Morena rechazó que la discusión de la reforma constitucional impulsada por AMLO vaya a posponerse por segunda vez
En bloque, 70 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arribaron la tarde de este sábado al Palacio Legislativo de San Lázaro. Lugar donde pernoctarán, con el fin de estar listos para votar en contra de la reforma eléctrica constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para discutirse en la sesión de este domingo 17 de abril, a las 10:00 horas.
Los legisladores tricolores llegaron en dos autobuses, encabezados por su presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Rubén Moreira Valdez. Este último comentó que el único diputado priista ausente era Carlos Aysa Damas, quien el miércoles pasado anunció que votará a favor de la reforma constitucional, por lo que se prevé sea expulsado del PRI.
A las instalaciones de la Cámara de Diputados también llegaron, por separado, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fracción parlamentaria que “tiene completa seguridad de que esta reforma no va a pasar, de que se votará en contra de la misma porque fomenta la corrupción, es regresiva y dañina”
En un comunicado, la dirigencia del Sol Azteca -que encabeza Jesús Zambrano- condenó las intimidaciones por parte del gobierno federal y el titular del Ejecutivo a los grupos parlamentarios (PRD-PRI-PAN) que conforman “Va por México”.
Esto, luego de que la alianza presentó una “propuesta progresista pensada en millones de familias a diferencia de la reforma oficialista que fomentará la corrupción por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y afectará la salud y economía del país por la contaminación generada y los altos precios de la energía en los hogares”.
El perredista y secretario de la Comisión de Energía, Mauricio Prieto, comentó que existe un “fuerte rumor” de que Morena y partidos afines podrían posponer la discusión de la reforma eléctrica en materia constitucional al no contar con al menos 54 votos de la oposición que le permitiera al grupo oficialista tener las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, requeridas para hacer cambios constitucionales. Sin embargo, Morena descartó tal versión y aseguró que mañana se discutirá la iniciativa.
A San Lázaro también ya llegaron algunos legisladores panistas, como Carlos Alberto Valenzuela y Reresa Castell, quienes departieron con el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y otros legisladores perredistas, tacos de cortes de carne, chorizo, guacamole y chicharrón.
Afuera del recinto legislativo se encuentra un grupo del Frente Nacional Obradorista. Armando Monter, fundador de dicha agrupación, indicó a medios nacionales que el domingo estarán presentes “no menos de 5 mil personas” para evitar, si es necesario, la entrada de los legisladores de oposición en aras de que la reforma presidencial sea aprobada.
DICTAMEN CON CAMBIOS MÍNIMOS
Aunque la bancada de Morena aseguró haber integrado 9 de las 12 planteamiento de la Alianza Va por México en el dictamen que será discutido mañana en el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen mantiene prácticamente sin cambios la propuesta del titular del Ejecutivo.
En el artículo 27 Constitucional mantiene que el “litio y demás minerales considerados estratégicos para la Transición Energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Señala que el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.
En el artículo 28, el dictamen mantiene como lo propuso López Obrador, que la CFE será responsable de la electricidad y del Sistema eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta.
La CFE generará al menos 54 por ciento de la energía eléctrica que requiere el país, mientras el sector privado participará hasta en el 46 por ciento. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.
En los artículos transitorios, el dictamen también se dejó la propuesta de AMLO para que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpora a la CFE; institución que quedará a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico dando prioridad a las centrales eléctricas de la CFE.
“Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”, indica el artículo V del citado dictamen, acorde también con la propuesta del titular del Ejecutivo.
El dictamen también indica que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica no será reconocida, ni adquirida por la CFE.
La generación excedente de los Productores Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida ni adquirida. Las solicitudes de permisos pendientes de resolución no serán autorizadas, refiere el texto.
También conforme a la propuesta del titular del Ejecutivo federal, el dictamen mantiene la cancelación de los Certificados de Energías Limpias “El Ejecutivo Federal instrumentará mecanismos que contribuyan a la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y el incremento de la utilización de energías limpias, en los procesos de generación y consumo de energía eléctrica”.
El porcentaje de la energía eléctrica que se reconoce a la inversión privada es la que se generaba al amparo de los permisos y contratos cancelados a las empresas que operaban a las centrales de los Productores Independientes de Energía, sin considerar atribuidos excedentes; las centrales Eléctricas construidas a partir de la reforma energética del 2013; las centrales Eléctricas de Autoabastecimiento auténtico que hayan operado conforme a los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y, las centrales adjudicatarias de las subastas de largo plazo.
“Estas centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sea adquirida por la CFE a través del Cenace, en el corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales. La CFE celebrará contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo, para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado”, señala el documento al que tuvo acceso ZETA.
Entre los pocos cambios que se hicieron en el dictamen destaca el que se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt. Mientras que, los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE.
Además de establecer que a la entrada en vigor del decreto, la CFE procederá a establecer un esquema tarifario del servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, saneamiento y doméstico; asimismo, revisará las que correspondan a las instituciones de salud y educación pública, con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles.
Y la modificación al artículo 4 Constitucional para establecer que toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos que establece esta Constitución. El Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica.
