En “Zona Hotelera” o “de antros”, en la vialidad principal del Bulevar Benito Juárez y Justo Sierra, no hay cámaras de vigilancia; existe un evidente descontrol por parte de autoridades
“Sí quieres ver dónde están los pesados de Mexicali, los encuentras todos los fines en la Zona de Antros”, es una de las frases que un trabajador municipal expresó durante una conversación sobre la situación de inseguridad en antros y bares de la Zona Hotelera, haciendo referencia a los líderes de las agrupaciones delictivas dedicadas principalmente al trasiego y venta menudista de enervantes en el municipio.
Venta de enervantes en los baños de los negocios, nulo control ni registro de los guardias de seguridad y una escasa presencia de cámaras de vigilancia, es parte de lo que puede observarse al acudir durante una noche de fin de semana en la “zona de antros” o “Zona Hotelera” de Mexicali, que comprende desde Calzada Independencia con rumbo al Norte, por el Bulevar Benito Juárez hasta llegar a Justo Sierra y se extiende un poco más en la intersección con Calzada Aviación.
Colectivos de búsqueda han referido que este punto se ha vuelto un “Triángulo de las Bermudas”, debido a que varios de los inicios de las investigaciones de desaparecidos inician en este punto.
Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo en 2022 en Mexicali se han documentado seis desapariciones donde la última vez que las personas fueron vistas, ocurrió en esta zona de antros. Los cuerpos de dos de ellos se localizaron en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, luego de varios días de búsqueda.
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En días pasados, la FGE llevó a cabo un operativo para suspender temporalmente las operaciones del bar La Mañosa, ubicado en el corazón de la Zona Hotelera, donde sólo incautaron dosis de droga que eran vendidas al menudeo por individuos que -según el fiscal Ricardo Iván Carpio- no tenían relación con los gerentes del centro nocturno.
Dicho antro está implicado en la desaparición de una persona, levantada fuera de sus instalaciones.
LAS HISTORIAS
Aunque Kevin Moreno Ana, de 20 años de edad; Jhosué Romo Limón, de 31; Agustín Guadalupe y Édgar Irak Flores Salazar, de 31 y 30; y Brian Raúl Abitia Ramírez y Martín Araque Mondragón, de 26 y 31 años, no se conocían, sus historias tienen un punto de partida similar: los antros y bares de Mexicali.
En diferentes fechas en el transcurso del año, todos se “extraviaron” al salir de uno de los negocios que conforman la Zona Hotelera de Mexicali, que según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Sandoval López, se ha vuelto un punto de riesgo en la ciudad.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, asegura que son alrededor de 300 bares y antros distribuidos en todo el municipio, pero sin duda el punto de mayor concurrencia es la zona de antros, sobre todo los negocios alrededor de la rotonda a Benito Juárez, donde se conectan las calzadas Francisco L. Montejano, Justo Sierra y Bulevar Benito Juárez.
Aleida Limón narró que su hijo Jhosué Romo Limón, vivía con su pareja sentimental y el pasado 3 de febrero salió con ella y un amigo a La Mañosa, en Avenida de los Robles, a escasos metros de la Glorieta a Benito Juárez.
Cada fin de semana evidencia un notable aforo y los festejos se prolongan -a veces- después de la hora de cierre establecida por el gobierno municipal, que son las tres de la mañana.
Ese día el joven convivió con varios conocidos que tenía en dicho bar, uno de ellos de nombre Gabriel, de oficio mesero, de quien la señora Limón tiene grandes sospechas.
Las cámaras de vigilancia de La Mañosa captaron la presencia de Jhosué y de su novia, pero justo antes de ser privado de la libertad -narra la señora Limón- las cintas dejaron de grabar.
En la narrativa que obra en el expediente, se estableció que unos sujetos arribaron a bordo de un vehículo y descendieron para increpar a Jhosué, a quien le apuntaron con un arma de fuego para obligarlo a retirarse con ellos a bordo del automóvil.
El caso ocurrió justo frente al bar, pero nadie apoyó ni reportó los hechos. De hecho, la novia del hoy ausente intentó pedir auxilio en el antro, pero le fue negado; eran ya las cinco de la mañana.
Pese al reporte emitido a los números de Emergencia -narró Limón-, el caso nunca fue reportado mediante la frecuencia policíal, pues durante esa noche y mañana ella tuvo acceso para escuchar los llamados de emergencia mediante el radio de su entonces pareja sentimen0tal.
La historia de Kevin Moreno Ana también inicia en un bar ubicado a escasos metros de La Mañosa. Se trata del antro Shots Factory, divididos prácticamente por una pequeña intersección de vialidades.
Gonzalo Moreno y Soraya Ana, indicaron que el hoy ausente trabajaba en dicho centro nocturno, ubicado en el cruce de L. Montejano y Benito Juárez.
El 26 de marzo salió de su casa para laborar en dicho centro nocturno, pero jamás regresó. Sus padres han emprendido una férrea búsqueda y ejercido una presión mediática en contra de la FGE para exigir respuestas, pero todo ha sido infructuoso. También acudieron al bar Shots, pero los empleados se negaron a proporcionarles información de lo ocurrido aquella noche.
Su incesante búsqueda los ha hecho acreedores a amenazas telefónicas, en las que les refieren que “no le muevan más o sufrirán las consecuencias”, pero la presión no ha cesado por parte de los afectados.
Los hermanos Agustín Guadalupe y Édgar Irak Flores Salazar, de 31 y 30 años, no han sido vistos desde la madrugada del 2 de julio, cuando tuvieron un altercado en el bar Cavalli, ubicados a 50 metros, sobre la misma acera.
Ahí convivían de manera regular, cuando sostuvieron un altercado con clientes del mismo negocio. Los hoy ausentes fueron intervenidos por los guardias de seguridad y a punta de golpes los hicieron salir del mismo.
La última información conocida de ambos, según la información de la FGE, es precisamente afuera del mencionado bar de música norteña; no volvieron a casa esa noche.
Brian Raúl Abitia Ramírez y Martín Araque Mondragón, de 26 y 30 años, originarios de Yuma, Arizona, acudieron a Mexicali para visitar a algunos familiares.
Cuando llegó la noche decidieron iniciar festejos en el bar Cotorritos, sobre Calzada Aviación y a 200 metros de la Calzada Justo Sierra. Aunque se encuentra a un kilómetro y medio de La Mañosa, conforman la misma zona de antros de Mexicali.
La familia tiene conocimiento que los jóvenes acudieron a dicho bar por su propia voz. No volvieron a ser vistos hasta la madrugada del 29 de julio, cuando se indicó que en la colonia Azteca, del Valle de San Luis Río Colorado, se localizaron los restos de dos individuos.
Al día siguiente, viernes 30, familiares se trasladaron hasta esa comunidad y confirmaron -tras una semana de búsqueda- que los cuerpos correspondían a los jóvenes desaparecidos.
Mientras la familia confirmaba el hallazgo, elementos de la FGE localizaron un vehículo Nissan Versa 2018 color gris, con placas de Arizona, con daños provocados por proyectil de arma de fuego.
Tras las indagatorias, se confirmó que el vehículo localizado en las calles de la colonia Maestros Federales -a escasos días minutos del bar Cotorritos- correspondía a los jóvenes.
Por evidentes razones, se presume que fueron levantados al salir del bar y trasladados por sicarios hasta San Luis Río Colorado, Sonora, que aproximadamente una hora de trayecto desde la zona urbana de Mexicali.
Se desconoce dónde fueron asesinados, pero trasladaron sus cadáveres hasta otro municipio para ser abandonados ahí.
INCOMPETENCIA, COMPLICIDAD O AMBAS: FAMILIARES, SOBRE LA FGE
Los casos de Jhosué y Kevin, sin duda han sido los más mediáticos por el propio empuje de sus familiares.
En todos los casos -salvo en los de Raúl y Martín, que fueron localizados muertos- la inconformidad es la misma por parte de consanguíneos, quienes consideran que los elementos de la FGE son incompetentes o cómplices, puesto que han ocultado y desaparecido información de los expedientes.
“No somos abogados y aun así sabemos que están integradas de una manera rellena de oficios, con solicitudes a la Policía, a otras dependencias solicitando información de Kevin y hasta ahí, hay alguna que está la entrevista que me hicieron a mi, a mi esposo, a unos amigos de Kevin, nomás nos dijeron que están realizando, pero no están en la carpeta”, refirió Soraya Ana, madre de Kevin, quien recordó que en una ocasión le enviaron una imagen a WhatsApp de -supuestamente- las cámaras de vigilancia del bar Shots, con la intención de reconocer sí su hijo se observaba en la imagen.
Soraya les respondió que no era posible identificarlo por la calidad de la imagen. Sin embargo, cuando preguntó nuevamente por la evidencia en video, le indicaron que no contaban con ella y que nunca hubo tal.
“Cristobal Ruiz (Ministerio Público) y los agentes nos estuvieron jugando el dedo en la boca, nos dijeron que había videos, que los revisaban y al final nos dicen que no había. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Casi tres meses, y nosotros esperando respuesta de los videos. Es un signo de alarma, no tenemos certeza de que están trabajando, nos mintieron, no tienen nuestra confianza”, refirió Genaro Moreno, quien agregó que buscarán que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, puesto que ha sido recurrente que escondan diligencias como entrevistas que recaban y no las asignan a la carpeta.
Una de las evidencias que logró obtener la familia es por medio del teléfono de Kevin, el cual indicaba que durante los días posteriores a su desaparición fue utilizado en la zona de Valle de Puebla, al Oriente de la ciudad, pero no obtuvieron más detalles.
La señora Aleida Limón es aún más directa al señalar como uno de los responsables al fiscal central, Rafael Orozco Vargas, quien -dijo- minimizó una llamada donde se le solicitó un monto de 12 mil dólares para liberar a Jhosué, que estaba privado de la libertad.
Y es que cuando acudió a solicitar apoyo de las autoridades, se reunión con él en su oficina, cuando era fiscal regional de Mexicali. Ese día escuchó la llamada amenazante y -según la víctima Orozco Vargas le dijo que no hiciera caso porque se trataba de una extorsión.
La ofendida comentó que le solicitaron la fuerte suma de dinero a cambio de Jhosué, pero tenía que seguir las instrucciones para la entrega del dinero en un punto no definido en el Valle de Mexicali. Por la confianza a la FGE, decidió obedecer a Orozco, pero ahora considera que debió apoyarla y -si era necesario- montar un operativo para tratar de dar con los criminales y el hoy ausente, en lugar de minimizar la amenaza.
Desde ese día se arrepiente de haber hecho caso, puesto que siempre se quedará con la duda de que el joven estuviera vivo y que pudieron entregárselo en ese momento.
Del mismo modo, Aleida recriminó a las autoridades que durante los primeros meses no le dieron el apoyo suficiente, puesto que no indagaron hasta el mes de mayo, cuando luego de carearse con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se giraron instrucciones para que la FGE acelerara la investigación, por lo que el caso fue turnado al área de Secuestros, donde cada semana le brindan informes.
Aleida asegura que en su caso existen entrevistas y documentos que “desaparecieron” de la carpeta, como entrevistas e información digital de cámaras. También supo que el primer Ministerio Público encargado del caso, de apellido Paullada, solicitó una licencia y se fue a Estados Unidos cuando comenzó a pedirle informes del caso.
Y es que, según Limón, el primer fiscal al que se asignó el caso comentó que Jhosué estaba vivo y que se despreocupara, pero cuando le pidió detalles al respecto, éste no le contestó.
Al parecer, según la ofendida, tenían conocimiento que el teléfono de Jhosué era usado frecuentemente e incluso hubo algunos puntos donde las antenas arrojaban información sobre su paradero.
El último punto que arrojó fue en los alrededores de un hotel de la Zona Centro, justo frente al Parque Niños Héroes, a escasos metros de la línea fronteriza. Se desconoce sí ahí estuvo Jhosué o sólo una persona que se agenció del celular.
Al respecto, la fiscal de Investigaciones Especiales, Denisse Castañeda Chacón, comentó que no es una cuestión anormal, toda vez que con frecuencia se mantiene cierta información fuera de la carpeta hasta el momento de rendir informes de los casos y anexar los datos nuevos.
Pese a ello, la inconformidad es que además de que no son atendidos, las familias no tienen certeza de los avances que supuestamente llevan a cabo los elementos de la FGE.
De hecho, Aleida Limón aseveró que ha recabado bastante información sobre el caso y la ha proporcionado a la autoridad, para que con base en ello mejoren la investigación, pero no tiene certeza de que esto ocurra.
Sin embargo, reconoció que al menos ya están obligando a acudir a declarar a todos los empleados de La Mañosa para que expliquen lo ocurrido aquel día. Incluso -dijo- fue localizado un taquero que se encontraba en la esquina cuando se suscitó el levantón.
Denisse Castañeda Chacón expuso que en lo que va del año se iniciaron 483 expedientes por desaparición, de los cuales el 60% ya fueron localizados y el resto permanece en misterio. No obstante, esto no quiere decir que la persona sigue desaparecida, puesto que con frecuencia regresan a sus casas y no le informan a la autoridad. No es hasta que los agentes constatan mediante una llamada o contacto que lo confirman.
“Lo que tenemos son las ubicaciones, la cercanía de los antros, como tal el único caso sustraído fuera de un antro es en el caso de Jhosué Limón afuera de La Mañosa, pero los casos en bares fue precisamente en un bar, no necesariamente se les privó ahí”, refirió la funcionaria, descartando que los casos tuvieran relación directa, a la vez de afirmar que las estrategias para atender casos de desaparición han cambiado y ahora todas las personas ausentes reciben el trato de “desaparecidas”.
Sin embargo, el fiscal Ricardo Iván Carpio aseveró que quienes han perpetrado estos crímenes, con frecuencia son personas ligadas al narcomenudeo. Fue preciso al referir que esto no quiere decir que las víctimas realicen una actividad ilícita.
PADRÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD: CCSP Y AYUNTAMIENTO
Tanto el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, como el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Ángel Záizar Prado, dieron a conocer que ya se identificó esta problemática y se está trabajando para plantear estrategias que ayuden a combatirla.
Entre ello, se planteó definir un esquema para reforzar la videovigilancia de la Zona Hotelera e implementar un padrón de guardias de seguridad, esquema no contemplado en toda la entidad y que se deriva de la nula regulación que hay hacia los guardias de seguridad, por ejemplo.
Y es que ambos consideraron que los trabajadores del giro no tienen preparación para mantener el control dentro de los establecimientos comerciales.
De analizarse, es poco lógico que un policía y un guardia tradicional se preparen, cuando los “cadeneros” son contratados libremente y se les faculta para golpear, correr y hasta robar, con total impunidad.
La intención es tener un registro de guardias antreros para así regular su actividad, brindarles capacitación y reducir los altercados dentro de este negocio.
Záizar Prado agregó que se le tiene que invertir al tema de seguridad, pero también a la prevención, pues no se trata de condenar a esta zona turística y generadora de empleos, sino de brindar más herramientas para evitar los conflictos.
En dos ocasiones, ZETA contactó con el presidente de la Asociación de Antros y Bares de Mexicali, Venustiano Anzaldo, para solicitar la versión de su gremio, pero por cuestiones de salud de un familiar, dijo, le resultaba imposible.
Al pedirle una entrevista telefónica, se comprometió a devolver la llamada en cuanto se desocupara de una atención clínica, pero al cierre de edición, no se concretó.
