En los gobiernos de Morena, integrantes de
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los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación son los autores de los asesinatos
de oficiales y agentes del orden en Baja
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California. El 54% de las carpetas de
investigación no registran avance; en 36% de
los expedientes, las policías municipales
detuvieron a los homicidas en flagrancia,
ninguno ha sido sentenciado. Jefes de célula
y autores intelectuales no han sido acusados
“Este fue el que mató al oficial GN, así van a quedar los Rs del Pedrito y el Puma, atte CDS” fue el mensaje que dejaron los asesinos de Víctor Núñez Burgos “El Scrappy”, quienes también pegaron con cinta adhesiva en el pecho del cadáver, una credencial oficial con su nombre y fotografía.
El cuerpo se localizó el 8 de julio en la colonia Parque Industrial El Florido I, sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate, dentro de la cajuela de un Nissan Sentra color rojo, después que una llamada al C4 informara de un vehículo “abandonado del que escurría sangre”.
En la cajuela fueron localizadas tres huellas que aún se analizan. El reporte forense indicó que “El Scrappy”, con dos antecedentes por posesión de arma, lesiones calificadas y robo con violencia, presentaba heridas perforantes en tórax, cuello y de frente a la cara que debieron desfigurarlo -identidad pendiente de confirmación-, y que lo habían matado en las últimas 24 horas previas al reporte del hallazgo del cuerpo.
La amenaza en la cartulina fue dirigida a dos de los cabecillas de la célula conocida como “Los Erres”, identificada en el organigrama criminal de Baja California desde 2008, quienes han delinquido en la Zona Costa con el Cártel Arellano Félix, con el de Sinaloa, o se han rentado como homicidas independientes y en fechas recientes de aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La célula es encabezada por los múltiples veces detenidos y liberados, medios hermanos Javier Adrián Beltrán Cabrera “El Pedrito” e Isaac Alhiu Chávez Cabrera “El Puma”.
Por las ganancias de la venta de droga, los del CJNG se están enfrentado en la Zona Norte y colonia Castillo de Tijuana contra Edwin Antonio Rubio López “El Max” y un sujeto apodado “El Ranchero” -quien no ha sido identificado- del Cártel de Sinaloa; además de David Jiménez “Cabo 20”, del Cártel Arellano Félix (CAF), aliado con “Los Chapitos”.
Todos los cabecillas de traficantes antes mencionados, han sido mencionados en diversas carpetas como jefes de los homicidas de policías, pero ninguno ha sido acusado como autor material.
Desde el 10 de junio (edición 2515 de ZETA), Núñez había sido identificado como el autor material del homicidio de Francisco Ramos Labrador -perpetrado el 1 de junio-, elemento de la Guardia Nacional (GN) asesinado a balazos en la colonia Castillo, frente a un punto de venta de droga.
En ese primer momento también se conoció de la existencia de un video que mostraba cómo otros elementos de la Guardia, encabezados por el inspector Samuel Comparán Barriga, habían intervenido y ayudado a huir a uno de los presuntos responsables, Abdías Ojeda Sánchez “El Mascarita” – con dos antecedentes por portación de fusil y uno por narcomenudeo- , vendedor de droga con quien el guardia tuvo el primer contacto y empezó a jalonear y pelear antes de que llegara Núñez y le quitara la pistola para dispararle.
La orden de aprehensión de Ojeda Sánchez, sigue pendiente de ejecución.
“Son homicidas, traficantes de droga, matando a sus competidores y aprovechando para fingirse justicieros”, expuso un integrante de las Mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, respecto al narcomensaje.
El caso de este elemento de la GN es una muestra de la resistencia y cerrazón que usualmente presentan las mismas corporaciones para dar seguimiento a las indagatorias en las muertes de policías, y de acuerdo a lo manifestado por un investigador, “hay excepciones” pero la familia y los compañeros suelen ser los principales obstáculos para dar seguimiento a las carpetas. No es poco común que contaminen las escenas del crimen, lo más usual es que se lleven los teléfonos celulares.
Ramos Labrador iba acompañado por otro militar, pero el testigo no expuso todo lo que vio; no reportaron el homicidio cuando sucedió ni solicitaron apoyo. Posteriormente, elementos de la misma GN localizaron en el hotel frente a la escena del crimen a uno de los matones, platicaron con él y lo ayudaron a conseguir dinero para transporte y un taxi para irse.
Cuestionado al respecto, el fiscal de Homicidios, Miguel Gaxiola, se limitó a comentar: “Lo que te puedo decir es que, a pesar de las inconsistencias, gracias a varios videos pudimos dar seguimiento e identificar a los presuntos responsables, y es lo que hemos hecho en las seis carpetas de agentes asesinados que se han iniciado bajo la presente administración”.
Cincuenta elementos de las corporaciones de seguridad han sido asesinados en Baja California en lo que va del periodo morenista – de noviembre de 2019 al 13 de julio de 2022-, seis de esos agentes fueron victimados en nueve meses del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y Ricardo Iván Carpio Sánchez como fiscal general del Estado.
Actualmente, los 50 expedientes iniciados se encuentran en la impunidad, ya que ninguno de los sospechosos ha sido declarado culpable.
En 18 carpetas existe uno o más presuntos responsables detenidos y vinculados a proceso de juicio oral, en ninguno de los casos el Ministerio Público ha terminado por probar la responsabilidad.
Del total mencionado, 27 expedientes están en proceso de investigación, lo cual significa que la indagatoria permanece estancada, no registra avances ni sospechosos identificados. De acuerdo a lo manifestado por algunos investigadores, en la anterior administración- fiscal Guillermo Ruiz Hernández- hubo casos en los que recibieron orden específica de no continuar, particularmente en las muertes de agentes de la Fiscalía General del Estado.
*Algunas carpetas registran al mismo tiempo: detenidos bajo proceso y órdenes de aprehensión activas, u homicidas abatidos y otros con orden de aprehensión activa
“El viernes 8 de julio, durante la firma del convenio para garantizar la seguridad social con la Federación Policial, el fiscal Ricardo Carpio se comprometió a cuidar a los que nos cuidan, y dio la instrucción de revisar los avances en las carpetas donde las víctimas han sido oficiales. Estamos en ese proceso y nos hemos encontrado casos como los de Rosarito, sobre todo Tecate, donde hay casi nada”, comentó el fiscal especializada en Delitos contra la Vida, Miguel Gaxiola.
“Empezamos a detectar casos -viejos- en los que se encontraron algunas coincidencias balísticas o videos, pero igual no continuaron. En esas carpetas, se ha dado instrucción especifica de agotar los indicios, interrogar a los detenidos de los otros hechos delictivos que resultaron relacionados con el fin de que avancen”, complementó.
Algunos de los asesinatos de policías que resultaron con coincidencia balística en otros homicidios, fueron los de Juan Francisco Ibarra y Juan Martínez Medina en Ensenada; Ricardo Damián Cabrera (Rosarito); Juan de Dios Rivera, Manuel Aragón, Olivia Martínez; sí como el doble ataque a los escoltas Pedro Gutiérrez y Rosalba Santillán (Tecate).
“En nuestra administración, la instrucción ha sido no dejar ninguno de estos asuntos sin resolver, de las deis carpetas que se han iniciado, en tres hay detenidos y vinculados a proceso, en otras dos ya hay órdenes de aprehensión activas”, agregó Gaxiola.
El fiscal se refiere en la mayoría de los casos, a presuntos homicidas detenidos por la Policía Municipal en flagrancia y vinculados por la FGE:
– Los cuatro atacantes detenidos -dos por la Municipal y dos por la FGE- y procesados por el asesinato de Víctor Ahumada Cabrera, policía municipal de Tijuana.
– Los dos aprehendidos por la Municipal por el homicidio de Alfonso Portillo.
– Los dos capturados por agentes municipales por la muerte de Jaime Guzmán Cuenca.
– Las órdenes de aprehensión en contra de Víctor Núñez Burgos “El Scrappy” (presuntamente asesinado) y Abdías Ojeda Sánchez “El Mascarita” por la muerte dolosa de Francisco Ramos Labrador, elemento de la GN.
– Luis Ángel y Jesús Ángel Coronado Soto, detenidos por agentes de la FGE cuando regresaban de recoger un teléfono que dejaron en la escena donde, de acuerdo a las indagatorias, participaron en el homicidio del agente de la FGE, Felipe Sánchez Amézquita, el 16 de noviembre de 2021. En este caso queda orden de aprehensión pendiente en contra de Freddy Renova Villa.
En el caso de Ricardo Damián Cabrera “El Perrero”, asesinado antes de las seis de la mañana, cuando salía de su domicilio en la colonia Aztlán en Rosarito, a manos de por lo menos tres sujetos, quedó grabado en video. De manera extraoficial sostienen el posible involucramiento del ex marido de la pareja del uniformado, quien lo había amenazado de muerte en repetidas ocasiones por diferentes vías, pero los investigadores no han encontrado elementos de prueba para relacionarlo, por lo cual la indagatoria permanece estancada.
EN EL DESAMPARO
ZETA conversó con líderes de fraternidades y asociaciones policiacas en Baja California, donde sólo en Mexicali reportaron dar seguimiento ante la FGE de los casos de agentes asesinados.
“Presentamos personalidad jurídica, nos volvemos asesores jurídicos de los familiares directos de la víctima -cuando ellos lo piden o lo aceptan-. Actualmente traemos tres asuntos de Daniel Martínez, Luis Quintero Machado y otro; preguntamos periódicamente y no hemos tenidos respuesta de quiénes fueron los autores de los arteros crímenes. Los mataron dentro o en el perímetro de su casa, las razones las desconocemos, pero al momento no han identificado o detenido a los responsables de los crímenes”, detalló Luis Antonio Navarrete Castillo, presidente de Fraternidad Policiaca.
De los agentes asesinados, “en Tecate existe amarillismo y pura presunción, nada como pruebas, no se ha dado seguimiento ni a sus familias, pero por los temas nobles que manejamos de la seguridad social, no tocamos el avance de los homicidios, pero cuando suceden, tenemos que seguir haciendo cooperación, porque el Ayuntamiento sigue incumpliendo obligaciones”, indicó Jesús González Anaya, de Fuerza Fraternal Tecate.
“Estamos en el desamparo”, agregaría.
“Hay una deuda histórica de los gobiernos en el esclarecimiento de los asesinatos de policías, somos ciudadanos como todos, pero representamos a una autoridad y debemos ir más allá en el mensaje que mandamos al interior de las policías. Te pone a pensar si valdrá la pena arriesgar mi vida para cumplir con el deber, es una realidad, al momento de subirte a la patrulla no sabes si vas a regresar”, resumió Miguel Valdivia Villaseñor, de la Asociación Profesional de Investigadores y Afines de Baja California (APIABC).
“Decir ‘andaba en malos pasos’ o ‘es de dudosa moralidad’, es otra cosa”, sentenció.
Y citó un ejemplo:
“Caso Tecate, los dos escoltas del jefe de la Policía en Tecate hace dos años, estaban uniformados y los mataron en la patrulla, y lo que le da el gobierno a la familia son 9 mil pesos y se deslindó; 9 mil pesos divididos entre dos, es lo que vale la vida de un policía, y no han detenido a nadie. Es muy triste porque el mensaje a la ciudadanía es muy claro, mataron a un policía y nada. La ciudadanía va a pensar ‘¿Qué me queda a mí?’”.
El representante de APIABC destacó que las familias de los agentes caídos que no reciben justicia penal, tampoco reciben justicia social; en el mejor de los casos, apenas a partir del año pasado, les otorgaron seguros de vida de 270 mil a 300 mil pesos – para agentes de FGE 500 mil pesos-, con los que deben pagar también gastos funerarios.
Además, las familias de víctimas actuales son puestas en lista de espera, porque muchos agentes murieron antes y sus deudos tampoco han sido compensados.
“En algunos casos la aseguradora los obliga a dar vueltas durante un año, los traen de un lado a otro, no les piden los trámites por escrito ni se los firman, para que se les pase el tiempo y su derecho a recibir el dinero prescriba”, reclamó Valdivia Villaseñor.
SIN RESPONSABLES SENTENCIADOS
El 4 de marzo en San Diego, California, Jesse Gómez fue sentenciado a pena de muerte -suplida por cadena perpetua porque en California está prohibida- por el asesinato de un policía en julio de 2016.
En Baja California, de acuerdo a lo informado por autoridades, la sentencia más reciente data del 9 de marzo de 2021, contra Uriel Ordoñez Jiménez y Enrique Javier Virgen Medina, detenidos en medio de la persecución y balacera en la que el agente municipal del área de Inteligencia, César Gallardo Rodríguez, fue asesinado en la Zona Este de Tijuana, en medio de un mercado sobre ruedas suscitado el 16 de diciembre de 2018.
Los homicidas fueron sentenciados a 107 años de cárcel cada uno y el pago de 855 mil pesos por reparación del daño.
Manuel Fernando Fimbres Noriega “El Junior”, líder de célula, fue abatido en el mismo operativo, pero el jefe criminal del grupo de sicarios, identificado en aquel momento como Luis Mendoza Uriarte “Güero Chompas”- continúa activo en la misma zona- no fue acusado ni incluido en la carpeta de investigación.
— Algunos voceros de Causa Común han mencionado públicamente que sólo se resuelve el 2% de los casos de homicidios de policías…, planteó ZETA a Marco Galindo, investigador de esa organización no gubernamental.
“No podemos saber con precisión porque en México no tenemos un sistema que nos permita dar seguimiento a los casos. No tenemos fuentes de información que nos permitan saber cuántos casos se llevaron a juicio y lograron sentencias condenatorias. La sociedad no está acostumbrada a exigir ese tipo de información, creemos que cuando se detuvo a un presunto criminal ya se hizo justicia, peor no es así. Pueden quedar libres o no ser los responsables, o las fiscalías pueden no estar en capacidad de entregar las evidencias que prueben la responsabilidad”, respondió.
En el informe presentado por Causa Común en marzo de 2022, se reporta que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril del año en curso, mil 556 elementos de corporaciones de seguridad han sido asesinados.
“Trabajamos con reportes de prensa, la cobertura de los juicios en medios de comunicación también es muy limitada, mayormente se quedan en el informe de las aprehensiones. Deberían poder entrar a los juicios orales, escuchar las pruebas presentadas por las fiscalías, pero sabemos que no siempre es así” agregó Galindo.
“La impunidad se da cuando el responsable del delito no es sancionado, no llega a sentencia y a la ejecución de la misma. En ese sentido, la impunidad es generalizada en todo el país”.
El investigador de Causa Común concluyó:
“La creencia es que el gobierno tiene la información de los casos de detenidos sentenciados, que cruzan datos de las fiscalías y el Poder Judicial, pero la verdad es que en general no tienen un sistema para hacer ese cruce de información. Querétaro tiene un sistema bastante efectivo, que es lo más parecido a este cruce de información, pero cada Estado debería crear Unidades de Desarrollo de Software adecuadas a las necesidades de cada institución, con este fin”.
