Fuera del marco procesal, con documentos llenos de irregularidades y elementos de la FGE notificaron a la juez Lourdes Molina, en su domicilio particular y no en el procesal, sobre su remoción del cargo; la juez presentará un amparo
Supuestamente, el cuatro de julio de 2022 durante una sesión extraordinaria, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, del poder Judicial de Baja California “aprobó por mayoría de votos la remoción del cargo de Juez Primero de lo Civil de primera instancia del Partido Judicial de Tijuana”, María de Lourdes Molina Morales.
Sin embargo, se desconoce el motivo de la remoción porque en los documentos -que no estaban foliados- de la notificación, olvidaron adjuntar las razones de la votación, los argumentos de los magistrados quienes votaron el punto de acuerdo, ni siquiera la sentencia, que era lo correspondiente para el tipo de proceso administrativo que enfrentaba la juez.
Además, ignorando que el domicilio procesal de Molina Morales estaba en Mexicali, acudieron a notificarla, con dos hojas sin folio, a su domicilio particular con elementos de la Fiscalía General del Estado, en camionetas blancas tipo pick-up con estrobos.
La persona que llegó hasta el hogar de Lourdes Molina, se identificó cómo Francisco Castro Muñoz, aunque en la hoja que entregó cómo identificación era ilegible; este presunto trabajador de confianza del Poder Judicial, le leyó la notificación, mientras ella estaba abordo de su automóvil y el hombre, afuera de la privada con las unidades con estrobos.
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Molina Morales cuestionó al apoderado del presidente del PJBC, Alejandro Isaac Fragozo López, por qué la notificaban en su domicilio particular y no en el procesal; la persona tartamudeo y luego le respondió que mañana, jueves 7 de julio, también la notificarían en el procesal.
María de Lourdes declaró a ZETA que dichos procedimientos carecen de legitimidad jurídica, ya que no cumplen con los procesos que marca la ley, para su defensa continuará por la vía del amparo ante un Juez de Distrito, del Poder Judicial Federal; donde ya tenía un recurso para su defensa contra la suspensión inicial.
ENROQUE DE JUECES
El 3 de febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó un enroque de jueces, lo que causó gran molestia entre algunos impartidores de justicia, entre ellos la propia Lourdes Molina, la cual fue enviada al Juzgado Primero en materia civil; anteriormente estaba en el décimo mercantil.
Cómo represalia por hacer pública su inconformidad con el reacomodo de juzgadores, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado determinó la suspensión provisional a María de Lourdes Molina por tres meses, argumentando que la juez se negó a cambiarse de Juzgado del Décimo Mercantil al Primero civil.
De acuerdo con la notificación que le fue entregada al primer secretario del Juzgado Primero, a la cual tuvo acceso ZETA, la suspensión contempló que por los siguientes tres meses se le estará pagando a la juez el 30% de su sueldo, por el tiempo en que se desarrolla una investigación para iniciarle un proceso sancionador.
En el documento se expresa que una de las razones para la suspensión fue haber atendido a este semanario y a un notario público, brindando información pública del juzgado y el acceso al juzgado décimo mercantil cuando ella era la titular.
También aseguraron en el documento que presuntamente Molina Morales le ordenó al personal del órgano que no recibieran al secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. Su suspensión provisional por tres meses habría concluido el viernes 10 de junio de 2022.
SUSPENSIÓN POR 25 DÍAS…
El lunes 13 de junio en un documento, sin la firma de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, entre otras irregularidades, el mencionado grupo colegiado notificó a María de Lourdes Molina Morales, jueza de primera instancia en materia civil, que se le volvía a suspender por 25 días del cargo.
El documento constaba de cuatro hojas, sin folio y sin enumerar; sin preámbulo, que es el concepto inicial de en este tipo de oficios, donde debería incluir: nombre de los participantes en el acto y la persona que da fe pública del hecho, que en estos casos es el secretario de acuerdos.
De acuerdo con el documento irregular, el pleno del Consejo (sin mencionar quienes lo integran) “por unanimidad aprobó lo siguiente”:
“Autoriza y subsista la suspensión de la licenciada jueza María de Lourdes Molina Morales, como jueza de primera instancia de lo civil del poder judicial de Baja California, por un plazo de 25 días naturales más, contados a partir de la autorización por este cuerpo colegiado”, de acuerdo con el documento el acta se generó el día 10 de junio de 2022 y fue certificada tres días después, este lunes.
Según se argumenta en el acta, el magistrado presidente (Alejandro Isaac Fragozo López) -sin el nombre o firma de este-, solicitó al Consejo de la Judicatura, que se considerará la suspensión por 25 días, cómo lo solicitó previamente el Comité de Investigación, para que el grupo pueda desahogar las pruebas, “sí hay testimonios que ha estado recogiendo y que ellos mismos lo piden”.
