Los terrenos de El Aguajito se convirtieron en uno de los más peligrosos de Ensenada durante 2021, cuando un grupo de familias lideradas por una mujer identificada como Ana, invadió terrenos de la familia Beltrán Valverde, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Alrededor de ese fenómeno de asalto, el cual ha crecido en la ciudad conforme a las estadísticas de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se han registrado episodios de violencia.
El asentamiento humano se ha establecido entre 2021 y 2022, y en hechos por separado, se suscitaron dos incendios de viviendas en los que los bomberos localizaron a dos hombres sin vida y maniatados.
Meses después hubo un atentado armado en contra de habitantes de una casa de material ligero, donde una mujer murió por lesiones de arma de fuego y tres personas más resultaron con lesiones, entre ellos un niño.
Las agresiones alcanzaron a las autoridades estatales cuando los invasores incendiaron las oficinas del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) y posteriormente quemaron el vehículo de un familiar del ex diputado Abraham Correa Acevedo, asesor legal de los Beltrán.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se comprometió con la familia Beltrán a resolver el problema, e instruyó a la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Catalino Zavala Márquez, atender el caso.
Hasta el momento no se tiene girada alguna orden de aprehensión por los distintos hechos delictivos registrados en la demarcación, en tanto -aseguran vecinos que se sienten inseguros- el despliegue de seguridad prometido es mínimo.
URBI PLANEABA EDIFICAR EN EL AGUAJITO… PERO QUEBRÓ
En mayo de 1979, Javier Beltrán Gudiño y Rosario compraron la superficie en Lomas del Aguajito a Inmobiliaria Ensenada, S de RL y poco a poco fueron subdividiendo, según contaron a ZETA.
En 2011 conformaron un fideicomiso con Desarrollos Urbanos, filial de URBI Residencial, con quien firmaron un contrato de asociación en el cual ellos pondrían el predio y la empresa se encargaría de edificar el fraccionamiento.
Uno de los esquemas legales que encontraron para llevar a cabo la asociación, fue la constitución del fideicomiso, el cual se consolidó con la institución financiera Scotiabank.
Debido a la crisis, la empresa URBI quebró y los planes de negocio se disolvieron sólo de palabras, ya que el fideicomiso sigue activo ante notario público.
El abogado de la familia, Elías Flores Gallego, informó que actualmente están en proceso de cancelar el fideicomiso, cuyo terreno comprometido comprende toda la superficie ocupada por las familias.
“Estamos demandando la terminación del fideicomiso para que los señores se queden libremente con la propiedad”, explicó el litigante de Mexicali.
Para abastecer de agua, es necesario llevar pipas a la parte alta, ya que no están conectadas a los servicios públicos.
La empresa está de acuerdo en deshacer el contrato e iniciará una campaña de regularización, a fin de vender de manera correcta los predios. Las subdivisiones se harán ante las dependencias correspondientes, así como la entrega de escrituras.
De esa manera –explicaron-, quienes están dentro del polígono podrán exigir a los gobiernos les provean de servicios públicos como recolección de basura, agua potable, alumbrado público y energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Emiliano Reina, otro de los abogados de la familia, indicó que hay denuncias presentadas ante el Ministerio Público y esperan que pronto se lleve a cabo la audiencia de restitución del predio.
“El juez penal, al momento que se entregó la carpeta, se acreditó que el ciudadano Beltrán tenía la legal posesión y posteriormente fueron despojados, con esos elementos se solicitó una audiencia general para que a través de la fuerza pública se restituya el predio”, mencionó, a la par de reconocer que es un tema complejo, pero aun así se hará con el apoyo de la fuerza estatal en conjunto con Policía Municipal.
LANZAN AMENAZAS DE MUERTE
“No son terrenos nacionales, eso es falso”, advirtió el abogado Elías Flores Gallego a los cientos de personas que invadieron con la creencia de que las tierras pertenecen al Gobierno Federal.
Explicó que de entrada, los líderes cobran 5 mil pesos a cada una de las familias, y posteriormente deben dar cuotas semanales.
La señora Alma Rosario Valverde describió cómo ha sido vivir en medio de la violencia tras la invasión de los terrenos: “Me quemaron todo el cerro -antes de la invasión-, fue una frustración porque no quería que la gente bajara del cerro para hacerme daño”.
Además, los amenazaron: “Si ellos vienen, les cortamos la cabeza, los enterramos aquí y muerto el perro se acabó la rabia”.
Desde que la gente ingresó a la propiedad, no han puesto un pie ahí porque “nos agreden”.
Recordó que una oficina que edificaron para dar atención a los interesados en adquirir una propiedad, fue quemada por los invasores; asimismo, varias veces llamó al 066 de Emergencias, sin éxito.
“Todas las noches con el problema de seguridad, y por el día hacer uno y otro trámite para tratar de recuperar mi terreno”, lamentó Valverde.
De aceptar el acuerdo, unas mil 400 familias podrán tener su clave catastral y después solicitar los servicios públicos.
INDIVI, EN PAUSA CON TEMA DE EL AGUAJITO
De acuerdo con Fernando Serrano García, delegado del INDIVI en Ensenada, el proceso de regularización de los predios en El Aguajito se encuentra suspendido hasta no tener la certeza sobre la propiedad.
Hay dos polígonos en la zona: uno es de 42 hectáreas, el cual está invadido y tiene una traba bancaria por la conformación de un fideicomiso, en el cual es imposible avanzar por el gravamen.
Meses atrás, el INDIVI celebró un contrato con la familia Beltrán para regularizar un terreno contiguo a la invasión, donde planeaban subdividir y vender a los interesados en legalizar su situación. Sin embargo, tras hacerse público el proceso, se generó un conflicto que derivó en el incendio de las instalaciones del Instituto.
“Tuvimos una reunión con la Secretaría General y decidimos detener de manera temporal el acuerdo, porque a raíz de eso, hubo inconformidad de los invasores y quisimos detener la escalada de violencia que se venía dando”, refirió, para después aclarar que el acuerdo no ha sido ratificado, y los problemas existentes se salen de la esfera de gobierno.
Si las partes llegan a acuerdos y muestran el acuerdo, el INDIVI no tiene ningún problema en solucionar el problema para que cada familia obtenga su título de propiedad.
