Juez ordena garantizar la vida y salud de Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR

Destacados lunes, 22 agosto, 2022 10:59 AM

Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite, el 22 de agosto del 2022, la demanda de garantías promovida por Rosa Azucena Vargas Hernández a nombre de Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria, además de que se garantice su integridad física y su vida mientras permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador puntualizó que Luís Ángel Hernández Salas, director del penal capitalino, está obligado a evitar “cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida”, garantizando las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios al también ex gobernador de Hidalgo.

Asimismo, según lo determinó González García, la autoridad penitenciaria tiene que garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica de Murillo Karam, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

El juez también le hizo saber a la autoridad que deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos de Murillo Karam, además prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que el responsable estime conveniente, atendiendo a la emergencia sanitaria.

El político hidalguense, de 74 años de ead, permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mientras se resuelve su situación jurídica, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

JUEZ IMPONE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA A MURILLO KARAM

A solicitud de la FGR, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, impuso, el 20 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, prisión preventiva justificada durante las 144 horas de la duplicidad del término constitucional solicitada para que se resuelva la situación jurídica del ex titular de la PGR, quien pemanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, hasta el día 24 del mismo mes y del presente año, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en este Centro de Justicia Penal Federal.

“Ya se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Murillo Karam tras el veredicto del juez, quien a su vez le pidió al ex titular de la PGR dirigirse a él con respeto. Fuerte Tapia concluyó que la prisión preventiva justificada es la medida cautelar idónea para el también ex gobernador de Hidalgo, porque existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.

El juzgador consideró que, conforme lo expuso la FGR, Murillo carece de arraigo, cuenta con los recursos económicos suficientes, las redes de apoyo y amistades necesarias, que le pueden facilitar la huida. Pero, además, Fuerte Tapia tomó en cuenta los altos cargos que ha desempeñado en el servicio público y el tipo de investigación en la cual se le implica, donde hay delitos violentos.

“No se puede dejar de observar la trascendencia de la investigación, el caso de los 43 estudiantes es una investigación de gran importancia por lo menos a nivel nacional, es una investigación de primer nivel […] Un segundo tema es el perfil del justiciable, ha ocupado uno de los más altos cargos en la República Mexicana como lo es el de Procurador General de la República […] Si una persona tiene esos cargos de primer nivel a lo largo de su vida laboral […] es posible que pueda contar con una red de apoyo y amistades”, afirmó el juez.

Fuerte Tapia insistió que sí existe duda del arraigo de Murillo Karam, porque tiene al menos cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, además tiene registros de vuelos privados al extranjero durante el 2017. Por las mismas razones también rechazó conceder al ex titular de la PGR, la prisión domiciliaria, ya que en términos de la investigación en curso, dicha medida tampoco garantizaba la continuación del procedimiento penal.

Asimismo, el juez descartó en principio que los padecimientos de salud y la edad del ex funcionario federal fueran suficientes para imponerle una medida cautelar distinta. Además, recordó que conforme a la información proporcionada por la FGR, entre 2013 y 2015, Murillo Karam registró un patrimonio de 85 millones de pesos.

“Hay la presunción de que pueda tener algún tipo de acceso a este patrimonio y tener la facilidad de evadirse de la justicia. Y si a eso se agrega que son delitos de violencia, que no es una apreciación subjetiva, podría incidir en el riesgo de fuga”, expuso el juzgador, quien agregó que la alta penalidad que pudieran imponerle a Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, sólo era un dato más que no podía tomar como definitorio.

Aunado a lo anterior, Fuerte Tapia señaló que lo inclinaba a dejar a Murillo Karam interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, es que su defensa sólo le ofreció planteamientos argumentativos y algunos de ellos eran subjetivos, sin datos de prueba concretos. Finalmente, el juez de Control aceptó lo dicho por el Ministerio Público de la Federación, de que este proceso sí “afecta el derecho a la verdad” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Si [Murillo Karam] sale por propio pie equivaldría a que no lo volviéramos a ver […] y se les estaría negando el llegar a la verdad y saber qué pasó con sus hijos”, subrayó durante la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante Vargas.

FGR ACUSA A MURILLO KARAM DE ORGANIZAR CÓNCLAVE PARA FRAGUAR “VERDAD HISTÓRICA”

El 20 de agosto del 2022, la FGR afirmó que Jesús Murillo Karam -entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- organizó un cónclave con siete funcionarios de alto nivel para fraguar la llamada “verdad histórica” respecto a Ayotzinapa y que en dicha reunión participó Omar Hamid García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.

Durante la audiencia que presidió Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en la que la FGR imputó al ex titular de la PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano —quien se desempeñaba como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— se apegó a un criterio de oportunidad. Es decir, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.

La funcionaria dio lectura a parte de la declaración ministerial de Cano Muñozcano, en la que menciona el encuentro al que asistieron Murillo Karam; Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; y, García Harfuch.

Según la misma declaración del testigo colaborador de la FGR, el cónclave de alto nivel se realizó de manera normal, sin embargo, cuando llegó Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, la mayoría de funcionarios se retiró del lugar y solo se quedaron los mandos. Asimismo, pese a que Cano Muñozcano refirió que no se planearon ilícitos en dicha reunión, Bustamante Vargas afirmó que en ese encuentro se empezó a inventar la llamada “Verdad histórica”.

“Dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre”, aseguró la fiscal.

Según la imputación de la fiscal, en dichas fechas las autoridades detuvieron a cuatros presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos, quienes fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la AIC. De sus testimonios se obtuvo información que luego Murillo Karam hizo pública.

Al citar como dato de prueba la declaración de Bernardo Muñoz Cano, entonces delegado Policía Federal en Guerrero, la agente del Ministerio Público de la Federación detalló que al “inventar” la llamada ‘verdad histórica’, Murillo Karam quería “dar solución a la exigencia social” y “dar respuesta al clamor social” por el crimen ocurrido el 26 de septiembre del 2014.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que, para poder sostener la narrativa de la “verdad histórica”, Murillo Karam, premeditadamente y con dolo, además de que planeó y elaboró “montajes”, por lo que permitió que se cometieran actos de tortura para obtener supuestas confesiones, y avaló que incluso se tuvieran que falsificar documentos oficiales.

La FGR también enfatizó que, al “concebir” y “urdir” esta “verdad inexistente”, el entonces titular de la PGR contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que “frustró” y “desvió” otras líneas de investigación que se pudieron haber seguido para encontrar a los jóvenes, motivo por lo cual se le imputa el delito de desaparición forzada.

Durante la audiencia, los fiscales revelaron, al menos, tres hechos en los que descubrieron que la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, fue “creada” por el entonces titular de la PGR. El primero y más importante, según los agentes del MPF, ocurrió el 27 de octubre del 2014, ya que ese día comenzó la “fabricación de los hechos”.

Esa tarde, Murillo Karam encabezó una conferencia de prensa en las antiguas instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, en la que dio a conocer la detención de cuatro personas, de las cuales, según sostuvo, eran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El entonces titular de la Procuraduría General de la República destacó que esas eran las primeras capturas de quienes participaron físicamente en la desaparición de los normalistas, según habían confesado en sus declaraciones.

Aunque en ese momento no mencionó sus nombres, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”. Asimismo, los fiscales de la FGR recordaron al juez Fuerte Tampia, que el entonces titular de la PGR señaló que dos de los detenidos indicaron que recibieron a un grupo “grande” de personas, mientras que los otros dos eran “halcones informantes”, quienes vigilaron los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Murillo Karam agregó que los cuatro todavía estaban rindiendo su declaración en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero adelantó que sus declaraciones habían “sido coincidentes”. Respecto a ello, el Ministerio Público de la Federación aseguró que, para esa hora y ese día, estos cuatro detenidos todavía no habían sido capturados y, por tanto, mucho menos podían haber declarado y confesado su participación en estos hechos.

Para esta acusación en contra de Murillo Karam, los fiscales se basaron en actuaciones ministeriales que detallan que Reyes Landa, Morales Sánchez, García Reyes, y, Osorio Cortés fueron presentados ante el Ministerio Público a las 10:30 horas de la noche de ese 27 de octubre del 2014 y hasta un día después declararon.

Asimismo, los representantes de la FGR destacaron que, tan sólo en el caso de Agustín García Reyes, aias “El Chereje”, fue “sacado” de su casa ubicada en Cocula, Guerrero, la tarde del 27 de octubre del 2014 y después trasladado a una zona militar, donde fue “torturado”, al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la conferencia de prensa de Murillo Karam.

El segundo hecho por el que la FGR justificó que el ex titular de la Procuraduría General de la República “fabricó” la denominada “verdad histórica”, ocurrió la mañana del 27 de octubre del 2014, cuando el entonces titular de la PGR dio un sobrevuelo por el río San Juan, en el municipio guerrerense de Cocula, en el que estuvo presente Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación de forma paralela.

Según la declaración ministerial de Doretti, realizada en diciembre del 2021, Murillo Karam le informó que ya habían sido detenidas cuatro personas que revelaron posibles indicios de los normalistas en el río San Juan. Sin embargo, las fiscales de la FGR insistieron en que todavía ni siquiera habían sido capturados y el entonces titular de la PGR ya “sabía lo que iban a declarar”.

El último hecho citado por los agentes del MPF, fue una declaración de una trabajadora administrativa de la entonces PGR, de nombre Erika Ramírez Ortiz -sujeta a un criterio de oportunidad por esta nueva investigación del caso Ayotzinapa-, quien confesó que el 27 de octubre del 2014 realizó un oficio con información falsa, para justificar la detención de las cuatro personas que Murillo Karam había revelado en la conferencia de prensa.

Según el relato de Ramírez Ortíez, redactó dicho documento por órdenes de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y a la fecha prófugo por este caso, quien le dijo: “ya vienen los detenidos, cómo vamos a cuadrar esto”. El objetivo, explicó la ex trabajadora de la PGR, era contar con un oficio fechado el día 25 de ese mismo mes y año, en el que se explicara que se había recibido una denuncia anónima respecto a las cuatro personas, que justificaran su detención, hasta dos días despúes.

ÉL MISMO SE INCULPÓ, DICE AMLO DE MURILLO KARAM; NO SE PERSIGUE A EPN, NI A CIENFUEGOS POR AYOTZINAPA, AFIRMA

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 22 de agosto del 2022, que Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- se auto inculpó de las irregularidades en la indagatoria del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Además -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el jefe del Poder Ejecutivo Federal aseguró que no se persigue a su antecesor Enrique Peña Nieto, ni a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El político tabasqueño pidió se reprodujera un video de lo que dijo Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que cita a Murillo Karam diciendo que son los “responsables directos de esta investigación”.

“En el caso del procurador, Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene […] a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal, cuando estamos informando a los padres”, dijo López Obrador.

“Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas”, afirmó Gertz Manero en el video.

“Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación, cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir”, agregó el actual titular de la FGR.

“Para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente […] El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara”, abundó Gertz Manero, en el video mostrado por López Obrador.

“Yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador ‘nosotros somos responsables’, dice […] Y creo que se refiere a Tomás Zerón [de Lucio], son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al fiscal, toda la información sobre esto correspondió investigarla a una Comisión que se creó y se tienen todas las pruebas”, agregó el político tabasqueño.

“Si la FGR o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir, en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En el informe la Comisión da a conocer quiénes considera son responsables, porque se dice por ejemplo Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares”, respondió López Obrador a pregunta expresa de un reportero. “¿A Cienfuegos?”, cuestionó un periodista. “Tampoco, por eso hay que leer el informe”, contestó el presidente.

DETENCIÓN DE MURILLO KARAM RESPONDE MÁS A TEMA POLÍTICO QUE DE JUSTICIA, DICE EL PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó, el 19 de agosto del 2022, que la captura de Jesús Murilo Karam, de 74 años de edad, -detenido por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia-, obedece más a un tema político que de justicia y que esto no es una acción de respuesta para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

“La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, señaló el PRI, en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter.

El partido político -cuyo dirigente nacional es Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”- mencionó que si el actual Gobierno de la República hoy se va en contra de Murillo Karam, mañana lo hará contra cualquier opositor que incomode al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, tuiteó el PRI.

¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM Y CUÁL ES LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA” DEL CASO AYOTZINAPA?

Jesús Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona [en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México], sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, según informó la FGR.

Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las certificaciones correspondientes; y enseguida fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La orden de aprehensión contra el ex gobernador fue solicitada por la FGR y concedida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Prevemtivo Varonil Norte.

¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM?

El político hidalguense, de 74 años de edad, fue gobernador del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, además de que fungió como senador, del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, así como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 4 de abril de 2007 al 4 de abril de 2011.

En septiembre del 2012 protestó como diputado federal, del grupo legislativo del PRI y se desempeñó como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012.

Asimismo, el político hidalguense fue titular de la Procurador General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerererense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.

Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.

Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA”

La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.

Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en en basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.

García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.

En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.

Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.

La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.

EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.

El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.

Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.

Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.

El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.

“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.

Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.

Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.

“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.

“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.

El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.

En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.

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