El gobierno de Baja California interpuso un juicio de lesividad para anular sin ninguna repercusión económica el contrato del tren interurbano Tijuana-Tecate, firmado por la administración pasada de Jaime Bonilla Valdez y la empresa BCE Expressway, S.A.P.I. de C.V.
A un mes de que el recurso legal fue presentado en un tribunal administrativo en la Ciudad de México “ni siquiera” se le ha podido notificar a la empresa, porque no se ha localizado. El domicilio que proporcionó en el estado está cerrado. “Se buscó un domicilio que teníamos en la CDMX y no se pudo, entonces tuvimos que mandarlo al Poder Judicial para que ellos traten de notificarla”, indicó Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial.
Desde que inició el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la dependencia que encabeza, Administración de la Vía Corta (Admicarga) y la Consejería Jurídica del gobierno central revisaron el contrato en el que encontraron “términos que iban demasiado en contra del Estado” y a favor de la firma que desarrollaría el proyecto.
Aunado a que, a casi dos años de haberse otorgado la concesión, la empresa no había avanzado en el proyecto ni técnicamente, ni en inversión. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) “nunca recibió el proyecto ejecutivo. (…) Yo tuve reuniones con ellos personalmente, nos entregaron un avance de planos, (pero) era una obligación entregar a SICT y que SICT les validara el proyecto y eso nunca se hizo”, dijo el funcionario sobre los motivos para cancelar el proyecto.
Hasta el 24 de agosto de 2022, la empresa no había solicitado “ninguna propuesta de indemnización”. En el contrato no viene una cantidad señalada, pero por “desgracia” las cláusulas son “muy abiertas” y tampoco “viene un mecanismo de cómo calcular una afectación de una parte y de la otra”, agregó.
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En una entrevista concedida a ZETA en diciembre de 2021, Espinoza Jaramillo, detalló algunas “inconsistencias” o contradicciones que tendría el contrato respecto a la concesión que tiene el Estado de la vía y la Ley Ferroviaria. Entre ellas destacó el que se le otorgaba a la empresa el derecho de vía de toda la vía Tijuana-Tecate, lo que podría entrar en conflicto con la asignación para el servicio de carga.
Además, todos los recursos provenientes del uso de la vía de carga y de pasajeros se canalizarían a un fideicomiso que manejaría únicamente la empresa de transporte de pasajeros. Y “ni un peso” del boletaje recibirá el Estado, pese a que la empresa tendría usufructo sobre un bien público.
El contrato signado el 2 de abril de 2021 por Carlos Tamez, director de Admicarga, y Mayra Adabella Sánchez Hernández, representante legal de BCE Expressway, señala que en caso de que Admicarga rescinda el contrato por causas no imputables a la empresa, ésta sería indemnizada “por un monto equivalente al total de la inversión realizada no recuperada por la empresa en la Vía Corta Tijuana-Tecate, así como todas aquellas reparaciones, mejoras y servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de rehabilitación”, siempre y cuando estén debidamente comprobados y justificados conforme a los estados financieros dictaminados por un tercero independiente.
En junio de 2021, ambas partes suscribieron un primer convenio modificatorio del contrato, con el objeto de que el gobierno estatal “asuma y reconozca como propios los derechos y obligaciones señalados en el Contrato. Que los servicios que la empresa presta derivado del Contrato, incluyen todo el apoyo técnico, operativo, asistencia, asesoría y gestión necesaria e inherente a la operación y explotación de la Vía Corta Tijuana-Tecate que admicarga tiene asignada”.
Como se recordará el 28 de diciembre de 2020, la entonces titular de Sidurt, Karen Postlethwaite Montijo, dio a conocer que la licitación LPN-CITF-001-2020, para la adecuación del tren interurbano Tijuana-Tecate, de poco más de 27 kilómetros, requería una inversión de 2 mil 836 millones de pesos, la había ganado el consorcio conformado por las empresas Citcocomex Group, S de RL de CV y FMI Proyects, S de RL. Únicos participantes en la licitación.
Desde antes de conocerse la polémica asignación, se señaló que Citcocomex Group tenía relación por sus accionistas y representantes legales con Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V. (empresa que fue sancionada por presentar documentación falsa por el Órgano de Control Interno en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México), y con la empresa homónima que aparece en la lista definitiva 69-B del SAT.
En el acta constitutiva, con el folio mercantil N-2017023289, asentada en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, se observó que la mayor parte de las acciones de Consorcio Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V. pertenecían a Consorcio Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CCC040609MC7. Este RFC y razón social se encuentra en la lista definitiva del 69-B del SAT, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de diciembre de 2017.
En tanto, la circular OIC/AR/GACM/011/2019, emitida el 28 de junio de 2019 por el Órgano Interno de Control en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, comunicó a los oficiales mayores en las dependencias federales y las entidades federativas que debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Consorcio Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V. luego de que se le impusiera una sanción por “presentar documentación falsa consistente en la opinión de obligaciones fiscales y la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”.
SECRETARÍA DE GOBIERNO REVIVE TREN ELEVADO DE TIJUANA
El 19 de agosto de 2022, el gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado modificaciones a la concesión otorgada por Bonilla Valdez a la empresa Jeca Railway Corporación, S.A de C.V. para diseñar, operar, mantener y administrar un tren elevado eléctrico, que irá de Tijuana a Playas de Rosarito (Con una longitud de 20,2 km. de Santa Fe-San Ysidro B, por el bulevar Fundadores)
Ello, luego de que la empresa (constituida en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2020) así lo solicitó en febrero pasado y fuera analizado por la Comisión Especial de Concesiones, que preside Zavala Márquez.
Entre las modificaciones, se estipula que la concesionaria deberá presentar a más tardar el 30 de agosto de 2022 un Plan Maestro de Obra, y realizar el Proyecto Ejecutivo en etapas, presentando la primera a más tardar el 15 de diciembre de 2022; fecha en que se obliga a iniciar la construcción del tren elevado. “Lo anterior siempre que la concesionaria haya recibido la autorización de inicio de construcción por la Dependencia Auxiliar y los permisos de construcción respectivos”
En el título de concesión por 30 años -publicado el 2 de agosto de 2021- se establecía como fecha límite para iniciar la obra el 30 de marzo de 2022, “so pena de que se le cancele la concesión por no inicio de obra”, siempre que la concesionaria haya recibido autorización de inicio de construcción.
Otra modificación a la concesión establece que la tarifa, con base en la propuesta original del concesionario, es de 20 pesos. Del total del boletaje anual, el 1 por ciento, será para una contraprestación que la empresa dará al gobierno estatal a partir del séptimo año de operación.
La empresa pagará en una primera etapa 100 millones de pesos; “50% serán entregados en equipos de transporte de movilidad y el otro 50% en tecnologías aplicadas a la seguridad dentro de la concesión”
La entrega de la contraprestación del 50% relativo en equipo de transporte de movilidad será entregado a más tardar el 30 de septiembre de 2022, y la del 50% relativo a las tecnologías aplicadas a la seguridad se entregará acorde al programa de entrega de obra.
El documento fue signado el 4 de agosto pasado por los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; Economía e Innovación, Kurt Honold Morales; Sidurt, Arturo Espinoza Jaramillo; e IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete y el representante de Jeca Railway Corporación S.A. de C.V., Jesús Alfredo Acosta Gómez; quien también figura como socio en una de las empresas a las que el gobierno de Nuevo León otorgó una licitación para arrendar camiones de transporte público.
Dado que especialistas han expresado dudas respecto a la viabilidad técnica del tren elevado de Tijuana, ZETA solicitó telefónicamente una entrevista con Zavala Márquez para conocer las implicaciones de modificar el título de concesión el viernes pasado y las razones de ello.
En su lugar, Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno envió una tarjeta informativa en la que señaló que el monto de la inversión 100% privada se estima en 520 millones de dólares, y la modificación de la concesión “mantiene la premisa de no generar ninguna afectación económica al erario público”.
“Entre las modificaciones solicitadas fue el ajustar fechas para la entrega de: Plan Maestros de Construcción, Proyecto Ejecutivo, Constitución del Fideicomiso, Fianza, inicio de obras, entrega de la contraprestación, lo que es posible legalmente, pues así lo prevé el artículo 40, del Reglamento de Concesiones del Estado”.
Es decir, mediante la resolución de la Comisión Especial de Concesiones “no se altera en forma alguna el título de concesión, sino que se establecen las condiciones para darle viabilidad y efectiva ejecución en tiempos razonables”.
