Rodríguez Lozano fue exonerado en pleno juicio, mientras Bonilla Valdez evitó acudir al proceso, cuando mañosamente recuperó su escaño en el Senado de la República y se cubrió con el fuero legislativo, lo que evitó que la autoridad judicial bajacaliforniana lo citara en calidad de imputado, como cuando lo hizo en tanto se resolvía su integración a la Cámara Alta
Un ex alcalde de Tijuana, ya fallecido, solía responder cuando le preguntaban por qué después de tantos señalamientos de corrupción en su gobierno, no lo habían detenido o investigado. Medio en sorna, su respuesta era “Soy rata, pero no…” peneque, pongámosle. Por supuesto, la desfachatez del priista despertaba carcajadas.
Pero efectivamente, nunca fue investigado y tuvo una buena vida hasta el final de sus días.
La mayoría de los morenistas de hoy, incluido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fueron los priistas de ayer. Baja California no es la excepción. Del bienio infame de Jaime Bonilla Valdez, el propio gobernador y su número dos, Amador Rodríguez Lozano, crecieron económica y políticamente al amparo del PRI. De hecho, el segundo tuvo cargos de representación popular por parte del tricolor, y el primero, pues digamos que fue apoyado arduamente por su padrino político, el último gobernador del PRI en Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, también señalado de harta corrupción… pero nunca investigado.
Pues bien, resulta que los morenistas de hoy, los priistas de ayer, son como aquel alcalde de Tijuana, “corruptos… pero no” peneques, ya que en la semana que concluye, seis ex colaboradores de primer nivel de la administración de Bonilla fueron vinculados a proceso por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, además de peculado.
Se trata de los ex funcionarios Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, quienes fungieron como secretarios de Hacienda del Estado, Karen Postlethwaite, ex titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; Salomón Faz Apodaca, ex secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; así como Marco Octavio Hilton e Israel Clemente, ex oficiales mayores.
Resulta que ellos seis, más un representante de Next Energy, fueron quienes elaboraron, fraguaron y llevaron a cabo todo el trámite para defraudar al Estado de Baja California con un contrato leonino para la construcción de una planta fotovoltaica por 40 mil millones de pesos que se concluirían de pagar en 2050.
Las mentes maestras detrás del contrato de la planta fotovoltaica, Jaime Bonilla Valdez, el ex gobernador, y Amador Rodríguez Lozano, el ex secretario de gobierno, resultaron ante la justicia bajacaliforniana, unas blancas palomitas, “corruptos… pero no peneques”, pues ninguno de los dos firmó los documentos que dieron pie, fondo e inicio del contrato con Next Energy. Eso lo hicieron, para la vista de la justicia, los seis funcionarios ya vinculados a proceso.
Rodríguez Lozano fue exonerado en pleno juicio, mientras Bonilla Valdez evitó acudir al proceso, cuando mañosamente recuperó su escaño en el Senado de la República y se cubrió con el fuero legislativo, lo que evitó que la autoridad judicial bajacaliforniana lo citara en calidad de imputado, como cuando lo hizo en tanto se resolvía su integración a la Cámara Alta.
¿La justicia contra sus seis ex colaboradores le quita la sospecha de corrupción a Bonilla y a su vasallo Rodríguez? No, es evidente, por como anunciaron en su momento el proyecto de la fotovoltaica, que fueron ellos quienes estuvieron detrás del proyecto, y lo suficientemente vivos como para no firmar un solo documento que los comprometiera en el futuro. Todo lo dejaron en sus subalternos, hoy vinculados a proceso por uno de los fraudes más grandes que pretendieron hacer a la Hacienda pública bajacaliforniana, y eso que el Estado también lo gobernó Francisco Vega de Lamadrid, el último mandatario estatal surgido del PAN y quien se da un tiro en corrupción no sólo con “Xico” Leyva, sino con Bonilla Valdez.
El de Next Energy es el único caso por el cual el actual Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha actuado contra la administración de Bonilla, quien por cierto, no desaprovecha oportunidad para criticar a su sucesora en el Poder Ejecutivo del Estado, e incluso en la tribuna del Senado, acusándola de tener ligas con el narcotráfico.
Se esperaría más de la gobernadora que promete cero tolerancia a la corrupción, pero parece ser que quienes le antecedieron, aun con fuero, son “corruptos… pero no peneques”. Eso, o realmente hubo un pacto entre el gobierno actual y el anterior, que le impide combatir la corrupción pasada o antepasada, porque en lugar de castigar la mala administración, el gobierno de Marina se la pasa reviviendo proyectos del pasado para hacerlos suyos.
Porque eso de pensar que seis subalternos les vieron la cara a Jaime Bonilla y a Amador Rodríguez, y comprometieron a su gobierno en un proyecto para defraudar al Estado con tantos miles de millones de pesos, es de no creerse, ridículo y nada certero.
