De 2006 a la fecha, 22 mil personas han sido colocadas en fosa común en Baja California, el 80% no fueron identificadas y otros no han sido reclamados, permaneciendo apilados en el interior. La cifra va en aumento
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas en México, se ha rebasado la cifra de las 100 mil personas desaparecidas o no localizadas desde que existe registro en 1964, y a la fecha las estadísticas siguen aumentando.
El fenómeno de las desapariciones comenzó entre las décadas de 1960-1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000, con el aumento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Con ellas aumentó también el número de personas que depositan en fosa común, y que hasta el momento no han podido ser identificadas.
A través de un comunicado del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la ONU-DH externó su “profunda preocupación por el creciente número de personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) considera que “la desaparición no es tema del pasado” y, a pesar de avances importantes como la Ley general en materia de desaparición, faltan por “implementar mecanismos efectivos”.
Fernando Ocegueda Flores, quien preside la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, comentó a ZETA que hace aproximadamente tres semanas se presentó una iniciativa por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se propone la creación del Instituto de Ciencias Forenses en cada una de las entidades federativas, con un presupuesto de 155 millones de pesos para la compra de equipo, terreno, construcción y activación. Esta iniciativa vendría a beneficiar tajantemente a Baja California, que de 2006 a la fecha, reporta 22 mil personas en la fosa común, y de aprobarse, tendrían que ser sacados de la fosa, obtener su ADN y plasmarlo en una base de datos para ser las comparaciones a nivel nacional con los registros que ya se cuentan.
Durante los últimos meses se ha logrado realizar la toma de muestras de ADN en cinco municipios de BC, gracias al trabajo en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y colectivos de búsqueda que se han creado en cada localidad. Estos datos ya se encuentran en un archivo que permitirá una identificación más ágil en caso de localización de un cuerpo, o bien, la exhumación de los que se encuentran en la fosa común.
En la entidad también existe un proyecto para la creación de panteones ministeriales, en este se establece que ningún cuerpo que no sea reclamado, será enterrado en el suelo, sino que se colocará en nichos, evitando con ello los altos índices de contaminación que actualmente se provocan al apilar los cuerpos que, al momento de descomponerse, generan escurrimiento de líquidos, cayendo la materia orgánica encima de uno y otro y otro, y al contaminarse, es difícil obtener un ADN limpio.
Fernando Ocegueda recordó que durante la administración municipal de Karla Ruiz Macfarland se inició el proyecto, donando un predio en la Tercera Etapa del Río Tijuana, donde se colocó la primera piedra para la creación del Panteón Ministerial con presupuesto del Municipio. Al final, el terreno fue presentado como una propiedad en litigio, por lo que el proyecto no prosperó.
De acuerdo con el entrevistado, lo ideal es que el Estado busque los terrenos para que los municipios puedan hacer lo correspondiente para bajar el recurso de la Federación, ya sea para la creación de los panteones forenses, o el Instituto de Ciencias Forenses.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en BC hay 12 mil 500 personas desaparecidas de 2006 a la fecha, y en lo que va de 2022, han desaparecido alrededor de 3 mil personas y van en aumento, registrando ante las autoridades diariamente entre dos y cinco desaparecidos. De estos, por lo menos uno no logra ser encontrado.
No obstante, el registro que concede la FGE no concuerda con los de colectivos de búsqueda, pues cerca del 60% de las desapariciones o de personas privadas de la libertad, no son denunciadas por la baja confianza que se tiene en las autoridades, aunado a que las instituciones juegan con las estadísticas al catalogar las denuncias como No localizados, Ausentes, Desaparecidos y Privados de la libertad, declaró Fernando Ocegueda.
En Baja California se ha solicitado al fiscal central Rafael Orozco, actualizar el número de personas que desaparecen cada día en la región, a lo que se comprometió a diseñar una página donde se publicarían todas las personas reportadas ante una Agencia del Ministerio Público. En esta, si la persona aparece a los días, se irá especificando cuantos quedan pendientes.
Asimismo, Ocegueda solicitó a las autoridades gubernamentales crear tecnología y personal para atender el tema de los desaparecidos, en Tijuana solamente se cuenta con cuatro agentes investigadores para las más de 12 mil carpetas. En San Quintín no se cuenta con una Agencia de Ministerios Público que reciba la queja, y el Servicio Médico Forense de Tecate, está concesionado al DIF alentando las investigaciones. Se necesita una base de datos de manera electrónica que permita almacenar fotografías a digitales y a color, pues las que se usan en blanco y negro, sólo confunden a los familiares.
El Gobierno del Estado ha provisto de palas y picos a familias que realizan el trabajo que les corresponde, y dan a entender que al final, en lugar de hacer algo que ayude a la solución del problema, sólo otorgan a madres, padres y hermanos de los desaparecidos un pico para encontrar a su ser querido.
Existe un apoyo que se está buscando gestionar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para enviar recursos federales a aquellos estados donde se han localizado fosas clandestinas. En 2019 se solicitó a las diversas entidades federativas, la cantidad de fosas clandestinas que existen en su territorio, todas enviaron el número de fosas, excepto Baja California, que sigue en ceros en el reporte; por lo consecuente, el proyecto destinado para atender la crisis de las fosas clandestinas, que proveería más apoyos, más tecnología, se perdió, y las esperanzas no son muy buenas para quienes buscan a sus familiares desaparecidos en Baja California.
A pesar del adeudo que el gobierno mantiene con los familiares de los desaparecidos y la falta de apoyo, los familiares no han dejado de buscarlos, pese a obstáculos como la elevada violencia en México y la escasa y tardía depuración de responsabilidades.
Las desapariciones afectan profundamente casi todos los aspectos de la vida de las familias de las víctimas. Según manifestaron los consanguíneos, no saber qué ha sucedido a sus seres queridos es una fuente inagotable de sufrimiento, que empeora ante los torpes esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por dar con el paradero. La mayoría de las familias postergan su vida para dedicarse de lleno a las búsquedas, provocando en los familiares y ellos mismos, graves secuelas emocionales y psicológicas de la pérdida sufrida, algunos incluso intentan cometer suicidio.
Cuestionados sobre el tema de la exhumación de los cuerpos que permitiría el establecimiento del Instituto de Ciencias Forenses y la implementación de panteones ministeriales, el 90% comentó que es una esperanza, un avance para localizar a su ser querido; mientras que un 10% no lo ve como una solución, al no considerar que su familiar se encuentre sin vida.
El 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas publicó desde Ginebra, Suiza su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021. Se trató de la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno, en cuyas conclusiones encontraron que la impunidad impera en este tema, al sólo haber 35 sentencias por desaparición en el país, frente a la “alarmante” cifra de 100 mil personas no localizadas.
