Como en anteriores administraciones, el Plan Estatal
de Desarrollo que la gobernadora Marina del Pilar
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presentará el lunes 6 de junio recoge promesas de
campaña, sin concretar políticas públicas que las
harán realidad. Es posible que queden sólo en
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propuestas políticas, señala académico de la UABC
El próximo 6 de junio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentará el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 en el CEART Tijuana, en el cual recabó 82 por ciento de las 8 mil 294 propuestas de 15 mil 372 participantes en la consulta ciudadana que contempló a población de todas las edades y género, así como instituciones, organizaciones civiles y académicas.
El documento, considerado como la “hoja de ruta” de su gestión, plantea diez políticas públicas que pretenden incrementar el bienestar de la población, aunque no en todos los rubros se establecen medidas cuantitativas que pudieran, en el futuro, determinar con claridad el avance en el cumplimiento de las metas.
En opinión del investigador Martín Vera Martínez, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), faltó “profundizar” y “concretar” algunos temas importantes y, sobre todo, detallar cómo se instrumentarán ciertas políticas ante el riesgo de que una buena parte del Plan Estatal de Desarrollo quede en una propuesta política, sin condiciones para que se concreten muchos de sus planteamientos.
El especialista señaló que si bien aún faltan los planes sectoriales para aterrizar los compromisos del actual gobierno, en el documento del Plan Estatal había espacio para ser menos genérico en algunos temas, habida cuenta que tiene más de 600 páginas y es el más extenso que se ha presentado en las dos anteriores administraciones.
Cuando hablan del Sistema Estatal Anticorrupción, “queremos entender que sería inducir al Congreso a emitir las convocatorias para ocupar las vacantes que están desde hace dos años”, o impulsar el servicio estatal de carrera, que si bien se menciona en el documento, no se aborda si se expediría una Ley o cómo se implantaría.
En el apartado del Combate Frontal a la Corrupción, el documento plantea como uno de los resultados implementar y operar un estándar de datos para las contrataciones abiertas que permita la divulgación de datos y documentos en todas las etapas del proceso de contratación. La difusión en medios digitales sobre los mecanismos y canales de comunicación para presentar quejas y denuncias; y que operen 500 comités de Contraloría Social para supervisar y vigilar las acciones de gobierno.
Además de reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California para generar un marco legal apegado a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que brinde las bases para una coordinación en el combate a la corrupción, y aplicar el mecanismo follow the money en programas presupuestarios.
No obstante, el documento no establece una meta de cuánto espera que estas acciones contribuyan a disminuir el porcentaje de la población que considera que las prácticas corruptas en el Gobierno del Estado son muy frecuentes, y éste se limita a señalar una línea base, en la que Baja California se encuentra en el lugar 22 a nivel nacional.
Pese a que Vera Martínez indicó que el Plan no exhibe la metodología para hacer el cálculo de los indicadores cuantitativos, lo que genera que “la definición de muchos indicadores es ambigua y arbitraria”, considera un avance que el documento haya integrado el capítulo de indicadores.
“Es algo muy deseable” y “un gran avance en lo metodológico”, ya que casi ningún Plan Estatal contempla el rubro, señalando la población y los objetivos.
Otra buena práctica del documento, es que tomó en cuenta diversas leyes, como la de Contabilidad Gubernamental y de Hacienda, así como los nuevos lineamientos sobre política social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e incluso “es el primero que utiliza una metodología que se llama marco lógico”, observó Vera, aunado a que su elaboración fue producto de una amplia consulta ciudadana.
ÍNDICES DELICTIVOS REDUCIRÁN 30%
En la política pública de Seguridad Ciudadana y Justicia, el gobierno estatal tiene la intención de “revertir la tendencia de los últimos años, caracterizada por el incremento de delitos y violencia”, por lo que se compromete a reducir en 30% los índices delictivos, para que Baja California se ubique en el lugar 15 a nivel nacional.
Al respecto, el diputado priista Román Cota Muñoz consideró que la meta podría ser “hasta ambiciosa cuando hemos visto que la tendencia de cada administración es ir al alza en la incidencia delictiva”.
En su opinión, “lo ideal sería que en nuestro Estado se redujera 100 la inseguridad, que fuera un Estado donde realmente pudiéramos caminar, las mujeres estar seguras”, pero “hay que ser también realistas, no se puede cambiar de la noche a la mañana”, por lo que la meta planteada seguramente tiene una justificación “metodológica y científica”, con base en la infraestructura y recursos con los que cuentan las dependencias en la materia.
Como uno de los resultados a lograr, el gobierno estatal incrementará en 30% las redes ciudadanas en colonias con mayor índice delictivo; operará el Centro de Prevención Social de las Violencias; aumentará 10% anual la recuperación de espacios públicos y disminuirá en 30% la violencia contra los grupos vulnerables.
Asimismo, se compromete a que opere el C5, con 10 mil cámaras funcionando, y a implementar en el 100% de los vehículos policiales, dispositivos GPS, “a fin de eficientizar rutas, controlar consumos, monitorear tiempos de reacción y realizar patrullajes estratégicos”, y planea reducir 80% la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
EN SALUD RETOMAN MÉDICO EN TU CASA
Pese a estar enlistada como segunda política pública, Salud y Calidad de Vida plantea en la mayoría de los logros, avances más enunciativos que cuantitativos.
El gobierno pretende ampliar la cobertura de salud a la población vulnerable y migrantes. Fortalecer la infraestructura y equipamiento para hospitales, que operen las UNEME de Tijuana y Mexicali, así como la conversión de la Clínica Tecate a Hospital Integral; fortalecimiento de la telemedicina y la implementación del programa Médico en tu Casa, con el que pacientes vulnerables serán atendidos por un equipo multidisciplinario, y se promete que habrá medicamentos.
El académico Vera Martínez señaló que Médico en tu Casa “ha fracasado desde que se ha intentado implementar, particularmente en Ciudad de México”. Dijo que con la desaparición del Seguro Popular, mucha gente quedó ajena a los servicios de salud y este programa en el que según el Plan Estatal, la única responsabilidad es del Issstecali, no sé sabe cómo se ejecutará.
“Creo que es un propósito simplemente retórico, diría hasta demagógico. No deja de ser un buen deseo, una frase, porque no hay una explicación de cómo se dará la estrategia”, advirtió.
Cuestionada sobre la falta de cuantificación de los indicadores, particularmente los de salud, Brígida Fernández Rubio, directora del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), “no era el propósito del Plan decir cuánto, los indicadores como tal se plantean en el Plan en una fecha técnica, y ya será un trabajo técnico de conocer durante el proceso de gestión cuánto disminuyó”.
Y aseguró: “Lo importante es que aquí el indicador dice que debe disminuir, entonces, lo que yo evalúo año con año es que vaya disminuyendo” respecto a la línea base marcada.
Si bien, la diputada Montserrat Rodríguez Lorenzo reconoció algunas de las estrategias en materia de salud, tendientes a acercar los servicios a la población en ubicaciones remotas y la aplicación del programa Médico en tu Casa, le hubiera gustado “ver un proyecto hospitalario en Tijuana, San Felipe o San Quintín”
Por su parte, el legislador priista Ramón Cota Muñiz destacó que en cada uno de los diez ejes temáticos hay acciones que persiguen un beneficio colectivo, principalmente el empoderamiento de madres solteras o trabajadoras en situación vulnerable.
CON RETRASO Y SIN DISCUSIÓN, CONGRESO AVALA PLAN
Con 22 días de retraso fue publicado el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, incumpliéndose el plazo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Planeación, que señala que dicho documento “se elaborará y publicará dentro de los seis meses siguientes a la toma de posesión del gobernador del Estado, y su vigencia será de seis años a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”.
El retraso resulta inexplicable si se considera que la gobernadora envió el documento el 25 de abril (cinco días antes de que feneciera el plazo) y los legisladores no le cambiaron ni una coma; es más, la mayoría ni siquiera expresó una opinión sobre el texto durante los cerca de 20 minutos en que se discutió y votó.
Cuestionada sobre el retraso, Rocío Adame, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rechazó que hubiera tal retraso, y afirmó que el plazo era para que el Poder Ejecutivo lo enviara al Congreso. “Nosotros no estábamos de esa fecha, la Ley no estipula específicamente que sea el Congreso, sino que en esa temporalidad debe haberlo hecho llegar el Ejecutivo para su aprobación”, dijo al tratar de minimizar la acción extemporánea.
Santa Alejandrina Corral Quintero, coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), admitió a ZETA que el documento sí fue recibido en abril, “no sé si se traspapeló o qué, pero ya fue un tema del Congreso”.
Mientras Román Cota Muñiz, secretario de la Mesa Directiva, aseguró desconocer por qué se aprobó de forma extemporánea: “No sé por qué no lo enlistaron en el Orden del Día, en el tiempo correspondiente como lo marca la Ley de Planeación Estatal. Ahí habría que preguntarle al presidente de la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, cuál fue la circunstancia que orilló a que no se dictaminara en tiempo y forma”.
ZETA solicitó una entrevista telefónica con la diputada Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, quien a pesar de aceptarla, hasta el cierre de edición, no estuvo disponible para llevarla a cabo.
En la sesión extraordinaria del 17 de mayo, en la que los legisladores aprobaron el Plan Estatal de Desarrollo con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención, el diputado Marco Antonio Blásquez fue el único que criticó el documento y el actuar del Ejecutivo, más bajo un sesgo de “tribu” partidaria que con argumentos emanados de una lectura profunda.
“Son muchos los yerros y no creo que los diagnósticos contenidos en este plan sean o hayan sido revisados por personas que tengan identidad con nuestro movimiento político, debido a que ya llevamos un semestre completo de administración y no vemos bajo ninguna circunstancia dibujado el principio de nuestra corriente política, sino al contrario: observamos más bien vestigios, muy claros de administraciones que a través del voto, de manera valerosa, los bajacalifornianos expulsamos”, expresó el legislador identificado con la corriente del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En su caso, su voto en abstención se debió a que como el Plan Estatal de Desarrollo se trata de una proyección de programas, “siempre cabe la posibilidad, quizá remota, de que se pudiera enmendar el camino”, sin precisar los señalamientos.
En tanto, la diputada morenista Montserrat Rodríguez Lorenzo resaltó que, conforme al Artículo 27 fracción XXXVIII, es la primera vez que el Congreso tiene como facultad “examinar y en su caso aprobar el Plan de Desarrollo”, en referencia a que anteriormente la facultad de los legisladores sólo era “examinar y opinar”.
“Desafortunadamente no existe en la Ley de Planeación, y en la Ley Orgánica del Congreso, cuál es el procedimiento parlamentario para la aprobación del Plan de Desarrollo Estatal”, expuso, para luego considerar que “lo ideal” es que, dada su importancia, el documento “se hubiera remitido a alguna Comisión o a varias, para el análisis y valoración respectiva”. Aunque no sucedió así, decidió dar su voto a favor.
La declaración de Rodríguez Lorenzo revela la falta de trabajo legislativo en la materia, dado que la reforma del artículo 27 data de 2015.
En entrevista con ZETA, Rocío Adame, presidenta de la Jucopo, expresó que luego de que el Plan Estatal de Desarrollo fue compartido a todos los diputados, “ningún grupo parlamentario emitió opiniones medulares, o encaminadas a no aprobar el proyecto que se estaba presentando”, aunque algunos hicieron observaciones “en corto” y “se iban a acercar con las secretarías para revisarlo, si había más información”.
