La Fiscalía General del Estado pedirá “la pena máxima” para los seis ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez que fueron vinculados a proceso judicial por el caso del contrato millonario firmado con Next Energy para desarrollar una planta fotovoltaica en Mexicali.
El fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, señaló que los imputados podrían ser acreedores a 12 años de prisión por el delito de uso ilícito de atribuciones de servidores públicos y 16 años de cárcel por peculado. Así como a la inhabilitación de uno a 20 años.
Durante la conferencia matutina de este, 26 de octubre de 2022, consejero jurídico Juan José Pon, aseguró que en esta administración “no hay pactos, no hay acuerdos de impunidad”, y que la administración siempre va a buscar que se aplique la ley a quien se tenga que aplicar, que se sancione a quien se tenga que sancionar. “No es un tema de revanchismo político, no es un tema personal”.
Señaló que el gobierno estatal respaldará la decisión que tome el Poder Judicial apegada a derecho, sin que eso demerite el compromiso que el Ejecutivo asumió para evitar un descalabro financiero y sancionar a quienes por hicieron un acto lesivo e ilegal.
En tanto, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, informó que renunciará Marco Antonio Hilton a su puesto en esa dependencia, quien en la administración de Bonilla Valdez se desempeñó como Oficial Mayor y fue vinculado a proceso por el caso de Next Energy.
NEGOCIAN CON EMPRESA DE LA DESALADORA DE ROSARITO
Respecto a una demanda de arbitraje internacional presentada por la empresa Aguas de Rosarito, por la cancelación en la administración pasada del proyecto de la planta desalinizadora de Rosarito (contratada en el gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid), el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía indicó que ya se está en pláticas con la empresa para suspender la demanda.
Recordó que en la administración de Jaime Bonilla Valdez canceló “de manera torpe” y unilateralmente el proyecto, provocando una demanda de arbitraje internacional.
“Hemos estado platicando con la empresa, ya en un ánimo conciliador, negociador, con la intención de que se suspenda la demanda, a lo cual en principio estuvieron de acuerdo en hacer por algunos hacer mientras buscamos un rediseño financiero del proyecto”, y buscando que la planta pueda ser binacional.
Que los americanos garanticen el pago de la planta desalinizadora, quitar el balance y las garantías del estado y hacer un intercambio de agua; entregarle parte de agua de la cuota que nos toca de la cuenca del Río Colorado, y recibir el agua con un beneficio en términos financieros para nosotros en la Zona Costa.
De esa manera podríamos eliminar el costo para subir el agua desalinada al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
