El gobierno de Baja California podría denunciar por daño patrimonial a Fisamex, empresa a la que la administración de Jaime Bonilla Valdez pagó más de tres mil millones de pesos por elaborar dictámenes contra usuarios comerciales e industriales de agua.
Existen alrededor de 11 amparos ganados contra los cobros de Fisamex, por los que la actual administración tendrá que devolver el recurso a empresas, dijo Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública.
Aunque contractualmente Fisamex (de Manuel García Soto, dueño de Romafam, S.A. de C.V.) tiene que hacerse responsable de todas las cuestiones jurídicas que emanaran de los dictámenes, “no se ha hecho responsable de nada, porque los amparos son bastantes y los han estado ganando los empresarios, aludiendo a la mala elaboración de los dictámenes; y es por ahí que traemos la línea de investigación: que los dictámenes que se hicieron para hacer los cobros realmente recayeron en el pago de lo indebido”.
Debido a que hubo “cobros muy sustanciosos” se prevé “un verdadero daño patrimonial” si se ganan todos los amparos. En ese caso, la SHFP estaría “actuando en consecuencia” de manera penal, a través de la Fiscalía.
Sin embargo, no hay fecha en la que pueda presentarse la denuncia, toda vez que tiene que cerrarse la investigación iniciada desde noviembre pasado. Trabajo que se ha dificultado, ya que algunos de los involucrados no han sido localizados en sus domicilios, manifestó la funcionaria estatal en entrevista con este Semanario
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En febrero de 2022, funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, se reunieron con representantes de Eroagua, cuyo representante legal es Manuel García Soto, para que éste hiciera una presentación sobre el trabajo hecho en otras partes del país, con el fin de que la empresa -cuya razón social no aparece en Compranet ni en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía- elaborara dictámenes del volumen de agua no contabilizada al sector comercial e industrial en el destino turístico.
Cabe destacar que en noviembre de 2020, García Soto constituyó en Tijuana la empresa Fiscales del Agua Méx., S.A. de C.V. con Karen Joanna García Lizárraga, cuyo principal objeto social es la fiscalización, regularización y administración a usuarios de organismos de agua.
En cuanto a la investigación hecha por la dependencia a la licitación para desarrollar una planta fotovoltaica que ganó Next Energy (también en el gobierno de Bonilla Valdez), Del Villar Casas aseveró que cinco expedientes ya fueron turnados al Tribunal Administrativo, por abuso de funciones y colusión.
“Ahí el tribunal va a determinar; nosotros calificamos la falta como grave”, y en caso de que la autoridad judicial lo encuadre en un delito, los funcionarios involucrados podrían ser acreedores a inhabilitación y a resarcir el daño patrimonial, mientras que la empresa también podría ser sancionada.
En otro tema, la SHFP ya entregó información a la Fiscalía Especial Anticorrupción para que se judicialice un expediente de desvío de recursos, colisión de servidores públicos, abuso de funciones y daño patrimonial por irregularidades encontradas en un contrato por la adquisición de uniformes escolares, por 31 millones de pesos, signado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) en 2021.
