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domingo, noviembre 27, 2022
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EU quiere al “Tolín” Infante por conspiración; en México, sin investigación

Héctor Eduardo Infante, conocido como “El Tolín Infante”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Baja California, se encuentra en la mira del Gobierno de Estados Unidos, y es cuestión de tiempo para que se otorgue orden de extradición en su contra por el delito de conspiración para distribuir metanfetamina en el vecino país del Norte.

Considerado uno de los generadores de violencia en Baja California, el presunto integrante de la delincuencia organizada fue capturado el 2 de julio durante un operativo realizado en los alrededores del Hospital General de Rosarito, tras ser víctima de un atentado perpetrado por un numeroso grupo de sicarios, en el que perdió la vida quien fungía como su escolta -José Roberto Suárez Guardado- y resultó herido su hijo de 5 años.


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Según un documento de la Corte de California al que ZETA tuvo acceso, se confirmó que el originario de Chicago cuenta con un mandamiento judicial solicitado desde el 7 de julio, cinco días después de su captura.

El documento establece que “El Tolín” es requerido por el delito de conspiración para la distribución de metanfetamina en California, acusaciones por las que el Gobierno estadounidense ha solicitado atención al de México para que sea entregado en cuanto culmine con su proceso judicial en Baja California.

La información no precisa muchos detalles, pero va dirigida a United States Marshal, teniendo la firma de la jueza Gail J. Standish, del Distrito Central de California, quien lo requiere para su procedimiento judicial.

Actualmente, Héctor Eduardo Infante se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Social de Baja California, acusado del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, toda vez que al momento de su captura llevaba consigo -supuestamente- una pistola calibre .9 milímetros.

Al momento de su captura, “El Tolín Infante” no contaba con mandamientos judiciales en México y Estados Unidos, pese a que ya era considerado como uno de los objetivos prioritarios en Baja California y una persona de interés para el vecino país del Norte.

Aunque no era buscado por la justicia, Infante cuenta con internaciones en el sistema penitenciario por portación de arma de fuego en 2011; averiguaciones previas por lesiones calificadas contra funcionarios públicos, luego de un ataque contra policías municipales durante un reporte de queja de una fiesta; portación de arma de fuego en 2015 y aprehensiones por riña y lesiones a un oficial; además de una investigación por cambio de identidad y alterar el orden público (2015).

También se le señaló como presunto responsable de detonar un arma de fuego al interior del palenque del Fex en Mexicali durante un concierto del Grupo Codiciado, realizado en noviembre de 2021.

Su vehículo Ford Expedition también estuvo involucrado en una balacera con policías municipales en 2019, mismo que fue abandonado durante la fuga. Inexplicablemente recuperó la unidad al poco tiempo.

En Estados Unidos, “El Tolín” fue detenido en tres ocasiones durante 2009, una por posesión de narcóticos y las otras por delitos menores.

La situación provocó que el presunto delincuente tuviera tranquilidad sobre su situación legal, puesto que el delito que se le imputó, le permitiría obtener algún tipo de medida cautelar holgada y recobraría su libertad en cuestión de meses.

Héctor Eduardo Infante es un presunto criminal allegado a Alfonso Peralta Medina “Ponchito de la Lima” y/o “P1”, líder armado de la estructura criminal de “Los Rusos”, comandada por Jesús Alexander (Alejandro) Sánchez Félix, cuyo centro de operaciones es Mexicali, donde -según fuentes de Inteligencia- controla la distribución menudista y el tráfico de enervantes en la región.

Fue tan importante su detención que, durante los traslados a los Juzgados de Tijuana, se requirió un enorme dispositivo de seguridad para evitar un posible intento de rescate por parte de integrantes del Cártel de Sinaloa.

Tres días después de su captura, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta por amenazas en contra de agentes preventivos y mandos policíacos de Rosarito que participaron en la detención.

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