La periodista Adela Navarro Bello, directora del Semanario ZETA de Tijuana, participó, el 21 de abril del 2022, en el Panel ‘Libertad de Prensa. ¿Cómo se regula en México?’, mismo que se llevó a cabo en el recinto de la Sesión Permanente, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura del Senado de la República, donde denunció que ninguno de los homicidas -ni materiales, ni intelectuales- están en prisión por asesinatos de periodistas.
En el Panel también participaron Balbina Flores Martínez, representante en México, y, Nube Álvarez Sagahón, coordinadora de Proyectos en Alemania, de la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), respectivamente.
Además, en dicho Panel participaron Sergio Aguayo Quezada y Carlos Osoria Polo, presidente y consultor de la asociación civil Propuesta Cívica, respectivamente. Además de Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, encargado del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
“En el mundo, gobiernos populistas amenazan la libertad de expresión. En México, los periodistas y los medios de comunicación, son constantemente atacados por los gobiernos. Amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico”, indicó Navarro Bello, durante su participación.
“Hoy, más que nunca, la libertad de expresión, está en riesgo. La censura es un desafío con el que se enfrentan todos los periodistas amenazados por los criminales y presionados por los gobiernos”, enfatizó la directora del Semanario ZETA de Tijuana.
“Los periodistas de investigación, fundamental su ejercicio en una democracia, se han convertido en un contrapeso a los regímenes gubernamentales, a veces con consecuencias fatales, con exilios, con el desplazamiento ante la intolerancia de quien detenta un poder, sea político, económico o social”, agregó Navarro Bello.
“Nosotros, los periodistas de investigación, en un mundo de oscuridad, de opacidad e impunidad, queremos ejercer la libertad de expresión, y defender el derecho de otros a ejercerla también, sin perder la vida en el intento”, insistió la directora del Semanario ZETA.
Navarro Bello también exigió justicia para las familias de los periodistas asesinados, y garantías de seguridad para quienes, en todo el mundo, en este momento, están reporteando y documentando la historia, “con valentía y arrojo”.
“Mientras las víctimas son revictimizadas por investigaciones ministeriales que, a toda costa, pretenden quitarles la dignidad de haber ejercido el oficio, las familias permanecen en el abandono al no haber una reparación del daño”, acusó la periodista.
Navarro Bello también recordó que existe un protocolo homologado para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión, que no se utiliza en los estados de la República Mexicana, donde se llevan a cabo la mayoría de las investigaciones sobre estos casos.
“No fue aplicado en el caso de Margarito Martínez [Esquivel], ni en el de Lourdes Maldonado [López], asesinados ambos en menos de seis días en Tijuana, Baja California, a inicios de este año, los cuales permanecen en la impunidad en su autoría intelectual”, enfatizó.
“Tal como los tres asesinatos que contamos en el semanario ZETA. Todos en la impunidad, el de Héctor Félix {Miranda], cuyo aniversario luctuoso fue el día de ayer 20 de abril, y sigue sin obtener justicia. O el atentado a Jesús Blancornelas, también codirector fundador del semanario, sucedido en 1997, cuando fue asesinado su asistente”, recordó.
“En la misma circunstancia está el asesinato del editor general de ZETA, Francisco Ortiz Franco, desde 2004, su caso no ha avanzado para llevar a la justicia, tanto a quienes accionaron las armas para matarlo, como a quienes ordenaron su crimen”, dijo la directora del medio bajacaliforniano.
“A este clima de impunidad y corrupción en el que se ven envueltos los periodistas en el pleno ejercicio de su oficio, se le suma la precariedad con la que viven los comunicadores en México, teniendo que hacerse de otros trabajos para poder sostenerse y a sus familias”, enfatizó.
“Las condiciones en México son de harto riesgo para los periodistas, particularmente para los de investigación, amenazados por cárteles de la droga, por gobiernos corruptos, y presionados por lo que publican, por departamentos de comunicación”, abundó Navarro Bello.
“En México se requieren leyes, reglamentos e instituciones, que garanticen no solo la libertad de expresión, que es un derecho humano, cuanto más, la seguridad, el bienestar y la justicia, para los periodistas asesinados, y para sus familias”, finalizó la directora del Semanario ZETA.
¿CÓMO ESTÁ INTEGRADA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO?
La presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta del Congreso de la Unión es la legisladora Kenia López Rabadán, mientras que los integrantes son los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Nestora Salgado García.
Los integrantes de dicha Comisión son Citlalli Hernández Mora; Martha Guerrero Sánchez; Martha Lucía Micher Camarena; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre; Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo; José Alfredo Botello Montes; Gina Andrea Cruz Blackledge; Sylvana Beltrones Sánchez; Claudia Edith Anaya Mota; María Graciela Gaitán Díaz; Gloria Sánchez Hernández; y, Raúl de Jesús Elenes Angulo.
ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO
En lo que va de este 2022 van ocho periodistas asesinados en México; José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; y, Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán.
Desde el año 2000 hasta la fecha, la ONG Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 32 en el actual, de Andrés Manuel López Obrador.
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB) Federal, en lo que va de la Administración encabezada por López Obrador -desde el 1 de diciembre del 2018 y hasta el viernes 16 de marzo del 2022-, han sido asesinados un total de 57 comunicadores, y el 90 por ciento de estos crímenes están impunes.
