Los días 6 y 9 de mayo, niños y adolescentes ingresados en el Albergue DIF Tijuana, se amotinaron. Las primeras informaciones dieron cuenta de la molestia de algunos de los menores porque los abogados les ampliaban los plazos para poder regresar con sus familias. Después, la directora de ese centro, Mónica Vargas, argumentaría que se trataba de adolescentes de entre 16 y 17 años, que al sentirse en el abandono y próximos a salir al cumplir la mayoría de edad, se rebelaban. La realidad es que nadie sabe lo que ocurre dentro del Albergue DIF Tijuana. No se permite la entrada a ninguna autoridad. Incluso en esta ocasión, le fue negado el acceso a la Comisión Estatal de Derechos de Humanos, institución que ya ha emitido medidas cautelares e investiga los hechos recientes. Quienes han tenido la oportunidad de entrar al Albergue DIF Tijuana, han revelado que las condiciones en que viven los menores son de hacinamiento, insalubres e inseguras. Un infierno para los niños y adolescentes que terminan en una especie de prisión, en lugar de un hogar de protección alterno. La opacidad con que se mueven los albergues DIF de Baja California, es tan oscura como las condiciones en que tienen a los menores. Valdría la pena que la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, tan comprometida con la niñez, hiciera un recorrido público para conocer cómo se trata, educa y guía a los internados en sus albergues, sea porque están a la espera de adopción, porque sus padres los han abandonado, o porque sus progenitores han sido declarados incapacitados para cuidar de ellos. La transparencia siempre ayuda, especialmente a la niñez.
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