El pasado 31 de agosto, el presidente Andrés López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente para transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Ninguna sorpresa, el presidente lo avisó y lo cumplió. De nada sirvieron las críticas recibidas desde nuestro país y desde instancias internacionales: a López no le importó que le recordaran sus duras críticas a los gobiernos de Calderón y Peña por la militarización de la seguridad; tampoco le importó que le recordaran sus promesas de campaña de crear una GN civil y retirar al Ejército de las calles y menos aún, que dicha iniciativa sea inconstitucional.
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El presidente se sacudió las críticas de quienes lo llamaran hipócrita y mentiroso con un simple “cambié de opinión”, “la GN desde un principio se diseñó para ser militar” y se limitó a responsabilizar a los poderes Legislativo y Judicial de lo que en adelante suceda.
Como era esperado, en menos de una semana la iniciativa se aprobó por ambas cámaras sin grandes discusiones. En particular la Cámara de Diputados ni siquiera hizo el esfuerzo por subsanar los graves errores de la propuesta que duplican responsabilidades en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la SEDENA.
Con ello, el presidente intenta cerrar definitivamente la puerta a la vía civil en materia de seguridad, fortalece a las fuerzas armadas con recursos y personal, le permite a la SEDENA seguir en las calles -a través de la GN-, garantiza la opacidad del uso de recursos, dificulta el seguimiento a cualquier caso de violación de derechos humanos y promueve una arquitectura institucional sumamente disfuncional.
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Una parte importante de la opinión pública considera positiva dicha iniciativa, o por la confianza que muchos ciudadanos tienen en las fuerzas armadas -y mucha desconfianza en los policías- o, simplemente, porque aceptan sin duda alguna cualquier propuesta que venga del presidente López.
Para quienes piensan que la medida será positiva es importante recordarles que:
- Al ser inconstitucional la propuesta -el Art. 21 de la Constitución define que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben ser civiles-, hay una alta probabilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la desestime.
- Pese a que tenemos más Fuerzas Federales (entre Ejército, GN y Marina) en las calles, la incidencia delictiva y violencia en el país, siguen creciendo y se encuentran en máximos históricos.
- Desde su creación la GN ha sido liderada y supervisada por militares, pese a que esté adscrita a la SSPC, en los hechos quien manda es la SEDENA y ello no ha logrado mejorar algo.
- Los grandes logros del pasado del Ejército -y sí los hubo- fueron en el marco de una sólida cooperación con las fuerzas civiles, el sector empresarial y los ciudadanos, nunca sin ellos.
- En esta administración se han roto todos los récords en materia de violaciones a derechos humanos. Tan sólo en el primer semestre del 2022, la GN sumó 1,109 quejas por violar derechos humanos y el Ejército 1,019 y profundizar la militarización hará que estos crezcan aún más.
- En las elecciones 2021 y 2022 se registraron los mayores índices de delitos y violencia electoral; una parte de ellos sucedieron ante el amparo del Ejército y la GN.
- 3 años después de haber sido creada, la GN carece de un plan de formación y profesionalización; de protocolos de actuación; de controles de confianza y de algún mecanismo de supervisión ciudadana.
- Bajo la excusa de la “seguridad nacional”, la SEDENA impide conocer cómo y para qué gasta, lo que hace imposible saber cuánto dinero es mal usado o abiertamente robado.
- Dado que la SEDENA responde a la justicia militar, es imposible conocer los resultados de los hechos de mala actuación, corrupción o violaciones a derechos humanos por parte de los soldados contra la población civil.
- Las competencias castrenses están dirigidas a formar personas que obedecen órdenes sea como sea; las de las policías civiles a evaluar riesgos y tomar decisiones autónomas. En las calles obedecer sin criterios representa un peligro para todos los ciudadanos.
- Los militares tampoco se forman para prevenir los delitos. Las policías -aún las más deficientes- conocen e impulsan acciones de prevención.
- De igual forma, nadie ha trabajado para que la GN y los militares sean primeros respondientes ante un delito. Por tal razón, ha caído el número de detenciones apegadas a derecho y los delincuentes terminan siendo liberados.
- El perfil de selección de los militares y de la GN -que requiere menor nivel académico y pasa por menos filtros de control- dificultarán el salto a una institución capaz de enfrentar la complejidad que vivimos en materia de seguridad y delincuencia.
Lo cierto es que el panorama que nos deja la iniciativa del presidente parece una situación pierde-pierde: si la iniciativa se reconoce como constitucional, se sentará un grave antecedente por parte de la SCJN que exhibirá su falta de autonomía y su sumisión al Ejecutivo -tal como ya ocurre en el Legislativo- y se gestará una reforma institucional en la que las Fuerzas Federales tendrán expresamente prohibido actuar en caso de delitos que no sean del orden federal, serán aún más opacas y mantendrán a los militares en las calles.
Por otra parte, si la iniciativa se desestima por inconstitucional, el presidente podrá culpar a la SCJN de ser la responsable del fracaso en materia de seguridad que este gobierno entregará al próximo, así como de haber impedido al mandatario cumplir con su promesa de formar una GN de 175 mil elementos para 2024.
Debemos recordar que de las 120 mil plazas que actualmente ostenta la Guardia, sólo 20 mil pertenecen a la GN y los otros 100 mil son de la SEDENA, -mismos que deberá regresar en 2024 a su adscripción-.
Pese a ello, estamos a tiempo por hacer algo para evitar cualquiera de los dos desastres.
Una posibilidad es revivir inmediatamente Policía Federal -con los estándares que tenía en un principio- para ser el vínculo entre las policías locales y las fuerzas armadas, capaz de acompañar a las primeras en caso de delitos del fuero común.
De lo contrario, es imperativo retomar el carácter civil de la GN. En todo caso significa dar un paso atrás y evitar una transformación institucional que nos pone a todos los mexicanos en grave peligro por las fallas de los militares o por el riesgo real de un golpe militarista de Estado.
Aunado a ello necesitamos:
- Revertir la pirámide de gasto en seguridad. Del 1.18% del PIB que se presupuestó para gasto en seguridad en 2023, la gran mayoría va a la SEDENA, la GN y la Marina, muy poco a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías y policías estatales y nada -literalmente- a las policías municipales. Urge construir la seguridad desde lo local invirtiendo en las instituciones que son más cercanas al ciudadano.
- Particularmente es relevante invertir en la formación de primer respondiente, en las capacidades y competencias de policías de investigación, peritos y ministerios públicos bajo el entendido que sin ello la impunidad seguirá imperando y los delitos creciendo.
- Definir una política (real) de prevención del delito y de la violencia que evite la trampa de nuevos “programas sociales” que lo único que hacen es transferir dinero a población de interés, bajo una clara lógica electoral.
- Construir un sistema de cooperación y coordinación internacional para combatir a la delincuencia organizada.
- Fortalecer las aduanas y reforzar las fronteras para combatir delitos como el tráfico y la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, efectivo, piratería y contrabando.
- Aumentar las investigaciones de delitos financieros y lavado de dinero en una coordinación efectiva con la FGR para que los casos se judicialicen y se le pegue a los delincuentes donde más duele: el bolsillo.
- Siempre en una lógica de combate a los delitos financieros y al uso de efectivo por parte de la delincuencia organizada, reducir la circulación de billetes superiores a los 200 pesos .
- Mejorar los procesos de Control y Confianza y aplicarlos de manera pareja en todas las instituciones de seguridad y justicia.
- Consolidar los sistemas que desarrollan inteligencia en el país para así lograr operativos más efectivos.
- Transparentar (verdaderamente) el gasto en seguridad -incluido el de las fuerzas armadas-; desarrollar indicadores de desempeño y resultado que faciliten la rendición de cuentas; abrirse a la supervisión ciudadana.
- Construir programas sustentados en datos y no en creencias o posturas políticas en los que se recoja la experiencia y preocupación de académicos, colectivos de víctimas, organizaciones civiles y los operadores de la seguridad y justicia.
- Retomar la rectoría del sistema penitenciario y hacer de este uno que de verdad logre la reinserción social.
- Mejorar los salarios, prestaciones y trato a policías, custodios, peritos, defensores de oficio, asesores victimales y ministerios públicos.
- Reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Atención a Víctimas, de Búsqueda, todos ellos teniendo como principal compromiso la atención a los ciudadanos.
- Impulsar el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y dotarlo de los recursos necesarios para que logre sus objetivos.
¡Sí hay una vía para evitar la militarización y retomar la civil de la seguridad! Esta vía podría ser mucho más exitosa y efectiva de la que propone López tanto en el corto y como en el largo plazo.
Es imperativo sacar a la politiquería de las políticas de seguridad y justicia, evitar la militarización del país, reconstruir instituciones, ser serios y honestos en la inversión para esta materia, y construir puentes con los ciudadanos que fomenten la corresponsabilidad y una verdadera rendición de cuentas.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
