Falta de información y recopilación exacta de datos, un obstáculo para dimensionar violencia contra miembros de comunidad LGBT+. Con altos índices de discriminación, piden tipificar crímenes de odio
Con el objetivo de tipificar los crímenes de odio en contra de personas de la comunidad LGBT+ en Baja California Sur, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, presentó ante la XVI Legislatura del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado.
En entrevista, el legislador expuso que el tema se abordó en un conversatorio del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), en el cual se enfatizó en los derechos y mejoras pendientes para la comunidad LGBT+.
En dicho conversatorio se expuso que Baja California Sur ha registrado ocho crímenes por orientación sexual en los últimos años.
“Creo que sí es importante considerar los datos que se daban en ese conversatorio, partiendo de la base que la diversidad sexual ha tenido durante muchos años una lucha constante de sus derechos, por ser visibles, por ser considerados”, declaró.
Hizo hincapié en que es importante visibilizar los crímenes de odio con perspectiva, recalcando que la preferencia sexual no debe ser motivo para criminalizar o agredir a las personas en la entidad.
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Díaz mencionó que la tipificación de los crímenes de odio ha estado en la agenda del PT, así como la adopción homoparental y lesbomaternal y el derecho de que parejas del mismo sexo registren a sus hijos e hijas en el Registro Civil del Estado.
Ante la presentación de la reforma, lamentó las expresiones y críticas que han circulado en redes sociales por leyes que buscan garantizar y procurar los derechos de la comunidad LGBT+ en Baja California Sur, a la par de las críticas que se han dado en redes sociales a partir de la presentación de leyes que procuren derechos de la comunidad LGBT+.
“Los derechos de las personas son importantes, independientemente de la preferencia sexual, somos personas, somos seres humanos, y desde esa perspectiva hay que darle tratamiento y seguimiento”, comentó en entrevista.
Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado argumentó que las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ubican a las personas LGBT+ en los primeros lugares entre las poblaciones con los mayores índices de discriminación en México.
Datos de la Conapred exponen que las y los integrantes de esta comunidad están inmersos en contextos de discriminación e intolerancia constante.
La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig) revela que 6 de cada 10 personas LGBT+ fueron discriminadas en el último año del estudio (2018), y el 53% sufrió acoso, expresiones de odio y violencia física en diversos ámbitos.
Aunque existen encuestas, las autoridades consideran que puede haber una cifra negra alta, por lo que la ausencia de datos fiables y exactos sobre los crímenes motivados por la preferencia sexual provoca una falta de visibilidad, conciencia y acción por parte de instancias gubernamentales.
En este escenario, Díaz recordó que BCS ha registrado avances en políticas públicas y leyes a favor de los derechos de la comunidad, como el matrimonio igualitario, reconocimiento de la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión.
“Muchas (leyes), producto de los trabajos titánicos del movimiento LGBT+ en el Estado, sin embargo, estos avances no han logrado eliminar la violencia contra las personas LGBT+ e incluso han provocado reacción por parte de grupos que ejercen acciones de discriminación y violencia homofóbica, bifóbica, lesbofóbica y transfóbica”, expresó en tribuna.
Una de las principales demandas de los colectivos y activistas, es la solicitud de tipificar los crímenes de odio como un tipo penal autónomo, ya que esto permitirá llevar un registro fidedigno de los casos.
“Los crímenes de odio, además del daño que ocasionan a sus víctimas, familiares y amistades, se constituyen en actos ejemplares que buscan enviar una amenaza a quienes pertenecen a esa comunidad”, dijo.
En este sentido, recordó que el Estado mexicano ha aceptado y firmado declaraciones universales de Derechos Humanos que comprometen a las autoridades de cualquier nivel de gobierno a hacer valer y respetar las garantías individuales de toda la población.
Sin distinción de raza, género, preferencia sexual, entre otros, los gobiernos de México tienen que proteger a toda costa estos derechos de sus habitantes, independientemente de su orientación sexual y preferencias de género.
Por último, recordó que la Constitución señala en el Artículo Primero, párrafo Cuarto, “… queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales”.
LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL
El legislador pretende reformar y adicionar los artículos 131, 138, 35 BIS y 205 del Código Penal de Baja California Sur, modificaciones que no sólo contemplan sanciones por asesinatos motivados por la orientación o preferencia sexual, sino lesiones de todo tipo.
En el Artículo 131 del Código Penal contempla el agravante del homicidio por discriminación. Cuando el crimen concurra en circunstancias donde el responsable se vea motivado por odio o discriminación contra la víctima, que lo lleven a perpetrar la conducta se le impondrá de 20 a 35 años de prisión.
En este apartado se especifica que la sentencia se alcanzará cuando se demuestre que el asesinato fue ejecutado en razón de color o cualquier otra característica genética, procedencia étnica, lengua, religión, ideología; nacionalidad o lugar de origen, condición social o económica, ocupación o actividad, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; discapacidad, características físicas o estado de salud de la víctima.
Para tipificar un homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género, se contempla que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, así como el hecho de que le hayan infligido lesiones, quemaduras, escoriaciones, contusiones, fracturas o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
En este punto también se investigará si existen antecedentes o datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima en el ámbito familiar, laboral o escolar por la preferencia sexual.
También se tomará en cuenta si hay antecedentes o elementos de odio, rechazo o discriminación hacia la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
“Se entenderá como desprecio, odio, rechazo o discriminación cuando el sujeto activo realice conductas humillantes o degradantes en contra de la víctima”, establece la reforma.
A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género, se le impondrán de 25 a 50 años de prisión.
BASTA DE SALIR A LAS CALLES CON TEMOR: COMUNIDAD LGBT+
Anteriormente, Colectivo La Paz es Diversa ha expuesto la situación que prevalece por la discriminación y atentados contra la diversidad sexual.
Baja California Sur, enfatizan, no sólo es una tierra donde se registran crímenes y agresiones motivadas por el odio por parte de la ciudadanía, sino que son perpetradas por agentes de las corporaciones de Seguridad.
“Ya basta de salir a las calles con temor de ser víctimas de los agentes de Policía estatales y municipales, que por años nos han violentado, robado, acosado y violado”, establece la asociación.
Datos del Endosig 2018 indican que 3 de cada 10 personas encuestadas manifestaron haber experimentado un trato discriminatorio por parte de la Policía. Los interrogatorios sin motivos aparentes, son el tipo de reporte más frecuente.
Señalan que en BCS, las y los agentes policiacos pueden detener a una persona si considera que se está atentando contra la buena moral y las buenas costumbres.
“Esto nos vulnera, ya que deja a criterio de cada agente de Policía lo que considere como buena moral o buenas costumbres”, añaden.
La Paz es Diversa tiene reportes anónimos sobre abusos policiales contra personas trans, particularmente mujeres. Detallan que son detenidas arbitrariamente por considerar que se dedican al trabajo sexual. Por la falta de capacitación, conocimiento, sensibilización, así como por la revictimización y discriminación, aseguran que no se acercan a denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“Exigimos que las autoridades estatales y municipales, reciban capacitaciones bajo la Norma Mexicana en igualdad Laboral y no Discriminación, NMX-R025-SCFI y sobre diversidad sexual, de la mano de organizaciones de la sociedad civil LGBT+, y que las personas que no estén de acuerdo con estos protocolos o no los apliquen al recibir denuncias por discriminación LGBT+, sean removidas de sus funciones”, manifestó el Colectivo.
Por último, activistas recalcan que es responsabilidad de las autoridades brindar seguridad, sin embargo, eso no es una realidad en Baja California Sur.
“Agente, tú que estás escuchando, mientras nosotros les tenemos paciencia, ustedes a nosotros nos están matando”, finalizaron.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, son escasas las quejas por discriminación o violencia por orientación sexual en la entidad, sin embargo, consideran que la cifra debe ser mayor.
