Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, informó, el 15 de septiembre del 2022, que un total de tres militares han sido aprehendidos por su presunta implicación en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal precisó que uno de los detenidos es quien era comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, en 2014, cuando ocurrieron los hechos. Aunque Mejía Berdeja no reveló el nombre del mando militar, se trata de del coronel José Rodríguez Pérez, según información del diario español El País.
“Se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano, se han ejecutado tres de ellas, tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando fueron los hechos en Iguala en 2014, se seguirá informando”, expuso el subecretario, quien detalló que dichos arrestos se dieron tras la presentación del informe del caso Ayotzinapa, elaborado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Según el informe presentado el 26 de agosto del 2022, por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el coronel José Rodríguez Pérez, es acusado de ordenar el asesinato de seis normalistas de Ayotzinapa.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el coronel José Rodríguez”, dijo durante una conferencia de prensa matutina, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
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Hasta antes de su captura, Rodríguez Pérez ocupaba el rango de general brigadier, al cual fue ascendido en 2015, todavía durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por sus “méritos, aptitudes y competencia profesional”, según un documento firmado por el mismo ex presidente, así como por Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”, explicó Encinas Rodríguez, en dicha ocasión.
En agosto del 2022, el titular del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, emitió 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
JUEZ LIBRA 83 ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA MIEMBROS DEL EJÉRCITO POR EL CASO AYOTZINAPA
Un juez libró, el 19 de agosto del 2022, un total de 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014, en dicho municipio guerrerense.
Los delitos por los cuales el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró las 83 órdenes de aprehensión, son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
“A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero”, informó la institución de procuración de justicia.
La FGR detalló que las órdenes de aprehensión también son contra 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores”, añadió.
Según la Fiscalía General de la República, las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice, puntualizó la FGR.
LA ‘VERDAD HISTÓRICA’ SE DISEÑÓ “EN LOS MÁS ALTOS NIVELES DEL GOBIERNO FEDERAL”, ACUSA ENCINAS
La llamada “verdad histórica” del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, se diseñó en las reuniones que funcionarios involucrados en la investigación sostuvieron en la Presidencia de la República, según afirmó, el 26 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, dijo, además, que en la investigación que encabezó Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)-, hubo una actuación concertada desde el más alto nivel del poder, que se debería de investigar. Asimismo, el insitió en que la “verdad histórica” sirvió para encubrir a los responsables y entorpecer la investigación, dificultando el acceso a la justicia.
“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República, en la discusión de estos temas […] Es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen, y particularmente, lo que está plenamente acreditado, es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, detalló el funcionario federal.
“La ‘verdad histórica’ dice que los estudiantes fueron detenidos, ejecutados en Cocula y esparcidos sus restos, lo cual no es cierto”, detalló Encinas Rodríguez, quien también explicó que dicha versión se sustenta en que los normalistas de Ayotzinapa acudieron a Iguala a boicotear el informe de María de los Ángeles Pineda Villa, presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), lo cual es falso, porque su objetivo era tomar autobuses, señaló el funcionario federal.
Además, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación explicó que la ‘verdad histórica’ sostiene que la Policía Municipal de Iguala entregó a los estudiantes de Ayotinapa al grupo delincuencial de los Guerreros Unidos, para que los normalistas fueran asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, pero, en realidad, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, según dijo el funcionario federal.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Encinas Rodríguez reprobó las afirmaciones que aseguran que el Informe de la Comsión que encabeza, no aportó nuevos elementos a la investigación que realizaron Murillo Karam y su equipo, recordando que dicha indagatoria se basó en la tortura y la violación de derechos humanos.
Aseguró que la investigación de la Comisión que él preside se basó en al menos 13 fuentes, entre las que destacó a la SEGOB, así como a las secretarías de la Defensa (SEDENA), de Marina (SEMAR) y la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y los testimonios de 115 personas, entre otros.
El subsecretario de la SEGOB agregó que para el informe del Caso Ayotzinapa se realizó un “mapeo” de 116 números telefónicos y se obtuvo información de 41 mil 168 documentos aportados por la administración pública federal, órganos autónomos e, incluso, intervenciones telefónicas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“Dicen algunos críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la ‘verdad histórica’, lo cual es absolutamente falso […] Hay quien sostiene que el informe se basa en una sola fuente de información, lo cual tampoco se apega a la realidad, hay 13 fuentes de información básicas que es toda la información y documentación que nos han entregado y proporcionado”, abundó Encinas Rodríguez.
“Hay una diferencia sustancial y de fondo, que la ‘verdad histórica’ se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas, y de manipulación de la escena del crimen, nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, enfatizó el funcionario federal, quien afirmó, además, su misión es el esclarecimiento de los hechos “y no van “a solapar a nadie, dijo al referirse a la participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los normalistas.
“No solamente se trata de la desaparición de los estudiantes, en donde se conjugan cuatro delitos graves y violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, lo que propició la impunidad de los perpetradores y los encubridores de estos hechos”, agregó el subsecretario de la SEGOB.
Finalmente, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa continúa abierta e hizo un llamado a los ciudadanos para que, quienes tengan mayor información, puedan aportarla a las autoridades.
MURILLO KARAM INVENTÓ LA ‘VERDAD HISTÓRICA’ DEL CASO AYOTZINAPA, ACUSA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 25 de agosto del 2022. que Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), inventó la llamada “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
“Lo de Murillo Karam pues es totalmente otra cosa, es opuesto, era el procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues lo sucedido. Y algo muy grave porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes”, señaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
“Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos de vergüenza”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
NADIE HA PODIDO “TIRAR” LA “VERDAD HISTÓRICA” DE AYOTZINAPA, DICE MURILLO KARAM AL JUEZ
Al culminar el debate, entre su defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam tomó el micrófono, el 24 de agosto del 2022, para expresar que, a pesar de las distintas investigaciones e intervenciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ninguno ha podido “tirar” la llamada “verdad histórica”.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, llevÓ a cabo, el 24 de agosto del 2022, la audiencia para determinar si vinculaba o no a proceso a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.
“Me puedo sentir orgulloso, que yo pedí la intervención […] Estos grupos participaron en todo momento en la investigación [del caso Ayotzinapa], fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a [los laboratorios de la Universidad de] Innsbruck [en Austria], y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas. Y han inventado muchas cosas y todas se caen”, expresó el también ex gobernador de Hidalgo.
Por otra parte, Murillo Karam aseveró que fueron los expertos internacionales quienes escogieron los lugares donde se hicieron las diligencias, como el río San Juan y el basurero del municipio de Cocula, en Guerrero. “Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor, pero ninguno la ha podido tirar [la ‘verdad histórica’]”, admitió el ex titular de la ahora extitnta PGR.
Durante la audiencia, la defensa del ex titular de la ahora extinta PGR, pidió al juez de la causa declarar prescrito el delito de tortura desde el 27 de octubre de 2017 y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada, los cuales le imputan a Murillo Karam, junto con delitos contra la administración de la justicia.
Los abogados José Xavier López García, Antonio López Ramírez y Elba Marina Vázquez Mendoza también solicitaron invalidar como pruebas las ruedas de prensa que rindió el ex titular de la Procuraduría General de la República, relacionadas con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Los litigantes expusieron que aceptar como pruebas las conferencias del 6 y 27 de octubre, así como 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero del 2015, violan su derecho a la no auto incriminación.
Durante la diligencia, el juez Fuerte Tapia se molestó que el abogado defensor Antonio López Ramírez leyó una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que refiere que un juzgador incurre en “notoria ineptitud”, cuando no aplica la norma adecuada en un delito.
“Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz. Lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala. Debe moderar su intervención, este no es un debate ni una charla, yo soy el moderador y está usted ante un juez”, reprendió Fuerte Tapia al litigante.
MURILLO KARAM DEBE SEÑALAR QUIÉN LE DIO LA ORDEN DE OCULTAR DATOS DE AYOTZINAPA, PIDE AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalar quién le dio la orden de ocultar datos de la investigación de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño urgió a los jueces que analizarán la situación jurídica de Murillo Karam, escuchar la “opinión de todos”. Asimismo, afirmó que el ex titular de la ahora extinta PGR podría acogerse al criterio de oportunidad, en el ánimo de que se conozca la verdad.
“Y, por tu pregunta, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen […] Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-
“Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son Ministerios Públicos tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico Estado de Derecho y no de chueco, como se vivía antes […] Todos, todos, sí, todos [podrían acogerse al criterio de oportunidad]”, enfatizó el mandatario nacional.
GIEI PIDE ACCESO A MATERIAL Y PERITAJES DEL INFORME RESPECTO AL CASO AYOTZINAPA
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó, el 22 de agosto del 2022, que no examinó el material del cual surgieron las capturas de pantalla que estructuran la narrativa de los acontecimientos del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, e indicó que tampoco han accedido a los peritajes que se practicaron respecto a los mismos.
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016.
El Grupo aseguró que solicitó tener acceso, no sólo a lo que se incluyo en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información, para analizar a profundidad el contenido obtenido por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y emitir sus valoraciones respecto a las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.
Los miembros del GIE también pidieron que se entreguen, cuanto antes, a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), los mensajes y los dispositivos de los cuales fueron extraídos, ya que “todo ello es clave para evaluar las características de fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Asimismo, el Grupo recordó que, tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el Poder Judicial, deberán valorar y dar curso a la información presentada por la COVAJ. Además, el GIEI aclaró que no participó en la redacción del informe de la Comisión y que tampoco “ha señalado presuntos responsables”.
Por otra parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicó que con las evidencias que se aporten al proceso del caso se puede llevar a sentencias condenatorias, donde se establezcan la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso.
Aunque celebraron que existan nuevas revelaciones sobre la investigación del caso, ya que recabaron junto a la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en un informe publicado en marzo del 2022, los miembros del GIEI insistieron en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
LA VERDAD EN EL CASO AYOTZINAPA FORTALECE AL EJÉRCITO, AFIRMA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador exculpó al Ejército mexicano, el 19 de agosto del 2022, de las acciones de omisión que presuntamente se cometieron en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la conferencia de prena matutina, llevada a cabo desde Tijuana, Baja California, el mandatario nacional afirmó que la transparencia y reconocer la mala actuación en el pasado, fortalece a una institución del Estado como lo son las Fuerzas Armadas y al contrario, incrementa la confianza del pueblo.
El 18 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, aseguró que se trató de un crimen de Estado, en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos.
El también titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) infiltró a un soldado en la Normal Raúl Isidro Burgos, y que de haber intercedido en el caso, pudo haber evitado la desaparición forzada de los estudiantes.
“Yo creo que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta una institución cuando se ocultan las cosas, desde hace tiempo, desde que estábamos en campaña, yo sostuve de que en vez de debilitar al Ejércitos, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado, en vez de debilitarlo, y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecería al Ejército”, sostuvo.
“Es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a decir la verdad por dolorosa que fuera, sí les expresé mi dolor, mi tristeza, y también hablé de que no es vano lo que ellos hicieron, incluso sus hijos”, agregó el político tabasqueño.
“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la Comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada”, prometió el mandatario nacional.
NO HAY INDICIOS DE QUE 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA ESTÉN VIVOS, AFIRMA ENCINAS
No existe ningún indicio alguno de que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero- estén con vida, aseguró, el 18 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso.
El también titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró que se trató de un crimen de Estado, en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, el funcionario federal reveló que la SEDENA infiltró a un soldado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para informar respecto a las acciones de los estudiantes y señaló la inacción del Ejército para buscar a su elemento y a los 43.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López [Patolzin], quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, dijo.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería, Marcos Macias Barbosa, del 27 Batallón”, explicó Encinas Rodríguez.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, detalló.
“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, aseveró el subsecretario.
“Por eso todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto”, abundó el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso.
“Lo cual las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, insistió el subsecretario de la SEGOB.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos para la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, enfatizó.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas Rodíguez.
“Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay ningún indicio de vida y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, esa es una triste realidad. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueran arteramente ultimados y desaparecidos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición, y nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”, concluyó.
Se presentó el informe del caso #Ayotzinapa. Se reconoció que fue un crimen de Estado en el que participaron delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, así como funcionarios federales. Se procederá legalmente contra los responsables y no habrá impunidad.
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 18, 2022
Algunos padres y abogados de los 43 normalistas se reunieron, el 18 de agosto del 2022, en Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la cual presentó un informe respecto a los avances y desafíos de la búsqueda de los jóvenes, a ocho años de la desaparición de los jóvenes.
Desde las 11:00 horas del 18 de agosto llegaron a Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los estudiantes, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Santiago Aguirre Esponosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. A la reunión también estuvieron convocados, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Luis Cresencio Sandoval González; así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entre otras autoridades federales.
“Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, el 30 de junio del 2002.
“Pero ya tenemos mucho avance que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Este año va a quedar lo de Ayotzinapa”, insistió el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.
El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.
Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.
“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.
El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.
En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
