El Plan de Previsión Social y/o Plan de Beneficios, está a punto de desaparecer debido al contubernio existente entre los líderes sindicales de la Secc.37 del SNTE y el Gobierno del Estado.
Compañeros activos y jubilados, de los distintos sindicatos, es necesaria y urgente su participación. Asimismo la movilización y la acción de la base Magisterial, si queremos conservar esa tan importante prestación, puesto que:
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1.- El plan de Previsión Social es un beneficio que nació como producto de una gestión sindical de la Sección 37 del SNTE y que culminó después de realizados los Convenios del Ejecutivo del Estado con la Secretaría de Hacienda, con la firma de Contrato de Fideicomiso entre el entonces Gobernador del Estado, Ing. Óscar Baylón Chacón (como fideicomitente) y Banca Serfin S.N.C., representada por el Lic. Alejandro Salinas Reyes (como fiduciario).
2.- Desde su origen, los fondos con los que opera el fideicomiso son parte del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT) que la Secretaría de Hacienda, por convenio con el Estado, permite se retengan como una especie de pago a los servicios del mismo, por ser ésta la institución que opera su captación y envío a la misma. Esa parte del ISPT, que se queda en el Estado, es la que por obligación debe ser fideicomisada y regresada a los trabajadores en forma de beneficio social, a través de un Plan de Previsión Social.
3.- El Plan y el Contrato de Fideicomiso fueron firmados el 28 de Julio de 1989.
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4.- El Gobierno del Estado instruyó a la Secretaría de Finanzas para que, por medio del concepto G2, se pudiera observar las cantidades que de cada trabajador se retendrían de su impuesto y que deberían integrarse al fideicomiso.
Cabe hacer hincapié que el compañero y hoy ex diputado Roberto Pérez de Alva, durante su gestión realizó numerosas y enérgicas peticiones para que la Secretaría de Finanzas entregara informes detallados, pero encontró mil y un pretextos para obtener información.
En otras palabras de lo que estamos hablando es de un seguro de vida que se otorga a los beneficiarios que los Trabajadores de la Educación designan en su cédula testamentaria. Son 65 meses de salario.
Este beneficio (o seguro de vida) no cuesta un centavo ni a los trabajadores ni al Gobierno del Estado. Tampoco tiene el gobierno del Estado facultades para manipularlo o desviarlo hacia otros rubros o dependencias…y mucho menos desaparecerlo. Como al parecer es el caso.
En la actualidad existe un rezago de cinco años para el pago de ese seguro de vida, sin que hasta el momento el Gobierno Federal se dé por aludido. Aquí y en China, a esto se le llama corrupción y saqueo. Y “no
pasa nada”. En Baja California vivimos en un mar de corrupción, mientras que la 4T premia a Bonilla y blinda política y jurídicamente a Kiko Vega.
Y mientras, los deudos de nuestros compañeros siguen esperando desde hace cino años. ¡Ya basta de hacerse de “la vista gorda”! Impunidad y corrupción sin precedentes en Baja California, Señor Presidente; el Magisterio tiene otros datos: que se haga justicia en tierras “cachanillas”.
A la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se le hace un atento llamado a no seguir solapando los graves
actos de corrupción cometidos por los hoy ex gobernadores Kiko Vega y Jaime Bonilla.
Pago inmediato a los deudos de compañeros fallecidos… Pago a los que se les adeuda el Finiquito… Jubilación a los que están en el Listado de Prelación… Pago a interinos… Y por motivos de espacio solo menciono esos cuatro puntos.
Atentamente,
Profr. Francisco Heredia Guzmán.
Tijuana, B.C.
