea”, “aún”.
En la sesión que duró aproximadamente cinco horas, los aspirantes a jueces superiores se enfocaron en presumir su carrera profesional y sus resultados académicos, pero fueron pocas las aportaciones que brindaron para mejorar el Poder Judicial y la impartición de justicia.
La lista de candidatos incluye a:
– Salvador Avelar Armendáriz, Juez de Control de Mexicali
– Humberto Tamayo Camacho, Juez Consejero del CJE
– Cenaida Tafolla González, Juez de Control de Mexicali
– Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, Juez de Primera Instancia de lo Familiar
– José Manuel Castro Valenzuela, Juez Civil de Tecate
– Jorge Osvaldo Flores Ruiz, Juez de Control
– Pedro Galaf Hernández García, Juez Civil de Tijuana
– Gerardo Aceves Salazar, Juez de Garantías de Mexicali
– Leonor Garza Chávez, Juez de Control en Tijuana
– Jesús Antonio Chávez Hoyos, director de Investigación de Delitos Electorales
– Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, Juez Décimo Civil de Tijuana
– Gustavo Orozco Guillén, Juez Penal de Mexicali
– Héctor Antonio Cortez Peña, Juez de Control de Mexicali.
Y los que no se presentaron:
– Juan Salvador Morones Pichardo, Juez Penal y Magistrado Supernumerario
-María de Lourdes Molina Morales, Juez Primero de lo Civil en Tijuana
– Ruth Esperanza Álvarez, Juez de Control de Mexicali
– Patricia Hernández Haro, Juez de Control de Tijuana
DIPUTADA CUESTIONA POR CASO ALINA; MAGISTRADOS REHÚYEN
Durante su intervención, la diputada Michel Sánchez aprovechó el espacio para preguntar a todos los aspirantes su opinión profesional respecto a la sentencia de 45 años en contra de Alina Narciso, ex policía municipal de Tijuana que permanece presa, acusada de matar a su entonces pareja sentimental, también policía, en defensa propia.
Pero la mayoría decidieron no opinar sobre el caso, bajo el argumento de que no conocían los detalles de la carpeta y sólo se habían enterado por medio de publicaciones periodísticas.
Algunos como Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez, garantizaron que la decisión tomada por el juez -seguramente- fue apegada a Derecho, debido a que los letrados tienen pleno conocimiento y manejo del protocolo para juzgar con perspectiva de género.
“El juez debe determinar sí hay relación asimétrica por cuestión de género, en caso de hacerlo, incluso puede ordenar la práctica de algunas pruebas, las relaciones a fin de aplicar la perspectiva de género. Desconozco si al juzgador se le aportaron las pruebas, porque nosotros dependemos de las partes”, refirió Cenaida Tafolla González.
“Creo que emitir una opinión provocaría que este caso y que ese asunto llegara a la sala donde yo participara, no estaría en condiciones de tratar el asunto, el hacer una exposición de este asunto de alguna manera puede tener su percepción bajo los comentarios o lo que lee en periódicos, yo considero que no tendría esa facultad para hacer una crítica u opinión porque hay impedimento”, refirió por su parte Héctor Cortez Peña, quien se dijo atado de manos para brindar una posición.
“Si no está de acuerdo con su dictado, la persona que resultó condenada deberá valer su derecho y exponer los agravios correspondientes. Las salas penales, es su función revisar las acciones de un juez, si la apreciación de las pruebas fue correcta o no, y entonces los magistrados penales están en toda la facultad de analizar, confirmar, revisar o revocar la sentencia”, recalcó el director de Investigación de Delitos Electorales, Jesús Antonio Chávez Hoyos.
SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
La única respuesta clara y directa al respecto fue ofrecida por Salvador Avelar Armendáriz, quien aseguró que no se atendió el protocolo de perspectiva de género en el Caso Alina.
“No se juzgó con perspectiva de género. Entiendo que había denuncias y creo que esto se debió tomar en cuenta al ponderar el grado de culpabilidad, creo que el tribunal tendrá la capacidad de fondo esta sentencia y hará la adecuación que corresponda”, complementó el ex candidato a diputado por Movimiento Ciudadano, quien agregó que el protocolo no es una moda, sino atiende a un reconocimiento de la discriminación hacia la mujer.
POCAS PROPUESTAS
Lo que evidentemente faltó en las entrevistas de aspirantes, fueron propuestas con visión innovadora para mejorar el Poder Judicial. Los cuestionamientos de los diputados fueron vagos y las respuestas tomaron el mismo rumbo.
Entre los pocos planteamientos novedosos, estuvo la opinión del juez Humberto Tamayo, quien consideró que se podría trabajar en conjunto entre Poder Judicial y Legislativo para que el protocolo para juzgar con perspectiva de género quede establecido y ordenado en leyes secundarias y no permanezca en una generalidad.
“De forma conjunta se debe capacitar a jueces, actuarios, secretarios e incluso al personal de Oficialía de Partes”, declaró.
Por su parte, Juan Carlos Constantino consideró que una de las herramientas a impulsar son los convenios o medios alternativos de solución de conflictos, como ocurre en materia mercantil.
“Hay medios alternos de solución, ahora que atiendo materia mercantil prevalece la justicia oral, este juicio se compone de dos audiencias fundamentales o principales en el procedimiento, como lo es la preliminar y la de juicio; la primera es previa al juicio en su, en esta etapa se privilegia lo que la Constitución refiere, el convenio, que las partes se arreglen mediante un convenio”.
Constantino agregó que se debe buscar la forma de emitir criterios para reducir la posibilidad de contradicción de criterios en las sentencias.
“Debería darse más difusión del Poder Judicial, para nosotros no hay ese grado de impunidad porque resolvemos este tipo de casos, estamos condicionados a lo que se solicita (el Ministerio Público y la defensa), sin ese asunto pues obviamente no podemos hacer nada; estamos dependiendo de la función y procuración de justicia. Entonces, estamos limitados porque no podemos emitir resoluciones que hacemos, porque aún existe una segunda instancia y un amparo”, refirió Cenaida Tafolla González.
DIPUTADOS SE DISTRAEN, JUEGAN O SE RETIRAN
Las presentaciones de los candidatos no requirieron mayor esfuerzo porque los diputados de la XXIV Legislatura evidenciaron el poco interés en el proceso de entrevistas. La mayor parte del tiempo estuvieron jugando, platicando y ausentándose de la sesión extendida, que se llevó a cabo en modalidad mixta. Algunos estuvieron presentes de manera física, otros se conectaron vía remota.
Las diputadas Rocío Adame y Montserrat Murillo estuvieron desconectándose por tiempos prolongados. Incluso, la primera se enlazó desde su vehículo.
En un momento, la coordinadora de la bancada de Morena solicitó la oportunidad de hacer una pregunta, pero apenas terminó, desconectó su cámara. Mientras le respondía, de su lado de la transmisión podía escucharse otra conversación y considerable ruido ambiental, evidenciando su desatención a la respuesta.
El diputado Manuel Guerrero Luna también destacó al permanecer sentado junto a su compañero de bancada, Juan Manuel Molina, a quien distrajo en repetidas ocasiones, tocándole el hombro para captar su atención y enseñarle el contenido de su celular, para luego reírse.
La falta de interés fue tan evidente que, en un momento, la legisladora Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, ofreció disculpas a los aspirantes por las constantes distracciones de sus compañeros, quienes platicaban y reían sin importar la exposición del abogado que tenían al frente.
El Congreso del Estado tiene como plazo máximo el 22 de octubre para emitir una decisión entre los aspirantes a la magistratura, por lo que en próximos días se elaborará un dictamen a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, quien definirá la fecha de la votación. El nuevo magistrado requiere el aval de 17 de los 25 votos.
