Cuando Jorge Hank Rhon era alcalde de Tijuana, tenía a un civil como su jefe de escoltas. Jorge Vera Ayala, hoy prófugo de la justicia, tenía esa responsabilidad. Como civil, no podía portar arma, pero sí mandaba entre la tropa municipal que había sido asignada como guardaespaldas del entonces presidente municipal. El cargo lo heredó de su padre cuando él llegó a la mayoría de edad y su progenitor continuaba preso por el asesinato del periodista y codirector fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda.
Antes de Hank y después de Hank, la coordinación de las escoltas del titular o la titular de la alcaldía de Tijuana, recaía en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que de hecho, tiene entre sus direcciones una de coordinación de escoltas… hasta que llegó Montserrat Caballero Ramírez.
La alcaldesa de Tijuana, la primera mujer electa y además de Morena para esa posición, heredó de su padrino político, el malogrado intento de senador, Jaime Bonilla Valdez, a su coordinador de escoltas, y como Hank, se trata de un civil que no puede estar armado. Se llama René Humberto García Corona.
García Corona entró a la administración municipal en calidad de coordinador de giras el 1 de octubre de 2021, cargo en el que se desempeñó, con paga de 27 mil 160 pesos, hasta el 31 de diciembre de ese año. Tres meses después, el 31 de marzo de 2022, fue recontratado en calidad de peón de la oficina de la presidencia municipal, con un salario de 20 mil 200 pesos con 95 centavos más una compensación de 22 mil pesos y un bono de 5 mil 468 pesos con once centavos, para un total de 47 mil 668 pesos con 95 centavos de sueldo, según consta en el portal de Transparencia.
Como peón de la oficina de la alcaldía, René García Corona, en realidad hace la chamba de un coordinador de escoltas de Montserrat Caballero. Él, en su calidad de civil que no debe estar armado, emite órdenes a diez policías municipales, dos policías estatales y una civil, todos asignados para proteger a Caballero y a su familia.
René Humberto tiene dos hermanos notorios. Uno, es Jorge Alberto García Corona, quien actualmente se desempeña como director de la Policía Comercial de Tijuana, y se asume, fue el encargado de trasladar la caseta de seguridad de la Comercial que estaba en la Escuela Madero de la colonia Cacho, hacia un costado del edificio de departamentos donde reside la alcaldesa, luego que por cuestiones de seguridad, mudó de Playas de Tijuana a esa zona de la ciudad.
El otro hermano de René García Corona, es un ex policía municipal de Tijuana detenido en 2013 por homicidio. Según consta en reportes periodísticos, estaba asignado al distrito de La Presa, donde de acuerdo con la autoridad ministerial, tenía relaciones criminales con la célula de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, aprehendido en 2011 por homicidio, liberado y vuelto a detener en tres años después por posesión de armas de fuego, liberado de nueva cuenta y asesinado en 2019.
El otro civil en la escolta de la alcaldesa de Tijuana, que trabaja con René García Corona, es en realidad otra. Una mujer. Se trata de Rosalba González Molina, quien en 2008 era policía municipal de Tijuana y jefa del Grupo Táctico. Fue detenida por elementos del Ejército Mexicano destacados en la II Zona Militar con sede en Tijuana, cuando se indicó, tenía nexos con células del Cártel Arellano Félix. Aquel 2008, fueron aprehendidos cinco comandantes de la Municipal, entre ellos Rosalba González, apodada “La Puma”, así como quince oficiales de la misma corporación, que en esa fecha encabezaba el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez.
Entre otros elementos, como la incapacidad del Ministerio Público federal para probar las relaciones ilícitas con el crimen organizado, y no haber respetado el debido proceso, ya que todos fueron citados, por ejemplo, para hacerles Exámenes de Confianza y en lugar de ello los detuvieron, poco a poco muchos de esos oficiales caídos fueron recuperando su libertad. Siete años después, en 2015, el que fuera subdirector de la Policía Municipal, Juan Manuel Nieves Reta, y poco tiempo después se dio la liberación de Rosalba González Molina, quien ahora, en calidad de civil, al igual que René García Corona, es parte fundamental de la escolta de la alcaldesa de Tijuana.
No es normal que civiles encabecen las escoltas oficiales. Aparte de no tener jerarquía policial, no pueden portar armas, lo cual limita su responsabilidad de proteger a su principal, en este caso la presidente municipal de Tijuana. Por eso, cuando hace unos días sucedió el desliz de los escoltas de Daniel Caballero -hermano de Montserrat- con elementos de las Fuerzas Estatales de Seguridad Ciudadana, poco pudo hacer el secretario de Seguridad, Fernando Sánchez, pues de todas las escoltas en su facultad, las de la alcaldesa y su familia no lo están. De manera exclusiva a los diez municipales, los dos estatales y la civil, los coordina exclusivamente René García Corona, quien únicamente se reporta con la titular del poder municipal.
En el caso del primer hermano de Tijuana, quien hace las veces de secretario privado de la alcaldesa y sin estar en la nómina oficial es protegido por dos escoltas, tanto sus seguridades como los estatales cometieron excesos. Los primeros, por no atender la alerta de detenerse e identificarse; los segundos, por utilizar en exceso la fuerza pública cuando ya habían identificado que se trataba de una escolta oficial.
El resto de los funcionarios que portan escoltas, sí son de orden oficial, es decir, de la coordinación de escoltas de la Secretaría de Seguridad. Aunque también es de llamar la atención el número de oficiales signados a “proteger” la integridad de funcionarios y regidores, pues se recuerda que una de las primeras medidas que tomó Montserrat Caballero al asumir la presidencia municipal, fue precisamente retirar las escoltas a funcionarios que no debían traerlas. De 220 escoltas asignados entonces, Caballero redujo la cantidad a 80, pero al día de hoy, ha cedido seguridad personal oficial a más funcionarios y colaboradores, y acumula ya, 104 policías municipales que cuidan a miembros de su gabinete y Cabildo.
Por ejemplo, el síndico municipal Rafael Leyva Pérez, trae entre siete y ocho policías municipales para su seguridad; al secretario general de Gobierno, Antonio Salazar, le protegen cuatro elementos de la Municipal de Tijuana; al secretario de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Bujanda, uno. Al regidor de la Comisión de Seguridad, dos, y así, hasta llegar entre funcionarios y familia de la alcaldesa, a 104 escoltas.
Pero claro, los de la presidente municipal están supeditados a un civil, el cual los eligió por nombre y apellido y se desconocen los parámetros que utilizó para ello, lo cual resulta extraño y por demás dudoso.
