Detención de Murillo Karam responde más a tema político que de justicia, dice el PRI

Destacados viernes, 19 agosto, 2022 8:31 PM

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó, el 19 de agosto del 2022, que la captura de Jesús Murilo Karam, de 74 años de edad, -detenido por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia-, obedece más a un tema político que de justicia y que esto no es una acción de respuesta para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

“La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, señaló el PRI, en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter.

El partido político -cuyo dirigente nacional es Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”- mencionó que si el actual Gobierno de la República hoy se va en contra de Murillo Karam, mañana lo hará contra cualquier opositor que incomode al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, tuiteó el PRI.

¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM Y CUÁL ES LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA” DEL CASO AYOTZINAPA?

Jesús Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona [en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México], sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, según informó la FGR.

Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial. La orden de aprehensión contra el ex gobernador fue solicitada por la FGR y concedida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Prevemtivo Varonil Norte. La audiencia para determinar si será vinculado a proceso se realizará el 20 de agosto del 2022.

El político hidalguense fue gobernador del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, además de que fungió como senador, del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, así como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 4 de abril de 2007 al 4 de abril de 2011.

En septiembre del 2012 protestó como diputado federal, del grupo legislativo del PRI y se desempeñó como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012.

Asimismo, el político hidalguense fue titular de la Procurador General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerererense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.

Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.

Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA”

La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.

Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en en basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.

García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.

En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.

Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.

La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.

EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.

El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.

Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.

Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.

El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.

“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.

Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.

Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.

“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.

“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.

El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.

En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.

Comentarios

Tipo de Cambio