Mientras que el Poder Legislativo pretende instaurar una acción afirmativa para reconocer la paridad dentro de los cargos de primero y segundo nivel dentro de la Máxima Casa de Estudios, Rectoría aboga por la autonomía universitaria. Más allá de la opinión, se debate entre las políticas de equidad y la intromisión a la administración de la alma máter
El proceso electoral 2021 tuvo varias características que lo volvieron sui géneris, pero una de ellas es que el Congreso de la Unión delimitó como regla la “paridad en todo”, la cual pretende que partidos políticos y los propios gobiernos, contemplen dentro de sus equipos de trabajo y la propia representación política, las cuotas de género.
Hoy en día, los procesos electorales contemplan cuotas de pueblos originarios, de juventud y de integrantes de la comunidad LGBTTTIQA, con el objetivo de tener gobiernos -y a su vez políticas públicas- más amplios y que incluyan perspectiva de diversos grupos. Esto para enriquecer y ampliar la visión gubernamental.
A mediados de año, el diputado Juan Manuel Molina presentó una iniciativa y solicitó una audiencia para conversar con representantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entre ellos el propio rector, Daniel Valdez Delgadillo, para plantear el esquema de paridad dentro de la Máxima Casa de Estudios.
Mediante varios oficios y planteamientos públicos, Molina García ha buscado abrir el debate, pero la negativa ha recaído en que dicha propuesta viola la autonomía universitaria, plasmada en el Artículo 3 de la Constitución.
Más allá de lo que puede plantear el autor de esta columna sobre los beneficios y avances que se han dado mediante las acciones afirmativas, lo interesante es saber en qué medida el Congreso tiene facultades para involucrarse en la actividad universitaria.
Establecer un esquema de paridad dentro de la UABC por exigencia de los diputados y no mediante el Consejo Universitario, genera ruido a los abogados especialistas en la materia.
El enfrentamiento de dos valores trascendentales se viene gestando desde meses atrás, puesto que ambas visiones cuentan con elementos suficientes para defenderse.
La UABC ha sido durante muchos años un “Club de Tobi”, en el que las “cimarronas” han luchado para abrir espacios. Según Plataforma Nacional de Transparencia, la UABC cuenta con mil 890 empleados, de los cuales 869 son mujeres; y cuenta con 30 directores y subdirectores hombres, contra 19 mujeres en los puestos de poder.
A esto se suma que la Junta de Gobierno presidida por el doctor Gabriel Estrella Valenzuela, tiene siete hombres y cuatro mujeres.
En el único rubro que hay preponderancia absoluta de mujeres, es en las vicerrectorías, donde se cuenta con tres académicas. Por otro lado, nunca se ha elegido a una rectora.
Hay que recordar que no fue hasta 2020 cuando los directivos de las aulas se dieron cuenta que había abuso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones. Fue mediante los tendederos del acoso instalados en planteles educativos como se visibilizó una realidad dentro de la UABC. Al principio fueron condenados por los altos mandos de la Universidad, pero no fue hasta que hubo presión mediática que valoraron la situación.
Al ver que venía el análisis de la paridad, Valdez Delgadillo respondió con un movimiento inesperado y altamente cuestionable: cambiar el lema de la UABC.
“Por la realización plena del ser” no fue más que una ocurrencia de un rector autoritario, puesto que no consultó a la comunidad universitaria sobre el cambio; tampoco se concursó para buscar una mejor opción que se adapte a las nuevas exigencias de la sociedad.
¿Qué tanto se pone en riesgo la autonomía universitaria? ¿Por qué el rector Daniel Valdez Delgadillo no tuvo problemas en servir como golpeador político cuando se lo pidió el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, dejando clara su intromisión universitaria?
La paridad no es un regalo a las mujeres, sino una obligación de las instituciones para garantizar piso parejo en las decisiones que históricamente han sido tomadas por hombres. Por ello es importante aclarar que el planteamiento no es malo, pero genera un gran conflicto que el esfuerzo provenga del Congreso bajacaliforniano y no de la UABC, lo que evidentemente puede considerarse una intromisión de la cual la alma máter debe defenderse.
Lo que se debe definir es qué derecho tiene más valor: la constitucionalmente reconocida “autonomía universitaria”, o la obligación de las instituciones públicas por cumplir con los mecanismos de equidad.
