Los hoy ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, sostienen la hipótesis de que durante la audiencia se limitaron a seguir órdenes del Congreso de Baja California, y en segunda instancia del propio mandatario estatal, por lo que desestimaron los señalamientos en su contra.
No conforme con ello, presionaron la hipótesis del fiscal, Javier García Álvarez, sobre la ilegalidad del contrato, bajo la premisa de que el acuerdo entre las partes tenía como objetivo suministrar energía, no construir la planta como tal.
Durante la tercera emisión de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, que tuvo inicio a las 08:30 de la mañana y culminó a las 20:30 horas de este domingo 23 de octubre, fue el turno de la defensa de construir su hipótesis del caso en contra de los ex funcionarios implicados.
Como es sabido, son varios abogados los que conforman y representan individualmente a los implicados Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante del consorcio Next Energy.
En la primera parte de la audiencia, los abogados de Amador Rodríguez Lozano, sostuvieron una discusión que se volvió evidente para los asistentes.
“El imputado soy yo”, seguido de algunas palabras en voz baja, fue lo que detuvo la audiencia, pero ya tenían una discusión momentos previos.
La pelea se originó por la liberación del testigo Francisco Bernal, actual titular de Conagua en Baja California, quien fue secretario de Aguas en la entidad y quien interpuso la denuncia por el caso Next Energy.
Rodríguez Lozano solicitaba desecharlo por no convenir a sus intereses, pero Humberto “Pato” Valdez, sostenía que podría ser necesario. Luego de la discusión, el ex Secretario General de Gobierno, revocó su poder a Valdez Ramos, quien abandonó la sala luego de un receso.
En la primera etapa del caso, la defensa de Adalberto González Higuera, Salomón Faz Apodaca e Israel Clemente González, presentó a un abogado especialista en regulación energética de nombre José Guillermo Bustamante Ruisánchez, quien trabajó en varias instancias como CENACE y SENER, el cual ahora presta sus servicios mediante una consultoría especializada.
El letrado aseveró que el contrato entre el Poder Ejecutivo y Next Energy, es perfectamente legal y común, puesto la intención era brindar un servicio y no construir la planta fotovoltáica que dotaría de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado que abastece del recurso hídrico a la Zona Costa de la entidad.
En su dictamen, estableció que el Gobierno de Baja California es considerado desde el 2016 como un usuario calificado, el cual debido al alto volumen de energía que consume, tiene la libertad de signar contratos en busca de mejores condiciones para la compra de energía eléctrica.
En su argumentación dijo que desde esa fecha ha contratado empresas para dotar de energía eléctrica al acueducto, por lo que -a su juicio- este caso era muy parecido a los que anteriormente se han firmado.
Comentó que también es común que las empresas que participen no cuenten con el permiso de generación de energía, toda vez que no tiene caso adquirir un permiso que no sabes sí podrás ejecutar, puesto que se somete a licitación.
La Fiscalía sostuvo sus cuestionamientos hacia que no se trató solo de un suministro, sino de la construcción y generación, que es donde recae la ilegalidad, e incluso presentó nuevamente el documento donde la secretaria de Energía Rocío Nahle, le insiste a Bonilla Valdez que lo que intenta es ilegal.
Bustamante Ruisánchez, desestimó lo expresado por la titular de SENER, pues considero que la información era errónea, ya que el documento claramente decía que se trataba de un suministrador y que la planta sería construida con recurso privado.
Luego de agregar algunas pruebas documentales, el ex secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, subió al estrado para presentar su testimonio, donde centró sus respuestas en que su participación se limitó exclusivamente a seguir órdenes, en primera instancia del Poder Legislativo, y posteriormente del mandatario estatal.
El abogado Herman López Frank, fue enfático en sus cuestionamientos sobre la participación de los diputados en el decreto 88 y 178, donde se aprobó la posibilidad de signar el contrato plurianual.
Castro, quien es actual funcionario en Sonora, aseveró que su labor fue exclusivamente sustentar las bases y reglamentar el funcionamiento del fideicomiso y seguir las reglas de la operación, lo cual -según comentó- se basa en lo que autorizó el Congreso de Baja California.
La Fiscalía insistió en que la autorización del Legislativo no representa una obligación a ejecutar la determinación, pero Castro reviró -tras preguntas de López Frank- que seguía órdenes apegadas a la Ley de parte del Gobernador.
Agregó que ni Rodolfo Castro, ni ninguno de los ex funcionarios presentes, tiene la posibilidad de maniobrar los 123 millones de pesos que se encuentran en el fideicomiso irrevocable con Banca Afirma, el cual fue entregado directamente por la Secretaría de Hacienda.
Castro también fue cuestionado por la falta de un estudio de viabilidad financiera, a lo que dijo que estos elementos se conformaron en coordinación de diversas áreas de la administración y del propio Congreso del Estado.
La defensa de López Frank también presentó como evidencia el desechamiento de una controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo en abril del 2022, en contra del Gobierno de México, con el objetivo de “tumbar” el compromiso de pago a Next Energy instaurado en el Registro Público de Hacienda, desde el pasado gobierno, para cumplir con las determinaciones de pago.
Luego de 12 horas de audiencia, el juez Bernardino Ahumada, determinó que era suficiente durante ese día y ordenó reanudar la audiencia para el día de mañana, lunes 24 de octubre, en punto de las 8:30 de la mañana, con el objetivo de escuchar los alegato
