Las autoridades interpusieron una multa de más de 38 millones de pesos, pero los dueños del centro de salud han hecho caso omiso
La clínica Jerusalem, donde murió María José Chacón Herrera, esposa del cónsul de Guatemala en Denver, Colorado, Henry Ortiz, tenía suspensión desde el 31 de enero y clausura definitiva desde el 20 de abril; sin embargo, seguía realizando cirugías estéticas.
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Los hechos sucedieron el 5 de julio, cuando Chacón Herrera acudió a realizarse una cirugía estética, pero presentó complicaciones y tuvieron que llamar a la Cruz Roja, en donde murió.
El 6 de julio, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que se abrió una carpeta de investigación contra los dueños de la clínica, por romper los sellos de clausura interpuestos por la misma FGE y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris)
Pero las faltas de la clínica se vienen registrando desde enero de este año. De acuerdo con información obtenida por ZETA, el 31 de enero se suspendieron operaciones por parte de Coepris, ya que no tenía licencia sanitaria, no había responsable médico ni en Farmacia, y hacían uso de medicamento exclusivo para hospitales.
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“El hospital no cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado ni presentaba licencia sanitaria vigente, además de carecer de aviso de funcionamiento; en el caso de la farmacia, no tiene licencia sanitaria ni responsable, además se encontraron más de 800 medicamentos de uso hospitalario exclusivo, sin autorización correspondiente”, precisó la fuente.
El 4 de marzo Erwin Areizaga, titular de Coepris, dio aviso a la Fiscalía General del Estado de que la clínica había roto los sellos de clausura, por lo que el 31 del mismo mes la FGE procedió a clausurar nuevamente.
El 20 de abril, la clínica quedó suspendida de manera definitiva, ya que nadie se presentó a comparecer ante Coepris por lo señalado, y se estipuló una multa de 38 millones 550 mil 450 pesos, a lo cual hicieron caso omiso los propietarios de dicho nosocomio.
“La institución no contaba con ambulancia, ni contrato para ese servicio, además de carecer de las comisiones y comités protocolizados internos para operar, ya que en caso de que suscitara una emergencia -como ocurrió- no podrían actuar con la eficacia necesaria”.
“A esto se suma el hecho de que había personas ejerciendo la práctica médica y de enfermería sin contar con título y cédula profesional que los acreditara; además el establecimiento no cuenta con libros de control de psicotrópicos y estupefacientes, ni de recetarios autorizados al momento de realizar la verificación sanitaria”, detallaron a este Semanario.
El miércoles 6 de julio se realizó un cateo al interior del nosocomio para integrar el historial médico de la paciente fallecida y determinar la causa de muerte, junto con la necropsia correspondiente.
