El Gobierno del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana están rebasados por la inseguridad, aunque la violencia de los cárteles de la droga también se ha extendido y arreciado en municipios como Tecate y Ensenada.
En el Pueblo Mágico, el fin de semana anterior, el Cártel Jalisco Nueva Generación intentó dar “muestra” de su poderío, incendiando casas, levantando personas, dejando pintas con narcomensajes en viviendas particulares, sembrando el terror a plena luz del día con camionetas y encapuchados criminales por varias zonas del municipio. La alerta fue tal, que aparte del Ejército Mexicano, entró al quite de la prevención disuasiva, la Marina de México, recorriendo las calles para ahuyentar a los criminales.
Aun en otra dimensión, pero no menos violenta, es la situación en Ensenada, particularmente en sus valles y sierras que integrantes de los cárteles y el crimen organizado utilizan para trasegar, producir y distribuir droga, sin dejar de considerar el puerto marítimo que es también una vía de acceso a los productos ilícitos.
Junio de 2022 ha sido el mes más violento para la entidad federativa gobernada por primera vez por una mujer, la morenista y abogada Marina del Pilar Ávila Olmeda. Fueron 202 personas ejecutadas a manos del crimen sólo en Tijuana, a manos del narco o la delincuencia común ya envalentonada por la impunidad que prevalece en la solución de los asesinatos en Baja California y México en general.
Hasta el 14 de julio, 69 han sido los homicidios dolosos cometidos en la fronteriza ciudad, con toda impunidad.
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Ni Baja California ni Tijuana han abandonado los primeros sitios en las estadísticas de estados y ciudades más violentas, con más asesinatos, más robos de vehículos, feminicidios, desaparecidos. Números que son oficiales, obtenidos mayormente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y que son muestra palpable (por lo menos en el papel con membrete oficial) de que los gobiernos estatal y municipales, están rebasados por la inseguridad y el crimen.
Es evidente que no se trata de un tema de grilla política, como cuando Jaime Bonilla Valdez gobernaba y culpaba a la entonces alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, de ser el origen de la inseguridad; hoy día el Pueblo Mágico, administrado por un pupilo del ex mandatario, está igual o más inseguro, y el frecuente cambio en la titularidad de la Dirección de Seguridad Municipal se ha convertido en la constante del alcalde Darío Benítez (lleva tres en menos de un año), que seguido se enfrenta verbalmente con el fiscal general del Estado, Ricardo Carpio, en lugar de coordinarse para un mejor patrullaje, prevención e investigación de lo que en esa demarcación sucede.
Caso similar es el de Tijuana. El ex gobernador culpaba de la inseguridad y los homicidios en la ciudad al entonces presidente municipal Arturo González Cruz, pero con junio de 2022 rompiendo récord de asesinatos en la ciudad -202, la alcaldesa y también ahijada política de Bonilla, Montserrat Caballero, reconoció hace unos días -porque “no se puede tapar el sol con un dedo”- que la estrategia de seguridad ha fallado.
Quien no se hace responsable del tema de seguridad, al menos no públicamente, es la joven gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aun cuando reinstauró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo cual el Poder Ejecutivo que ella encabeza cuenta una vez más con una fuerza pública, y propuso para independencia de la administración anterior a Ricardo Iván Carpio Sánchez como fiscal general del Estado, por alguna razón ha decidido no encabezar a la vista de los bajacalifornianos el tema de la seguridad.
Instauró una conferencia semanal exclusivamente con el tema de seguridad (o la inseguridad), en la cual estaban presentes por lo menos los encargados del área en el ámbito estatal, el secretario de Seguridad, General en el retiro Gilberto Landeros Briseño, y el fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez.
En ninguna ocasión, Ávila ha asistido a esa conferencia, titulada por su equipo como Impunidad Cero, a pesar de que las cifras de homicidios y comisión de delitos no favorecen a su gobierno, sino todo lo contrario.
Aparte, a pocas semanas de haberse activado la conferencia Impunidad Cero, los miembros de la misma ya se distanciaron. Es evidente, incluso de manera pública, el resquemor y falta de coordinación entre Landeros y Carpio. Prácticamente no se hablan ni para acordar lo esencial en bien de la seguridad en Baja California. El desencuentro ha llegado a tal grado, que una semana la conferencia de seguridad la ofreció únicamente el titular de la FGE y, a la siguiente semana, en solitario, el General Landeros.
Resulta entonces que la gobernadora no sólo está rebasada por la inseguridad ante la falta de coordinación y una estrategia integral por parte de sus colaboradores, el fiscal autónomo tampoco ha sido capaz de ser factor de unión entre las fuerzas armadas y públicas que cada quien, en su dirección, actúa para combatir la inseguridad.
Un buen hasta aquí debería poner Ávila Olmeda en una de sus estancias en Baja California, a los mandos de todas las corporaciones, particularmente la suya en Seguridad Pública y la autónoma en la FGE, para que se dejen de enconos y se coordinen esfuerzos, y de paso convocar, como cabeza que es de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Baja California, a los mandos municipales, militares, de la Marina y federales que en el Estado se esfuerzan, sea con más elementos o con estrategia en solitario, por lograr algo de tranquilidad para la ciudadanía.
Pero lo que sí es una realidad es que gobernadora y alcaldes están rebasados por la inseguridad, y no se les ven trazas de siquiera querer coordinarse; como los mandos de seguridad y procuración de justicia. Cada político, cada titular, anda por su lado, para goce y disfrute impune de narcotraficantes, narcomenudistas y criminales en general, en una entidad federativa que ahora sí parece tierra de nadie.
