Aunque es un tema judicial, de seguimiento de la Ley y de justicia, el recurso interpuesto por Jaime Bonilla Valdez el 9 de mayo de 2022, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para echar abajo la determinación de la Sala Regional Guadalajara del mismo poder, que invalidó su reincorporación al Senado de la República y conminó a ese órgano a llamar al suplente para que ostentara el cargo, podría ser abordado también como un tema político, cuya resolución-entonces- no estaría basada en la Ley, sino en las relaciones de poder.
Efectivamente, el 5 de mayo de 2022, la Sala Regional Guadalajara, por unanimidad y basándose los magistrados primordialmente en el Artículo 125 Constitucional, determinó que “si se obtiene un cargo de elección popular y durante ese encargo se alcanza el triunfo para un diverso cargo de la misma naturaleza, en ese momento, surge el deber de optar por alguno de ellos y este debe ejercerse, ante lo cual ya no existe la posibilidad jurídica de regresar al anterior o de alternar indefinidamente ambos cargos”.
Para los magistrados federales, Bonilla Valdez optó por el cargo de gobernador de Baja California, el cual juramentó el 1 de noviembre de 2019, y ejerció hasta el último día del mandato para el que fue electo, el 30 de octubre de 2021.
De hecho, en sobradas ocasiones, Bonilla había dicho que no era ni su deseo, ni su intención, ni su interés, regresar al Senado. Antes de concluir su mandato como gobernador, incluso había deslizado la posibilidad de coordinar la campaña de la entonces candidata a sucederlo, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Posteriormente presumiría que sería nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ante la negativa, entonces dijo que sería el siguiente titular de la Secretaría de Turismo, pero tampoco le fue concedida.
A la par de los rechazos presidenciales, fueron descendiendo las aspiraciones de Bonilla, como cuando informó a su séquito que le concederían la Comisión Nacional del Agua, y cuando eso tampoco sucedió y otro fue nombrado titular, él mismo hizo su trascendido y “filtró” a amigos y medios nacionales, que había sido nombrado por López Obrador, subsecretario de Gobierno, que sólo, peccata minuta, faltaba oficializarlo.
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Fue el propio Presidente quien tuvo que desmentir tal trascendido. No sólo tal posición no existía en la estructura de la Secretaría de Gobernación, sino que Bonilla estaba lejos del ánimo del titular, Adán Augusto López.
Así, Bonilla se quedó sin nada, y para compensar su ausencia de poder político y obtener un fuero que le sería oportuno ante las sospechas, oficiales y extraoficiales en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, decidió, el 22 de marzo, regresar al Senado de la República. Acción que fue interpelada por el Partido Acción Nacional, ante cuyo recurso fue que la Sala Regional de Guadalajara, determinó que “la reincorporación de Bonilla como senador de la República, vulnera lo dispuesto en el Artículo 125 de la Carta Magna, en tanto que al tomar protesta y haber ejercido el cargo de gobernador de Baja California, agotó su derecho a elegir entre dos cargos de elección popular, por lo que se encuentra impendido constitucionalmente para asumir de nuevo el cargo”.
La misma Sala Regional conminó, después de dejar sin efectos la reincorporación de Bonilla al Senado, a convocar al suplente, en este caso a Gerardo Novelo Osuna, “a efectos de que se reincorpore a la Cámara Alta”. Acción que, ocho días después de la sentencia de la Sala Superior, no se ha cumplido. Y la razón es más política que legal: en el Senado de la República argumentan que ese órgano efectivamente fue vinculado para dejar sin efecto la reincorporación de Bonilla y la integración del suplente, pero actualmente el Senado de la República no está en funciones, únicamente lo está la Comisión Permanente, la cual -de verdad, así lo justifican- no recibió ninguna vinculación ni resolución por parte de la Sala Regional Guadalajara, ante lo cual, dice oronda la presidente de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero, “Bonilla será senador hasta que resuelva la Sala Superior”. Así la jugada política.
Y en la Sala Superior, corresponderá al magistrado José Luis Vargas elaborar sobre el recurso presentado por Jaime Bonilla. Y para quienes no recuerden al magistrado José Luis Vargas, es justo traer a colación el apodo que le fue concedido popularmente, “El Magistrado Billetes”, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera lo denunciara por haberle encontrado un incremento patrimonial de 36 millones 487 mil 433 pesos, ajeno a sus ingresos oficiales.
Lejos de ser retirado del cargo para investigar el enriquecimiento ilícito no justificado entre 2013 y 2018, “El Magistrado Billetes” se convirtió en la moneda de cambio en la Sala Superior, la cual por cierto presidía, para el Gobierno Federal emanado de Morena.
A la fecha, Vargas, quien únicamente dejó la presidencia de la Sala, pero no el Poder Judicial Federal, sigue impune. Recientemente logró que un juez echara abajo la reapertura de una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, y una investigación por el delito de lavado de dinero, luego que la UIF había obtenido tales mandamientos, a través de un Juez de Control, que revocó el no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República, a favor del “Magistrado Billetes”.
Y justo ahora, el magistrado electoral más señalado, acusado de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de lavado e impune, será quien determine si se sostiene la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, y si deja sin efectos la reincorporación de Bonilla al Senado, o si la revierte y le permiten gozar de los dos cargos de elección popular, luego de haber optado por la gubernatura que ejerció a plenitud durante dos años.
Este personaje, José Luis Vargas, es el que le aporta el tema político, a un asunto exclusivamente jurídico, de leyes y el respeto a la Constitución.
Ahora sí que la reputación del “Magistrado Billetes” está a prueba. Usted dirá…
