La Secretaría de Hacienda entregó un expediente a la de Honestidad y Función Pública, señalando irregularidades que habrían provocado daño patrimonial al Estado por mil 500 millones de pesos, al cancelar contrato con Sumex. Ante el reclamo de Aguas de Rosarito por 51 millones de dólares, la administración de Marina Ávila inició mesa de diálogo con la empresa, en aras que el Estado no pague por un proyecto que tampoco se va a realizar como originalmente se previó
El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y nueve de sus colaboradores, serán citados a declarar sobre las presuntas irregularidades cometidas en la concesión otorgada a la empresa Next Energy para desarrollar una planta fotovoltaica en Mexicali. Proyecto que ocasionaría un daño patrimonial de 12 mil millones de pesos al Estado y que no obtuvo los permisos federales.
El 17 de mayo, un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, solicitó al Juez de Control entregar en los domicilios correspondientes los citatorios a los ex secretarios general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano; del Agua, Salomón Faz; y de Infraestructura, Karen Postlethwaite. Así como a los dos ex secretarios de Hacienda: Rodolfo Castro y Adalberto González; y a los dos ex titulares de Oficialía Mayor, Israel Clemente y Marco Hilton.
Asimismo, a la ex directora de la Comisión Estatal de Energía, Miriam Álvarez, y al ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Pablo Hernández.
La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió citar a los representantes de la empresa Next Energy de México, SA de CV a la misma audiencia.
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El miércoles 18 de mayo, en la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez dijo -sin precisar nombres- que será la autoridad judicial quien determine la fecha en que se llevará a cabo la audiencia inicial donde se informará a los imputados por qué se les investiga.
“Inmediatamente”, la FGE solicitará que en ese “mismo acto se desarrolle la audiencia para vincular a proceso a los señalados”, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y funciones, abuso de autoridad y delitos relacionados con hechos de corrupción.
“Quiero ser muy enfático, esto no tiene que ver con situaciones de carácter político, simplemente es que esta institución y es la expectativa que tiene la sociedad, y además es nuestra obligación por potestad jurídica, defender y proteger el patrimonio de los bajacalifornianos y bajacalifornianas, y serán citados a declarar”, reiteró Carpio.
El abogado penalista Hipólito Pérez Jiménez explicó a ZETA que el órgano jurisdiccional otorgará una sala penal para que se lleve a cabo la audiencia inicial, dependiendo de la disponibilidad de la agenda del Poder Judicial.
“Por la naturaleza y relevancia de este tipo de asuntos, normalmente se agenda de una manera muy rápida, no como cualquier asunto ordinario, porque conlleva una utilidad político-social en la entidad y son asuntos relevantes. Entonces el Poder Judicial lo toma como un caso especial porque implica cuestiones de erario público, sin que eso signifique una cuestión tendenciosa”, reveló. Así que en muchas ocasiones se da una fecha “mucho más rápido”.
Para el abogado postulante con 21 años de experiencia, es “muy probable” que la carpeta de investigación se judicialice en Mexicali, pues ahí es donde estaba previsto construir la planta fotovoltaica.
Agregó que el proceso judicial no debe tardar más de dos años, y en ese transcurso surgirían criterios de oportunidad que pueden tener los imputados. “Se puede ir desde un proceso abreviado (dependiendo de las conductas), puede ser un acuerdo reparatorio, o realmente llevar un proceso para que se realice la etapa del juicio oral propiamente y se llegue a una sentencia”, advirtió.
Como se recordará, el 8 de octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía, conformado por funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, falló a favor de Next Energy, SA de CV en la licitación LPN-CIE-001-2020, para desarrollar una planta solar que suministrará electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana y a otras dependencias gubernamentales.
Días después, se signó el contrato entre el gobierno estatal y Next Energy. El 30 de abril de 2021, la administración morenista inscribió el proyecto como una “obligación relacionada con Asociaciones Público Privadas” por un monto superior a 10 mil 848 millones 401 mil pesos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de la Secretaría de Hacienda. Cantidad superior a las cuatro APP contratadas por el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid.
Meses después, el 15 de junio, Bonilla Valdez encabezó el acto de inicio de la construcción de la planta fotovoltaica, sin que el proyecto tuviera los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta última negó definitivamente hace unos días la Manifestación de Impacto Ambiental, al considerar que el pretendido cambio de uso de suelo “puede propiciar que una o más especies (de flora y fauna), sean declaradas amenazadas”
BANCA AFIRME SIGUE SIN DEVOLVER 123 MDP
Con la nueva administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía y el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon, presentaron ante la FGE denuncia contra los ex funcionarios relacionados con la concesión de la planta fotovoltaica.
En conferencia celebrada en marzo, Pon refirió estudios hechos por la Consejería y un despacho jurídico que refieren que el proyecto tiene un sobreprecio de 200 por ciento, y que una de las irregularidades consistía en que un despacho privado contratado por Next Energy evaluaría los avances del proyecto, quitándole esa facultad al Estado.
Moreno Mexía indicó que ya hubo un daño patrimonial, porque en enero pasado, Banca Afirme retuvo 123 millones de pesos de las participaciones federales del Estado para constituir un fideicomiso, que garantizaba el pago a Next Energy.
El 19 de mayo de 2022, el funcionario indicó que Afirme sigue sin devolver el recurso al Estado, pese a que la planta fotovoltaica no se va a hacer. “La empresa y el banco están buscando detener los recursos legales que estamos realizando a favor del Estado. Estamos seguros que tenemos la razón y vamos a lograr que se elimine el riesgo de que se pague con recursos estatales un proyecto que no se va a realizar, que no tiene los permisos”, indicó.
NUEVO EXPEDIENTE POR CASO SUMEX A SECRETARÍA DE HONESTIDAD
De igual forma, el titular de Hacienda estatal informó que la dependencia presentó un expediente a la Secretaría de Honestidad y Función Pública -encabezada por Rosina del Villar-, en el que se establecen “las condiciones que desde nuestro punto de vista provocaron un daño patrimonial al Estado”, al pasar de Sumex a Orca, y de Orca a CFE, último recurso. “Estas decisiones se materializaron en un sobrecosto del orden de los mil 500 millones de pesos para el Estado”, dijo.
La empresa Sumex (Suministro Sustentable de Energía de México, SAPI. de CV) regresó a ser el proveedor de electricidad del Acueducto Río Colorado-Tijuana, luego de firmar un nuevo convenio modificatorio en el que se estableció una tarifa fija de 1.36 pesos por kilowatt/hora, adicional a los CELS (Certificados de Energías Limpias) y los costos de protocolo correctivo (en época de verano).
Las nuevas condiciones pactadas con Sumex permitieron que en el primer mes se tuviera “un ahorro de energía del orden de los 40 millones de pesos”, destacó el funcionario público, quien abundó que dentro de este convenio se estableció “una serie de cláusulas, entre ellas que era condición sine qua non para irnos con ella, eliminar cualquier demanda relacionada con la actuación de gobiernos anteriores”, pues la empresa tenía un contrato plurianual que data de 2016.
Como se recordará, el Congreso de Baja California autorizó al Poder Ejecutivo signar un contrato plurianual, y en febrero de 2016, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid suscribió el contrato con Sumex por 15 años.
A lo largo del tiempo fueron suscribiéndose convenios modificatorios, pero a finales de la administración panista se dejó de pagar la energía eléctrica de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Al asumir el gobierno Jaime Bonilla Valdez, el Estado pagó el adeudo de agosto y parcialmente el de septiembre de ese año.
Posteriormente terminó el contrato anticipadamente con Sumex, dando lugar a una demanda por parte de la compañía, a la que se le debían alrededor de 80 millones de pesos por consumo y 500 millones de pesos por moratoria, cuando inició la actual administración de Ávila Olmeda.
Cuestionada respecto a si Vega de Lamadrid figuraba como uno de los socios de Sumex, la gobernadora afirmó: “No es ‘Kiko’ Vega el socio, por supuesto que no, al menos es la información que nosotros tenemos”.
Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal (SIGER), la empresa, creada en 2015 en Monterrey, Nuevo León, tiene tres jóvenes accionistas: Sebastián Leal Buffingt, José Javier Garza Calderón Buffingt y Joaquín Leal Jiménez.
No obstante, una investigación periodística de Newsweek firmada por Isabel Mercado y Marco Tulio Castro, señala que si bien el ex gobernador Vega de Lamadrid no fue socio de Sumex, su compadre Fernando Beltrán Rendón fungió como vicepresidente de la compañía durante tres años, y puso en cargos clave a personas de su confianza para beneficiarse de los recursos públicos.
Al cancelarse el contrato con Bonilla, Beltrán Rendón oficializó su renuncia, y junto con él, salieron las personas de su confianza.
El miércoles 18 de mayo, Marco, Moreno Mexía dijo que luego que el gobierno de Bonilla Valdez canceló el contrato “de manera arbitraria” con Sumex, la administración estatal contrató a la empresa regiomontana Orca (Orden Cardinal, SAPI de CV). Posteriormente tuvo diferencias con la empresa y planteó la opción de la planta fotovoltaica, cuya licitación ganó Next Energy.
Actualmente a Orca se le adeudan 275 millones de pesos, más otro monto por moratorios, por lo que el gobierno de Ávila Olmeda abrió una mesa de diálogo para no llegar a un nuevo juicio.
En tanto, ya pagó a la CFE el adeudo que dejó el gobierno de Bonilla: un saldo de 220 millones de pesos, que causó que la paraestatal cortara el suministro eléctrico al Acueducto Río Colorado-Tijuana, en agosto de 2021.
SOSPECHOSA CANCELACIÓN DE AGUAS DE ROSARITO
Moreno Mexía adelantó que el gobierno estatal ya inició una mesa de negociación con Aguas de Rosarito, SAPI de CV (subsidiaria de la empresa extranjera Consolidated Water), luego de que la compañía acudiera al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para demandar una indemnización por 51 millones de dólares por la cancelación del contrato hecha unilateralmente por el gobierno de Bonilla Valdez.
“Ese proyecto fue cancelado de una manera torpe, por decir lo menos, y eso precisamente provocó la demanda de la empresa que está buscando un reclamo de 51 millones de dólares. Es un tema que vamos a buscar por todos los medios tratar de que el Estado no pague por un proyecto que tampoco se va a realizar en esas condiciones, y que no tenía viabilidad técnica y financiera desde el momento en que se autorizó”, aseguró el titular de Hacienda estatal.
Información obtenida por ZETA revela que el 29 de junio de 2020, el director general y representante legal de la Comisión Estatal del Agua (Salomón Faz) y el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Rigoberto Laborín) emitieron el oficio DF/122/2020, en el cual notificaron a Aguas de Rosarito la terminación anticipada del contrato a partir de esa fecha. Con ello también cancelaron, de manera uniltareral, el contrato de la Asociación Público Privada.
Posteriormente, Aguas de Rosarito interpuso un juicio de amparo bajo el expediente 384/2020 ante un Juzgado en materia de amparo, el cual le otorgó la suspensión provisional en julio de 2020, y la suspensión definitiva el 10 de agosto de ese año.
Con ello, Aguas de Rosarito solicitó al gobierno de Bonilla Valdez el reembolso de gastos e inversiones no recuperables y/o pendientes de amortización incurridos en el proyecto, bajo el argumento de que tiene derecho “al presentarse el supuesto de terminación anticipada del contrato por causa no imputable al desarrollador”.
El monto total de los 51 millones 144 mil 525 dólares que reclama, considera las escrituras de compra de terrenos y derechos de vía (34.6 millones de dólares, mdd) y gastos relacionados con el desarrollo del proyecto (15.5 mdd).
Lo que llama la atención es que Milton Adán Rubio Díaz, apoderado legal de Aguas de Rosarito, quien se presentaba como director de la compañía, también es compadre de Salomón Faz y cercano a Amador Rodríguez Lozano. De hecho, “era habitual verlo hacer antesala con Rodríguez Lozano y Bonilla”, refirieron fuentes extraoficiales.
