Este viernes 28 de octubre el Colegio de la Frontera Norte (El Colef), presentó los resultados del estudio realizado por el doctor Gerardo Ordoñez Barba y la doctora María del Socorro Velázquez Vargas, denominado “Informalidad Laboral y Precarización Social en Tijuana”.
Según Ana Claudia Coutigno, secretaría general académica del Colef, el estudio se basó en Tijuana debido a que es una frontera con fuerte dinámica transnacional, con presencia de migrantes y gran presencia de la industria maquiladora, características que contribuyen al estado actual de informalidad laboral y precarización social.
Las conclusiones del estudio revelaron que Tijuana ha enfrentado un desfase en apoyo gubernamental en la provisión de bienes, como la vivienda; así como en los servicios, la construcción de infraestructura urbana, social, y productiva que se requiere; lo que genera condiciones de marginalidad urbana, inseguridad pública, inaccesibilidad a servicios sociales, sobre todo en el sector salud; y un debilitamiento productivo.
Dicho panorama se agravó por la crisis económica y sanitaria que provocó la pandemia de 2020 y que evidenció deficiencias en el sistema de salud público, carencias en la habitabilidad de viviendas por las condiciones del confinamiento, y “patentizó las fragilidades de la ocupación y sus implicaciones en términos de precarización y pobreza laborales”.
Ante los resultados del estudio, los doctores sugieren plantear una estrategia de política pública que considere las problemáticas de la ciudad, como:
-Atender las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la consolidación del entorno urbano; proveer servicios sociales, generar condiciones para el crecimiento, creación de empleos “decentes”, y eliminar prácticas o incentivos que propicien la informalidad y precarización laboral.
-Crear un paquete de apoyos que contrarrestan los efectos de las crisis económicas y sanitarias, como el aumento de contagios y mortalidad; el desempleo y subempleo; y la pérdida de ingresos en las familias.
Otras recomendaciones son recuperar los salarios, impulsar la formalización de la ocupación, crear nueva reglamentación para mejorar la estabilidad e igualdad de las condiciones de empleo.
Además de Tijuana, el estudio también se llevó a cabo en el área metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México y en Ciudad Juárez debido a su contribución del Producto Interno Bruto (PIB).
