Un juez libró, el 19 de agosto del 2022, un total de 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014, en dicho municipio guerrerense.
Los delitos por los cuales el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró las 83 órdenes de aprehensión, son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
“A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero”, informó la institución de procuración de justicia.
La FGR detalló que las órdenes de aprehensión también son contra 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores”, añadió.
Según la Fiscalía General de la República, las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice, puntualizó la FGR.
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#FGRInforma | #FGR obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
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— FGR México (@FGRMexico) August 20, 2022
EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.
El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.
Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.
“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.
El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.
En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
