La familia de Jessica Lizeth L. se alarmó cuando supo que la mujer fue privada de la libertad por sujetos armados el 8 de julio del año en curso en Guadalajara. Aquellos hombres se ostentaron como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguraron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de la joven. Tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble, se llevaron a la jalisciense. Después se conocería que la detenida fue ligada a una organización criminal dedicada al tráfico de fauna silvestre.
En la misma fecha, hubo cateos simultáneos en el Estado de México, Ciudad de México y Chiapas, donde también fueron aprehendidos Aldo Hever L. y Jaime C. En algunos de los domicilios, principalmente en el Edomex, donde operaba una comercializadora utilizada para traficar con animales, elementos de la FGR y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aseguraron documentación diversa, un CPU, microchips, dispositivos de telecomunicación, celulares, numerario y una USB, todos estos, indicios relacionados con el comercio de fauna silvestre.
Alonso L., padre de Jessica Lizeth, presentó una demanda de amparo por actos de incomunicación, tortura, maltratos y privación ilegal de la libertad en favor de su hija, pues desconocía su paradero y qué era lo que pasaba. A través de un Juzgado federal en Jalisco, se enteró de que la mujer fue internada en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número 4 Femenil en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, donde el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en esa entidad, le vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra el ambiente.
Igual que sus coacusados en la causa penal 74/2021, quienes están en el penal Número 3 de esa ciudad, Jessica no tiene derecho a la libertad bajo caución, al decretársele medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La imputación es muy grave, pues en un comunicado de fecha 2 de mayo, las autoridades refieren que se trata de una organización criminal transnacional que trafica desde leones, tigres, jaguares y tortugas, hasta jirafas en México, siendo los dos varones quienes realizan funciones de administración o supervisión en el grupo delictivo.
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el tráfico ilegal de vida silvestre ocupa el cuarto lugar en la lista de actividades ilícitas del crimen organizado en el mundo, y para México, este fenómeno representa una grave amenaza, toda vez que concentra el 10 por ciento de la biodiversidad de especies de flora y fauna a nivel mundial. Sólo en los últimos 10 años (2012-2021) y ocho meses (2022), suman casi 15 mil carpetas de investigación por ese tipo de delitos.
SAQUEO AMBIENTAL
La doctora Patricia García Torres, secretaria de la Academia de derecho Ambiental y Urbano de la División de Estudios Jurídicos, de la Universidad de Guadalajara, advierte que en el concierto criminal en México, dentro de los ilícitos más lucrativos se encuentra el tráfico de fauna silvestre -ocupa el cuarto lugar-, después del narcotráfico, la trata de personas en sus diversas variantes y el robo de vehículos. Por tener muchos recursos naturales, flora y fauna, elpaís resulta atractivo para este tipo de delincuentes.
“Va junto con pegado, flora y fauna en México, desde luego que llama más la atención el caso de los animales, pero en ambos casos se afecta al medio ambiente. Ahora las autoridades se empiezan a dar cuenta que el crimen organizado comienza a traficar con esas especies. Los animales se usan también como moneda de cambio entre narcotraficantes en pago de droga y pactan ‘una bolsa con cocaína y un jaguarcito’. No sólo especies sustraídas de su hábitat en el país, sino incluso traídas de otras partes del mundo”, advierte la académica.
En el caso de la fauna, la entrevistada refiere que contrario a la creencia popular, las especies más traficadas no son los felinos, sino de acuerdo a informes de autoridades ministeriales y de protección ambiental, son las aves: guacamayas, loros y tucanes. También los monos, ya que “los changuitos, entre ellos el mono araña, están entre los más solicitados en este tráfico ilegal. En el caso de la flora, se van mucho con las cactáceas, que es lo que más se encuentra en el gusto de los traficantes y compradores”, de acuerdo con García Torres.
El tráfico de animales se realiza a pequeña escala en los mercados móviles y veterinarias que operan el mercado negro de especies en las ciudades, pero tras esas fachadas también se efectúan acciones, a escala internacional, de captura, posesión, tráfico, transportación, acopio, extracción o introducción al país de especies de fauna. “A pedido de los clientes se puede conseguir cualquier animal para traer a México. Ves tú pingüinos, camellos, elefantes, etcétera”, asegura la jurista.
A decir por la investigadora universitaria, los pingüinos están de moda y “son los más solicitados últimamente, sobre todo las crías, porque es más fácil introducirlos al país y tal vez la gente se pregunta: ¿Para qué quiere alguien un pingüino? Los utilizan con fines meramente ornamentales, decorativos, por el hecho de la gente de presumir que tiene un tigre de bengala, una tortuga con determinadas características y un pingüino en su casa. En los tianguis, la Profepa asegura una importante cantidad de especies en venta, desde cocodrilos, serpientes o algún ave de rapiña”.
LOS DEPREDADORES
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 enlista a 49 especies nativas de flora y fauna silvestre como probablemente extintas en el medio silvestre, entre ellas el lobo mexicano del Noreste y el cóndor norteño; mientras que 282 se enlistan como especies en peligro de extinción dentro de la misma Norma.
Asimismo, se identifican 25 especies sujetas a una mayor presión debido al tráfico ilegal de vida silvestre, ejemplos de éstas son la guacamaya y el ocelote. En la NOM-169-SEMARNAT-2018 se incluyó a la totoaba macdonali, pez endémico del Golfo de California.
Sobre quiénes son los depredadores de las referidas especies, Patricia García Torres estima que “desde los mismos locales o nativos, sobre todo con el caso de las especies marinas, como las tortugas, te das cuenta de que los principales enemigos del medio ambiente son los propios pobladores de esos lugares, que luego te andan vendiendo huevo o carne. Y también, en menor grado, la delincuencia organizada que en el mar, la selva o la montaña está al acecho para obtener lucrativas ganancias de esta ilícita actividad”.
La profesora de Derecho Ambiental afirma que el marco legal mexicano en materia ambiental y penal está a la altura del fenómeno criminal. Incluso, más que la pena corporal, las multas son muy altas “para las personas que se encuentran en el acto de posesión, traslado o tráfico de especies. ¿Qué te digo?, pueden llegar hasta los siete millones de pesos. La sanción es enérgica, tanto para la persona que está traficando al animal como para aquel que lo compró. Sin embargo, no nos están fallando las leyes; lo que nos está fallando es la administración de la justicia”.
La doctora también hace hincapié en que además del saqueo ambiental, México se encuentra entre los primeros lugares a nivel internacional en muertes violentas ocasionadas a personas dedicadas a la protección del medio ambiente. “Y es que los propios tratados, como el de Escazu, ya no solamente te hablan del acceso a la justicia, a la información y la transparencia en materia ambiental, sino de proteger a aquella persona que está defendiendo el medio ambiente, refiriéndose a los que llamamos activistas o defensores de la tierra. Los están asesinando”.
De las 1.68 millones de especies de flora y fauna descritas en el mundo, México resguarda entre el 10 y 12% del total de los vertebrados terrestres y plantas vasculares, por lo que “es importante crear conciencia, en la medida de sus posibilidades, que se preocupen por el cuidado del medio ambiente, que se fomente la cultura de la denuncia que se puede hacer en diversas modalidades, desde telefónica, la denuncia vía internet en Profepa, en Semarnat o la FGR, porque además de que estamos afectando a un animal, estamos causando un desequilibrio y ponemos en riesgo de seguridad a la mayoría de los casos”, finalizó la catedrática.
De 2012 a agosto de 2022, se registró la apertura de 14 mil 322 averiguaciones previas y carpetas de investigación por estos delitos. Las entidades federativas con mayor incidencia son Quintana Roo, Chiapas, Edomex, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Campeche y Veracruz, casi todas con una fuerte presencia del crimen organizado. Baja California aparece a media tabla.
