Baja California podría convertirse en la segunda entidad en establecer un Registro Estatal de Agresores Sexuales, donde por medio de una plataforma digital se puedan cotejar los nombres y datos de las personas que mantengan una sentencia firme por cualquiera de los hechos delictivos relacionados con casos de índole sexual. Diputada Michel Sánchez Allende considera que será poco probable que arranque operaciones en agosto -como lo prometió la gobernadora-, en tanto, la especialista Mónica Ayala Mira afirma que resulta insuficiente si no se incluyen mecanismos de prevención y de atención a los agresores que cometen estos delitos para su reinserción social
Más dudas e incertidumbre que certezas, son las que envuelve al proyecto anunciado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para la creación de un Registro Estatal de Agresores Sexuales, pues pese a que se contempla en la Ley desde el 13 de agosto de 2021, la administración de Jaime Bonilla Valdez no dejó un solo cimiento para emprender la plataforma.
El Registro Estatal de Agresores Sexuales es una herramienta que pretende identificar y exhibir a todos -y todas- las personas que cometan algún hecho delictivo relacionado con actos sexuales, mediante una plataforma digital para su consulta, siempre y cuando hayan sido acreedores a una sentencia firme emitida por las autoridades jurisdiccionales.
Desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado, no existe un sólo avance en la política pública para la operación del tema. De hecho, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alejandro Isaac Fragozo López, aseguró que hasta el miércoles 30 de marzo, no había recibido un solo oficio de la Secretaría General de Gobierno para definir especificaciones para cumplir con el Registro, pero aseguró que en el transcurso del jueves 31 se programaría la primera reunión para arrancar los trabajos al respecto.
En los primeros meses de 2022, BC ocupó el décimo lugar en materia de agresiones sexuales en general, con 338, por debajo de Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Quintana Roo.
Sin embargo, en los delitos graves como violación simple o equiparada -contra menores de edad-, alcanza el sexto y el cuarto lugar, respectivamente; la tendencia se ha mantenido a lo largo de los últimos años.
GOBERNADORA: DEBE SER PÚBLICO; LEY ACTUAL NO LO CONTEMPLA
El miércoles 23 de marzo, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, respondió a pregunta directa sobre el funcionamiento del Registro de Agresores Sexuales en la entidad, que su perspectiva es que la información sobre las personas sentenciadas debe ser pública, por petición de la propia gobernadora.
Sin embargo, el texto vigente de la Ley establece: “El Registro Público de Agresores Sexuales, podrá ser consultado por cualquier persona con plena capacidad de ejercicio, siempre que se demuestre el interés legitimo para acceder a éste y trate de prevenir o atender actos relacionados con violencia sexual. Para tal efecto, la Secretaría General de Gobierno fijará en el reglamento correspondiente los criterios y requisitos de acceso, observando en todo momento las disposiciones normativas aplicables al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.
Bajo esta lectura, el documento no sería totalmente público, por lo que se plantea modificar este apartado, al igual que muchos otros, toda vez que, a juicio de la diputada Michel Sánchez Allende y la especialista en materia de género de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Mónica Ayala Mira, el decreto requiere aún más especificaciones para ser eficiente.
Y es que el decreto publicado el 13 de agosto de 2021, que reforma los artículos 38 y 46, y adiciona el Capítulo XI con los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, plantea información genérica que no permite una operación seria del proyecto.
El proyecto aprobado por la anterior Legislatura establece que la Secretaría General de Gobierno será la encargada de operar dicho Registro, el cual contemplará a las personas sentenciadas por los delitos de violación, abuso sexual, corrupción de menores, estupro, hostigamiento sexual, acoso sexual, pederastia, pornografía, turismo sexual, lenocinio y contra la intimidad y la imagen, en cualquiera de sus modalidades.
El periodo por el que los agresores permanecerán dentro del Registro será durante el periodo de su sentencia y el Poder Judicial tendrá la obligación de notificar mensualmente sobre las sentencias, si las personas purgarán una pena en prisión o mediante algún esquema cautelar en libertad.
En una ficha técnica se requerirá la siguiente información:
- Nombre completo
- Apodos o alias
- Nacionalidad
- Fotografía actual de la persona agresora
- Delito por el que fue condenado
- Pena privativa de libertad
- Fecha y lugar de nacimiento
- CURP
“NO HEMOS RECIBIDO INFORMACIÓN DE ESTOS REGISTROS”: PJ
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, comentó que de manera formal, la institución que preside no ha recibido un solo oficio o documento que especifique la petición de información que requiere el Poder Ejecutivo para arrancar la operación del Registro de Agresores Sexuales.
Esto contradice la versión del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien afirmó estar en espera de que el Poder Judicial envíe la información correspondiente.
En entrevista, el magistrado presidente aseveró que tras conocer las declaraciones, sostuvo comunicación con el funcionario estatal para agendar una reunión de trabajo, la cual se llevó a cabo apenas el jueves 31 de marzo, donde tendrían el primer acercamiento formal al respecto.
Fragozo López indicó que la principal duda del Poder Judicial es la temporalidad. Es decir, requerirán información de sentencias emitidas desde varios años atrás.
En una ficha técnica emitida por el Poder Ejecutivo a ZETA, se estableció que por cuestiones legales no se podrá incluir a los agresores sexuales cuya sentencia se dictó antes de 14 de agosto de 2021, por lo que a partir de este periodo arrancaría el registro.
“La página web de la Secretaría General de Gobierno que hospedará el Registro
está casi lista. El equipo trabaja coordinadamente con la Subsecretaría de
Tecnologías de Información, liderada por el Ing. Emeterio Flores Landaverde, de tal
manera que estamos avanzando en el prototipo del sistema al que se ingresará la
información que envíe la autoridad jurisdiccional”, refiere el texto hecho llegar de la Secretaría General de Gobierno a este medio de comunicación.
DUDA MICHEL SÁNCHEZ QUE PUEDA ARRANCAR FUNCIONES EN AGOSTO
Debido a que el decreto planteado por el pasado Congreso y el Poder Ejecutivo encabezado por Jaime Bonilla Valdez, es insuficiente, la diputada Michel Sánchez Allende considera complicado arrancar el registro para el mes de agosto, aunque su operación podría concretarse antes de que termine el año.
En entrevista para ZETA, aseveró que uno de los principales puntos a modificar es que el texto sea público, pero no sólo mediante una plataforma digital, sino que se plasme en espacios públicos, como en camiones o zonas donde se hayan cometido los hechos delictivos.
“Creemos que debemos quitar datos sensibles pero que sí sea público, porque la información que se generará en este Registro será como una forma de prevención y reparación del daño, la consulta debe ir a los espacios públicos, incluso es un tema que tu servidora llevó a campaña, sobre este acoso del transporte público, no sirve de nada tener un registro que no esté al alcance de toda la ciudadanía”, refirió la legisladora, para agregar que la información debe democratizarse para llegar a todos los sectores.
A su juicio, debería incluirse a personas que estuvieron en años anteriores a la reforma, pero tendría que analizarse el alcance jurídico que representa. Por ello, afirmó que falta mucho análisis en el tema y será necesario trabajar al menos un periodo de dos semanas para ir alistando una reforma que vuelva al Registro una herramienta real y no una simulación para el combate de la violencia de género.
Sánchez Allende también dijo que debe analizarse el periodo en el que estará disponible la información del agresor sentenciado, toda vez que la Ley vigente establece que sólo podrá hacerse durante el periodo de la sentencia. Esto es, cuando salga de prisión o purgue su pena, tendría que ser retirado de la plataforma.
La legisladora morenista planteó que Ciudad de México es la única entidad que cuenta con este mecanismo, por lo que Baja California podría ser la segunda en concretarlo, e incluso mejorarlo, pues el actual marco regulatorio de la Capital del país, es aún más escueto que el vigente en BC.
REGISTRO DEBE IR ACOMPAÑADO CON ATENCIÓN A VICTIMARIOS: ESPECIALISTA
Reconociendo que la creación de un Registro de Agresores Sexuales es un avance, para la especialista Mónica Ayala Mira, la política pública no puede basarse en este esquema, pues resultaría insuficiente.
Durante una charla con este Semanario, consideró que el Registro debe ser público y no sólo contabilizar aspectos generales de las personas exhibidas, sino establecer el contexto donde ocurrió el hecho delictivo, pues ayudaría a evitar que los agresores se encuentren en zonas o sitios de mayor riesgo para ellos.
Si la agresión se cometió en el transporte público, que se establezca ese detalle para considerarlo como un sitio donde pudiera reincidir
En su opinión, el Registro debe ir más allá, pues la Secretaría de Salud debe garantizar la atención a agresores sexuales cuando se reincorporan a la sociedad, con el objetivo de buscar una reinserción social. En otros países incluso se contempla que no puedan residir cerca de una escuela o sitios donde pueda tener contacto con posibles víctimas, pero en el documento actual, no establece información al respecto.
También pidió que especialistas en materia de género participen en las mesas de trabajo junto con el sector público para la creación del reglamento de operación, pues existen varias necesidades a observar desde esa perspectiva e, incluso, podría analizarse incluir otros delitos como feminicidio y violencia doméstica, al formar parte de este tipo de violencia.
ZETA solicitó información a la Secretaría de Salud sobre la atención que ofrece a personas agresoras de delitos sexuales y violencia familiar, pero hasta el cierre de edición, no se proporcionó. De igual manera, por varios días se pidió entrevista con Karla Pedrín Rembado, titular de Instituto de la Mujer de Baja California, quien optó por no emitir declaraciones sobre un tema que le atañe.
