Así como los casos de violencia familiar se
incrementaron durante el periodo de
pandemia, las medidas y órdenes de
protección en Baja California repuntaron
de manera sustancial, mismos que son
atendidos por las policías municipales de
cada municipio, los cuales son insuficientes
ante la enorme demanda. Pese a los más de
3 mil casos que se registraron en 2022, el
Escuadrón Violeta de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) no ha atendido
un solo caso de protección a mujeres víctima
de violencia
Melissa, una joven cuyo nombre real se evita por cuestión de seguridad, reside en la Zona Oriente de Mexicali, considerada el foco rojo más alto en torno a la violencia familiar, y donde las unidades de la Fuerza Rosa de la Policía Municipal focalizan su atención, sostuvo una relación sentimental prolongada con una persona que la violentó de manera constante, hasta que al final, luego de ser empujada por su entonces amasio, decidió romper el vínculo y rehacer su vida.
Desde ese entonces ha tenido conflictos intermitentes con su ex pareja, por lo que decidió denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que, por cuestiones de seguridad, determinaron otorgar una medida de protección de “rondines”.
Melissa narró que durante este periodo el sujeto ha ido a su casa para buscar conflicto, e incluso en una ocasión intentó brincarse el cerco de la propiedad; lo peor es que la víctima emitió el llamado a la Policía Municipal y los agentes se limitaron a pedirle que se retirara de la zona, sin arrestarlo. Al poco tiempo volvió y así mantienen la dinámica hasta el momento.
Según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), tan solo en 2021 se emitieron un total de 10 mil 594 medidas de protección para mujeres víctimas de violencia familiar, las cuales interpusieron denuncia y se confirmó la probable responsabilidad del hecho delictivo.
La tendencia se mantiene durante este 2022, pues al último corte del 27 de abril, en Baja California se atendieron tres mil 75 peticiones del mismo tipo, cuya responsabilidad cae en las corporaciones locales, pues según una petición de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) desde la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la institución -con todo y el Escuadrón Violeta- no han atendido una sola medida de protección a las víctimas.
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VIOLENCIA FAMILIAR REPUNTÓ DESDE LA PANDEMIA
Adriana Lizárraga González, fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer en Razón de Género, comentó en entrevista para ZETA que durante el periodo de aislamiento se incrementó de forma sustancial el delito de violencia familiar y la principal víctima fue la mujer.
Según lo referido por la funcionaria, en 2019 se atendieron mil 39 denuncias por este delito, pero para el 2020 -durante el arranque de la pandemia- la cifra se infló hasta los ocho mil 590 casos; la cifra continuó en aumento hasta las 11 mil 352 querellas por este mismo hecho delictivo.
Esto quiere decir que de 2019 a 2021 la cifra creció 11 veces más, y la tendencia para el 2022 continúa en la misma línea.
“La convivencia con los agresores… hubo una época que estaba todo cerrado; primero no se vendían bebidas alcohólicas, luego que estaban a la venta, aparte que las mujeres ya están empoderadas y vienen a la FGE; esto también es muy importante, ya se atreven a denunciar”, refirió la funcionaria, quien agregó que todas las mujeres víctimas salen con alguna medida de protección, al principio, mediante rondines de vigilancia de la Policía Municipal.
“Una vez que es remitida entonces ya solicitamos las demás que nos marcan el código de procedimientos, vigilancia en el domicilio, la protección de la víctima, auxilio inmediato en alguna institución judicial, que no la moleste; y ya algunas que son ratificadas ante el juez, la prohibición de acercarse, de asistir al domicilio o algún lugar cercano y la última es la separación inmediata del domicilio”.
Agregó que existen diferentes tipos de casos de violencia familiar, como la económica, la patrimonial, psicológica y la física, las cuales son evaluados por los psicólogos de la Fiscalía y con base en ello definen el tipo de medida de protección que se va a otorgar.
“Es un delito que se persigue de oficio, ya no es por querella; denuncia en el momento, pero después ya no quería dar seguimiento. Aquí es importante que la víctima sí le dé seguimiento de una denuncia por violencia familiar, la forma de poderla acreditar es que sí acuda a la psicóloga, para determinarla; porque muchas veces ya no regresan, entonces, si es un delito de oficio, no se pueden archivar esos”, explicó.
REINCIDE EL 40% DE LOS AGRESORES
La coordinadora de la Unidad de Violencia Familiar, Cinthia Popoca Ojeda, comentó que el 40 por ciento de los agresores reinciden al menos en una ocasión, por lo que la cifra que denuncias y de medidas de protección que se tienen son realmente un alto porcentaje para la misma mujer, pero se vuelven a emitir ante la situación de riesgo.
Y es que las medidas de protección se pueden dar durante 30, 60 o 90 días, mismas que con base a una evaluación se determina si se extiende esta medida, ya sea de rondines o de vigilancia en el domicilio hasta incluso por dos años.
El director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, aseveró que en algunas ocasiones deciden continuar con los rondines y operativos en ciertos puntos, ante la posibilidad de que se escale una situación de violencia. Sin embargo, reconoció que no se ha podido reforzar el área lo suficiente debido a las carencias propias de la institución.
Carlos Romero, jurídico de la Policía Municipal de Mexicali, comentó -por ejemplo- que cada mes pueden recibir 100 medidas cautelares, pero a esas se les suman las que ya se encuentran activas.
El abogado y ex vicefiscal de Mexicali, comentó que cuando ocupó su cargo en la FGE, de 2019 a 2021, logró -por primera vez en la historia- detener y procesar a una persona por incumplir con las medidas restrictivas relacionadas con violencia familiar y afirmó que esta visión la ha replicado con policías municipales.
La afirmación resulta preocupante, explicó, porque quiere decir que nunca se hicieron de esta posibilidad para evitar el avance violento de un agresor.
Durante el 2021 la Policía Municipal de Mexicali recibió un total de tres mil 178 medidas de protección derivadas de violencia familiar, de las cuales el 94 por ciento fue en agravio de mujeres; y de enero a abril del 2022, la cifra llegó a mil 24.
Para atender todos estos casos, la Policía Municipal tiene asignados 37 agentes y otro grupo especial que se encarga de la logística, como contestar oficios, documentación, entre otras cuestiones.
Esto complica la atención que se pueda llevar a cabo a los casos de violencia que se registran en todo el municipio, pues además de atender los reportes que surgen, se ven obligados a cumplir con las medidas de protección y vigilancia, por lo que con frecuencia elementos de otras áreas deben atender este tipo de diligencias.
Pedro Ariel Mendivil, agregó que desde la formación del programa Escuadrón Violeta, de la SSC, fue la Policía Municipal de Mexicali la que comisionó un número de elementos del programa Fuerza Rosa, para que llevaran a cabo las labores de protección de mujeres víctimas de violencia.
El grupo está conformado principalmente por elementos municipales que reciben órdenes del Estado, para definir estrategias. Sin embargo, el reducido número de elementos ha vuelto prácticamente imposible que sean primeros respondientes en alguna diligencia.
En una solicitud de transparencia hecha a la SSC, se confirmó que durante todo este año, el Escuadrón Violeta no ha realizado una sola atención a medidas de protección, por el simple hecho que la FGE no le ha otorgado ni una solicitud para hacerlo.
Este fenómeno se vio prácticamente en todos los municipios, por lo que el verdadero equipo encargado de la atención del Escuadrón Violeta, es sumamente reducido, sobre todo por la alta incidencia que se registra en el municipio de Tijuana donde solo en 2021 se documentaron -según información de la FGE- cinco mil 819 denuncias por el citado delito.
6 DE CADA 10 MUJERES SALEN ADELANTE
El psicólogo Carlos Guluarte Mendivil, comentó que aproximadamente el 60 por ciento de las mujeres víctimas de violencia cumplen con el proceso de atención psicológica, o por lo menos salen adelante al conseguir trabajo o estabilidad para continuar con su vida.
Aseveró que hace falta que las instituciones públicas especializadas en este rubro cuentan con una bolsa de trabajo mucho más amplia y puedan ofertar una vía de escape a la violencia familiar.
Comentó que existen empresas, como Oxxo o Skyworks, que brindan prioridad a este tipo de casos, pero sería necesario ampliar esta opción, con el objetivo de brindar mejores opciones para que salgan del círculo de violencia en el que viven.
El especialista en atención de víctimas de violencia, aseveró que existen patrones que sufren las mujeres al ser agredidas por su pareja, pero uno de los principales factores por los que se inhibe la denuncia es por vergüenza, pues las ofendidas temen ser exhibidas.
Ya cuando denuncian, el siguiente problema es precisamente la falta de empleo o ingresos económicos, pues se identifican como personas incapaces de sacar adelante a su familia.
Es por ello que se necesita brindar una atención mucho más especializada y dirigida a otros ámbitos para dotar de más herramientas a las mujeres para continuar con sus vidas.
Recordó que el círculo de violencia pasa de un momento de tranquilidad a uno de presión, después un conflicto que genera violencia, el arrepentimiento y finalmente el proceso de compensación a la víctima, lo que luego lleva a un estado de calma.
