Policías de Tijuana: violan, golpean, matan, roban y extorsionan

Foto: Cortesía.- Actuación de policías municipales de Tijuana, en el asesinato de Jorge Luis Cabrera Velez, de 30 años
Edición Impresa lunes, 23 mayo, 2022 12:00 PM

En 2022, FGE reporta cuatro casos de municipales involucrados en homicidios, y en menos de un mes, dos víctimas fatales: una violada por un K-9 con un palo. Hay 291 denuncias en Sindicatura  

La noche del 28 de abril, elementos de la Policía Municipal a bordo de unidades con el emblema K-9, llegaron a una tiendita con máquinas tragamonedas sobre Avenida del Pacífico en Playas de Tijuana. En ese lugar, uno de los agentes  introdujo con fuerza, en más de una ocasión, un palo de escoba con gel antibacterial, en el ano, al encargado del lugar.

A los tres días de la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General de Tijuana. Los doctores encontraron una grave infección en la zona del colon, el recto y el ano, por lo que tuvieron que operarlo de emergencia. El hombre, de 50 años de edad, falleció la noche del 18 de mayo, a consecuencia de la agresión de los policías.

De acuerdo con testigos entrevistados por ZETA, los policías municipales que iban a bordo de las unidades con placas BC-599A1, P-1005, BC-843A1 y BC-516A, ingresaron a la tienda con maquinitas y preguntaron por el “mero, mero”; se acercaron al encargado y le preguntaron quién vendía drogas en ese lugar. El hombre les dijo que no sabía, que él solo era el encargado de establecimiento. Los policías comenzaron a golpearlo y le continuaban preguntando “¿Quién es el bueno?”, pero la víctima continuó diciendo que él no tenía conocimiento de ello.

En la rabia de los municipales por no obtener una respuesta satisfactoria, uno de ellos le ordenó al encargado inclinarse de espaldas y bajarse el pantalón. El señor fue obligado a desnudarse de la cintura para abajo frente a los clientes (testigos) y los elementos de seguridad del Municipio. Acto seguido, uno de ellos tomó un palo de escoba, le puso gel antibacterial, tomó vuelo y se lo introdujo en el recto más de una vez.

Mientras el resto de uniformados cerraron la puerta del lugar, les quitaron las pertenencias a todos los ahí presentes, al menos unas ocho personas, y se llevaron el equipo de videovigilancia que había en el local.

A los días de este hecho, los mismos policías fueron a la casa donde vivía la víctima, no encontraron a la familia, pero sí a un hombre al que le rentaban un cuarto; lo golpearon y amenazaron, con la intención de saber dónde se encontraba la persona a la que habían agredido días antes. Su esposa, ciudadana americana, asegura que desde ese día no ha vuelto a saber de él.

Mientras tanto, en el hospital, después de su primera operación, le informan a la víctima que de sobrevivir a la infección, tendría que llevar sus intestinos en una bolsa, dado que las heridas que le provocaron, destruyeron casi el 80% de su sistema digestivo, y los órganos para poder obrar. Tal noticia llevó al hombre a intentar suicidarse el 3 de mayo.

“El Gordo”, como lo conocían en Playas, es la segunda víctima mortal de la Policía Municipal de Tijuana en menos de un mes. Entrevistado por ZETA, José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, se negó a hablar del caso, argumentando que no quería entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y Sindicatura.

La FGE asegura que ya tiene identificados a quienes violaron y causaron la muerte de este ciudadano; sin embargo, no han judicializado el caso. La carpeta de investigación se identifica con el número 204-2022-17739.

Por otro lado, en Sindicatura comentaron que aún no les han proporcionado la información para investigar a los elementos, pero aseguran, habrá sanciones severas para los mandos y los policías.

Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló que abrió de oficio el expediente 1307/2022, con el objetivo de investigar la actuación de los policías municipales.

CUATRO HOMICIDIOS PERPETRADOS POR LA POLICÍA EN 2022 

De enero a la fecha, la FGE tiene registradas 178 carpetas de investigación abiertas por abuso de autoridad contra policías municipales de Tijuana, de las cuales 45 son por agresiones a ciudadanos y cuatro casos donde aparecen elementos de la corporación imputados por el delito de homicidio.

La CEDH indicó a ZETA que en el transcurso de 2022 ha registrado 49 quejas contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, siendo los principales derechos humanos presuntamente vulnerados: a la Seguridad Jurídica, al Trato Digno, a la Integridad y Seguridad Personal, y a la Legalidad.

En contraste, durante 2021, el organismo registró 193 quejas en contra de la SSPCM; mientras que, en 2020, recibió 254 denuncias contra la misma dependencia.

Para el presidente de la CEDH, Miguel Ángel Mora Marrufo, estas prácticas son históricas y sistemáticamente invisibilizadas. Subrayó que en las estadísticas encontraron hechos violatorios de Derechos Humanos como detenciones arbitrarias, abuso policial y ejecuciones extrajudiciales.

Mora Marrufo dijo que tampoco se trata de sólo exigirles a los elementos de la Policía que mejoren sus prácticas, sino que la exigencia va directo a sus mandos superiores para que mejoren sus condiciones laborales y humanas, capacitaciones y mejores prestaciones, a fin de disminuir este tipo de acciones.

Por su parte, la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana ha recibido 291 denuncias contra policías municipales en el año en curso. En 2020 fueron 799 denuncias y, en 2021, 678.

Las denuncias son por homicidio, lesiones, ingreso ilegal a los domicilios, robo, extorsión y abuso de autoridad en detenciones, por parte de los elementos de la Policía. Actualmente existen 646 denuncias abiertas en contra de esta corporación.

LA OTRA VÍCTIMA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

En un video difundido en redes sociales, se observa a elementos que tripulaban la patrulla BC525A-1, subir a Jorge Luis Cabrera Vélez, de 30 años, en la parte de atrás y colgarlo de uno de sus pies, a la vez que se le escucha gritar mientras presuntamente es golpeado por los oficiales.

El cuerpo sin vida de Jorge Luis fue localizado en el Residencial Margaritas el 30 de abril. Angélica Cabrera, hermana de la víctima, acusó a policías municipales de golpear a su hermano hasta matarlo y robarle 500 dólares.

De acuerdo con la investigación de la FGE, alrededor de las 21:57 horas del sábado 30 de abril se recibió la llamada a la línea de Emergencia, informando que en el exterior del domicilio del reportante se encontraba una persona con una lesión en el brazo, la cual fue provocada por Jorge al intentar ingresar al domicilio; el propio reportante lo atendió, colocándole un torniquete para detener el sangrado.

Roberto Alfonso Bravo Reyna, ejecutado de 13 disparos por la policia municipal de
Tijuana

Al llegar las unidades de Seguridad Pública, así como paramédicos de Cruz Roja, se percataron de que Jorge Luis ya se encontraba sin vida. Según el informe médico forense, presentó laceración de aorta torácica/laceración bronquial (paquete vascular nervioso del brazo izquierdo/laceración pulmonar y laceración hepática secundaria) y traumatismo torácico abdominal.

Hasta ahora, de acuerdo con Sindicatura, dos de los elementos involucrados han sido suspendidos: Daniel “N” y Luis “N”, sin embargo, aún no se judicializa el caso.

Familiares y vecinos de la colonia donde vivía Jorge Luis, aseguran que elementos de la Policía estuvieron rondando e intimidándolos posterior a la denuncia y exposición del caso en medios de comunicación.

“Toda la colonia tiene mucho miedo porque ya no confiamos en la Policía Municipal. La mayoría de mis vecinos ya no quieren ni salir a la tienda porque no hay confianza en ellos. Los vecinos de El Niño pedimos el apoyo al Ejército y Guardia Nacional para que por favor patrullen las calles en lugar de la Policía Municipal. La ciudadanía ya no confía más en ellos”, aseguró a ZETA el hermano de Jorge.

HOMICIDIO DE ROBERTO BRAVO, IMPUNE DESDE HACE 2 AÑOS 

Roberto Alfonso Bravo Reyna “El Razo”, de 29 años de edad, fue acribillado por elementos de la Policía Municipal de Tijuana el 24 de mayo de 2020. Los presuntos ejecutores fueron identificados como Antonio de Jesus Ulloa Osorio, Salomón Satiel Cruz Guerrero, René Alejandro Chávez Roa, Alfredo Galaviz Estrada, todos a las órdenes de un mando identificado como “Comandante Corona” o “El Gato”.

En aquella ocasión, los policías municipales de Tijuana involucrados en el operativo dijeron que le dispararon en legítima defensa mientras huía. Los jóvenes que acompañaban a la víctima declararon que estaba desarmado cuando los oficiales lo alejaron del grupo, le dispararon y lo dejaron morir.

Dieciséis orificios de bala con entrada y salida, y una perforación sólo de entrada, fueron las lesiones que el médico forense encontró en el cadáver de “El Razo”. Por lo menos dos de los balazos fueron disparados contra sus piernas a muy corta distancia, ya que los peritos localizaron residuos metálicos provenientes de los tiros.

Tres personas acompañaban a los referidos como “El George”, “Abel” e “Itzel”, fueron amenazados. Testigos contaron que el policía que disparó a Bravo Reyna, les mostró en el teléfono celular una foto del joven asesinado, advirtiéndoles que les podían hacer lo mismo porque sabían quiénes eran y dónde vivían. Se habían quedado con sus credenciales.

A Itzel y Abel, les ordenaron decir que “El Razo” y “El George” los habían privado de la libertad. De hecho, esa fue la versión oficial y pública que dieron los municipales el 24 de mayo, cuando se conoció el hecho: que perseguían a unos secuestradores que llevaban a sus víctimas en el vehículo, que uno los atacó y le dieron muerte.

La realidad es que Jorge, Abel, Itzel y Roberto se conocían desde años atrás. Eran amigos. Por eso la familia de Roberto los buscó después del asesinato. Les contaron lo que realmente había sucedido, y a pesar del miedo, estuvieron de acuerdo en presentarse de nueva cuenta a declarar ante el Ministerio Público y contar la verdad de lo ocurrido en el crimen, pues sus primeras declaraciones fueron forzadas por los agentes municipales.

A dos años de iniciada la investigación la FGE, aún no ha judicializado el caso, pese a las pruebas y testimonios que han presentado los familiares de la víctima. La supuesta arma que le colocaron a Roberto, de acuerdo a fuentes consultadas por ZETA, salió de la bodega de incautación de la propia Fiscalía General del Estado; de los exámenes de pólvora practicados a la víctima uno, está perdido y el otro resultó negativo.

Este Semanario solicitó a la FGE información actualizada referente al estatus del caso, respondiendo que aún se está integrando la carpeta de investigación; sin embargo, los elementos de la policía señalados por la ejecución de Bravo Reyna no fueron suspendidos y siguen en activo en la ciudad.

 

ADMINISTRACIONES ANTERIORES PROMETIERON “DEPURACIÓN Y CAPACITACIÓN” DE LA POLICÍA

En marzo de 2021, el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, reconoció la falta de capacitación de los elementos policiacos como razón de las detenciones brutales y delitos cometidos por la corporación contra la ciudadanía, a la cual deberían proteger.

Aseguró que este tipo de casos eran para él “un campo de oportunidad para capacitar a los policías”, basándose en un supuesto estudio donde argumentan que cuando los policías van en persecuciones, “la adrenalina que genera, al momento en que detienen a la persona hay un instinto biológico de descargarla y se convierte en una agresión, que puede ser hasta una ofensa, un robo o un golpe”, excusó.

Ante tal escenario, dijo, existe un entrenamiento especializado para el manejo de la adrenalina, de una contención de la reacción después de que atrapan a un individuo.

El ex funcionario afirmaría que en sus siete meses al mando, implementaría dichas capacitaciones y atendería las recomendaciones emitidas por la CEDH en materia de prevención y erradicación del abuso policíaco, pero no lo hizo.

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