La falta de interés por parte de la administración municipal, dilató la construcción del Centro de Justicia para la Mujer en la Capital del Estado, pues pese a que se trata de uno de los requisitos a cumplir derivados de la Alerta de Género, un acto tan sencillo como la donación de un terreno por parte del Ayuntamiento impidió alcanzar un millonario subsidio para su construcción. Ahora, la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda busca rescatar un recurso que ya deberían estar ejecutando
Pese a que la autoridad municipal fue advertida sobre la posibilidad de hacerse de un millonario subsidio para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer, en Mexicali, desde diciembre de 2021, ninguna institución movió un dedo para hacer las gestiones correspondientes y avanzar en una política pública obligada desde que el Gobierno del Estado aceptó las recomendaciones de la Alerta de Género en junio del año pasado.
Dicho Centro tiene como objetivo centralizar la atención a las mujeres víctimas de violencia, donde además de recibir denuncias y atender los casos con perspectiva de género, también pretenden brindar asesoría jurídica y la protección necesaria para que las ofendidas puedan recibir todo el apoyo del Estado en un solo punto.
A casi diez meses de emitirse la Alerta y seis meses del inicio de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el principal avance en torno a las políticas y protocolos emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se ha dado en el Poder Legislativo, según comentaron especialistas, pero en realidad los pasos ofrecidos por el gobierno estatal, los municipales y los entes autónomos, son muy escasos.
Apenas el 19 de abril, el Ayuntamiento de Mexicali instaló las mesas interinstitucionales del Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, lo que quiere decir que durante estos meses fue poco o nulo el trabajo que se realizó para atender las necesidades relacionadas con la Alerta de Género.
En entrevista para ZETA, la regidora Bárbara García, de Movimiento Ciudadano, denunció que desde octubre de 2021 ha emitido oficios y advertencias sobre la urgencia de atender algunas exigencias de la agenda de género, e incluso advirtió a la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, la necesidad de desincorporar un predio del Municipio y cederlo al Estado, con la intención de instalar el Centro de Justicia para la Mujer en Mexicali, mediante una convocatoria hecha pública por el Gobierno de México. Nadie respondió a sus múltiples llamadas.
Durante los siguientes meses, solicitó instalar las mesas de trabajo en torno a las exigencias de la Conavim, pero tampoco recibió respuestas; fue hasta que Fabiola Alanís, presidenta del organismo, acudió a Baja California, cuando los trabajos se pusieron en marcha.
Según información proporcionada en el estudio realizado para confirmar la necesidad de emitir una Alerta de Género en Baja California, se identifica un incremento en torno a asesinatos de mujeres, que va de los 109 a 264 de 2015 a 2019; mientras que los feminicidios -de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-, de enero a octubre de 2020 se registraron 29 carpetas de investigación, contra las 10 que se tenían en 2015.
Esta tendencia también se reflejó en delitos como violencia familiar, violación, abuso sexual, entre otros. En 2021 las cifras permanecieron en un escenario parecido.
SE PERDIÓ CONVOCATORIA DEL CJM
En estos momentos, Mexicali podría estar en proceso de tener un Centro de Justicia para la Mujer (CJM) y así convertirse en el segundo municipio en cumplir con uno de los requisitos más importantes para avanzar en torno a la Alerta de Género aceptada desde junio de 2021.
El gobierno municipal sólo tenía una obligación para acceder a un recurso federal que subsidiaría el pago de dicho proyecto: donar un terreno de su propiedad al Estado para su construcción.
El 14 de diciembre de 2021, la Conavim emitió una convocatoria llamada “Criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios destinados a la creación y el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres para el ejercicio fiscal 2022”.
En el documento, público en la página de internet, se precisa que se cuenta con una bolsa de 105 millones 116 mil 017.50 pesos, a repartirse entre las diversas entidades que requieran de manera urgente los fondos para la construcción de dicho inmueble.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mexicali no pudo otorgar el contrato de donación al Poder Ejecutivo a tiempo, pese a que las gestiones realizadas por la directora del Instituto de la Mujer, Leonor Maldonado, entre otros funcionarios, comenzaron desde octubre de 2021.
Avanzó el mes de noviembre y varios oficios internos y con el Poder Ejecutivo, reiteraban la necesidad de desincorporar el terreno y donarlo al Estado, pero eso no ocurrió.
El último oficio de advertencia fue girado el 13 de diciembre, cuando el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, envió un oficio directamente a la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, solicitándole hacer las gestiones necesarias para realizar la donación del predio con clave catastral XE002005, ubicado en los alrededores del fraccionamiento Villa Esperanza 2000, al Sur de la ciudad, el cual cuenta con una superficie de 5 mil 451.128 metros, según información proporcionada por la Dirección de Catastro Municipal.
A partir de ese momento, la maquinaria del Ayuntamiento de Mexicali se movilizó, pero una serie de omisiones relacionadas en el proceso de desincorporación, dictámenes municipales y los movimientos de regidores durante el cierre de año, retrasaron el trámite hasta exceder la fecha de entrega pactada al 22 de diciembre del mismo año.
No fue hasta marzo cuando el Ayuntamiento finalmente logró hacer el procedimiento correspondiente para que el Cabildo de Mexicali autorizara la donación del terreno al Poder Ejecutivo. A partir de esa fecha se inició la gestión y, según la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se está trabajando en coordinación con el Conavim para determinar si existe la posibilidad de recuperar algo del recurso federal que permita arrancar la construcción este año.
Según la regidora Bárbara García, la insistencia fue reiterada por parte de diversos sectores para realizar el procedimiento, y calificó de lamentable que por cuestiones burocráticas se postergue el arranque de la construcción del CJM.
Agregó que, de acuerdo con la información a su alcance, el recurso que el Poder Ejecutivo recibiría de obtener el subsidio, alcanzaría los 30 millones de pesos para la edificación.
“No sólo es reconocer que tenemos Alerta de Género, tenemos que trabajar, de qué sirve que se tengan mecanismos o lo que fue el Escuadrón Violeta cuando no estamos viendo resultados; debemos trabajar en coordinación, pero que no se quede en una medida, sino ver las rutas para tener resultados”, refirió la edil, quien preside la Comisión de Equidad de Género y Derechos Humanos.
RETRASADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA ALERTA: ESPECIALISTA
Para la doctora Kenya Hernández, especialista en temas de género, los pasos que han dado los gobiernos en la entidad sí son avances, aunque insuficientes ante la gravedad de la situación que se padece.
En entrevista telefónica para ZETA, comentó que la violencia de género es tan compleja en Baja California, que se requiere de más acciones para sancionar las agresiones de este tipo, pero también capacitación para que las propias autoridades atiendan los casos sin prejuicios hacia las mujeres.
“Estadísticamente, en números concretos, los datos son difíciles en función de que muchos homicidios dolosos que deberían ser nombrados como feminicidios no lo son, de repente hay dificultades para determinar qué es un feminicidio o no. También sigue habiendo problemas porque hay muchos actos de violencia de género que no son considerados en las estadísticas”, refiere la especialista, quien agregó que el gran avance se ha dado en el Legislativo, donde se han aprobado importantes reformas, como la del aborto, pero la Ley debe aplicarse y, si esto no ocurre, resulta insuficiente.
Por su parte, la edil Bárbara García, de Movimiento Ciudadano, aseveró que desde febrero y junto con la regidora panista Victoria Guerrero, ha impulsado una serie de reuniones interinstitucionales y de direcciones dentro del Ayuntamiento de Mexicali, con el objetivo de brindar mejor información en torno al gasto de recursos con perspectiva de género. Sin embargo, han pasado dos meses y no hay resultados.
“De lo que plantea la Alerta de Género, las mesas interinstitucionales que apenas se van a hacer, ya se tendrían que estar haciendo desde hace rato; también una de las cosas que ya se tendría que haber hecho, es capacitar e instrumentalizado que más cuerpos policíacos estuvieran entrenados en perspectiva”, evaluó.
La diputada morenista Michel Sánchez Allende, reconoció que los ayuntamientos son precisamente los entes que más rezagados se encuentran en torno a la capacitación y de distribuir el recurso público con perspectiva de género.
“Yo me iría primero por los programas de prevención y reforzar los Institutos de la Mujer, es importante fortalecerlo y transversalizar la perspectiva de género, que se reconocen los esfuerzos. El reto tendría que ser con cada servidor público, para que pueda atender a estas personas con capacitación”, refirió la legisladora, quien desde el inicio de su gestión adoptó la agenda de género.
Por su parte, Magda Bautista, directora estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres, comentó que desde el arribo de la actual administración se logró poner en marcha este inmueble y se han reforzado los esfuerzos y el recurso para que opere a su máxima capacidad.
“Seguimos trabajando, nos falta consolidar algunos aspectos y el proyecto todavía nos va a dar para crecer con esta atención integral y defensa jurídica, atención psicológica, trabajo social, empoderamiento y fortalecimiento de las redes de apoyo interinstitucional”.
El siguiente paso -refirió- es precisamente instalar centros en cada uno de los municipios del Estado, priorizando a San Quintín por la alta incidencia, y a Mexicali por su cantidad poblacional.
“De 2019 a 2021, que cerramos el año con 307 atenciones sin tener una base muy sólida para atender a las mujeres, están teniendo certeza y, tan es así, que en lo que va del año hemos recibido 227 mujeres de primera vez y 343 de manera subsecuente; es decir, han venido otra vez al área jurídica, psicológica, lúdica, empoderamiento. Otro dato muy importante: tenemos 164 denuncias, entonces, nos dice que están tomando acción y ya no callan más”, sentenció la funcionaria.
