En 2019, por litigio, el Congreso fue obligado a liberar 84 mil facturas de gastos abusivos de diputados con hegemonía panista, y con las mismas “mañas”, Morena oculta información
En agosto de 2019, el primer Congreso de Baja California de mayoría morenista, dio una pruebas de lo que serían los dos años de abusos y atropellos que acompañarían el bienio de Jaime Bonilla y los entonces diputados de la XXIII Legislatura que se desvivían por cumplir cualquiera de sus deseos.
Me refiero a la consulta popular ilegal que diputados morenistas promovieron para simular un interés por la opinión ciudadana, en torno al periodo de gobierno que debería dirigir el bachiller Bonilla, luego de la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional que intentaba ampliar su período de mandato de dos a cinco años.
Diputados como Eva Gricelda Rodríguez, Catalino Zavala Márquez, Montserrat Caballero Ramírez e incluso el propio Juan Manuel Molina, defendieron a ultranza la acción, bajo el argumento de que era importante conocer la opinión ciudadana al respecto.
El circo morenista resultó un fracaso. La poca participación y las nulas medidas de protección para garantizar un proceso electoral responsable, evidenciaron que se trató de un distractor.
El 12 de octubre de ese año, el autor de esta columna llevó a cabo una petición de acceso a la información al Congreso del Estado para conocer el dinero que se invirtió y los comprobantes del gasto realizado por diputados, para llevar a cabo dicho ejercicio de ociosidad, que llamaron participación ciudadana.
Los propios legisladores anunciaron que la consulta sería cubierta de sus propios recursos. Pese a tratarse de una decisión que fue presentada en el pleno del Congreso, para su análisis y avalada por 17 votos por los integrantes del Pleno, no hay un solo documento que demuestre cómo se ejerció el gasto.
La respuesta de la Unidad Concentradora de Transparencia -en poder de ZETA, folio 01070819-, la cual se tardó casi dos años en ser respondida pese a la determinación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP), indica que el Poder Legislativo no tiene forma de comprobar el gasto realizado que -según se comentó en aquel momento- rondaba los 250 mil pesos. Nadie sabe cómo se gastó este dinero y no existen pruebas de cómo se utilizó el recurso público.
Así, diputados se lavan las manos y confirman que con el dinero que reciben de las arcas del Estado, pueden hacer lo que les venga en gana, sin importar que los más de 600 mil pesos que perciben al mes, deberían ser para apoyo social, el funcionamiento de su Comisión, personal y el mantenimiento de sus módulos de atención ciudadana.
De esta manera, los funcionarios del Congreso del Estado se vuelven comparsas y prefieren unirse a la red de impunidad y opacidad que dirigen los diputados, para que no se conozcan sus abusos y despilfarros con el dinero de todos.
Es hora que nadie sabe cuánto y cómo se gastó el dinero de la consulta, pese a que los mismos diputados externaron que utilizarían su dinero para realizar la adquisición de mamparas, boletas y demás. Tampoco se conoce a qué empresa contrataron para dirigir el circo vinotinto.
La Cuarta Transformación en Baja California nos vino a servir pasado en copa nueva, a simular un cambio, pero la realidad es que no existe un compromiso por rendir cuentas a la ciudadanía.
Durante la XXII Legislatura, un reportaje de ZETA publicado en 2019 bajo el título “Excesos y transas en el Congreso”, confirmó que diputados gastan en moteles, despensa, millones en la contratación de supuestos asesores con empresas fantasma o de dudosa procedencia; también se exhibieron viajes a diversas partes del mundo, todo para demostrar que al asumir el poder, se vuelven pequeños faraones que usan el recurso de todos para sus fines particulares.
Sin importar el antecedente, el morenismo sigue gozando de la opacidad para no rendir cuentas sobre el dinero que perciben para “ayudar” a la gente.
