El 15 de enero de este año el “Cabo 16” o el “Jaguar”, se puso en contacto con el “Huesos”, a quién le ordenó asesinar a Margarito Martínez y videograbar la ejecución cómo prueba de que se realizó el encargo.
El juez de control Lauro Vizcarra vinculó a proceso a tres hombres presentados por la Fiscalía del Estado de Baja California, implicados en el homicidio del fotoperiodista de ZETA, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, asesinado en Tijuana el 17 de enero de este año afuera de su domicilio.
La autoridad dictó como medida cautelar prisión preventiva para los coautores del asesinato del reportero gráfico; además dio un plazo de seis meses para que la FGEBC presente el resto de pruebas, resultado de las investigaciones para imputar a quienes planearon y asesinaron a Martínez Esquivel.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de los presuntos autores materiales del homicidio, celebrada la tarde del martes 8 de marzo de 2022, el Juez dio lectura de las distintas pruebas que presentó la fiscalía para fincar la responsabilidad del delito a Christian Adán Velázquez, el “Cabo 16” o el “Jaguar”; José Ochoa Díaz, el “Huesos”; y Manuel Ramos Adrián Nicolás Ramos, el “Uber”.
En la audiencia virtual que duró alrededor de una hora y media la defensa pública de los presuntos culpables del asesinato de Margarito Martínez Esquivel, expuso que se violaron los derechos humanos de sus representados, por presuntamente, haber extraído en los cateos dos celulares, que de acuerdo con el abogado, el contenido, no debería ser tomados en cuenta para la investigación.
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Sin embargo, el juez señaló que los teléfonos mencionados, no están dentro de las pruebas ofrecidas hasta el momento por parte de la FGE, por lo que no se estaba violentando ninguna de las garantías individuales de los privados de la libertad.
Previo a dictar la vinculación a proceso, Lauro Vizcarra dio lectura de las distintas pruebas ofrecidas por la fiscalía contra los imputados.
Respecto a la supuesta declaración realizada por los vinculados a proceso en la audiencia inicial celebrada el pasado viernes 4 de marzo respecto a que el motivo del homicidio de Alonso Margarito Martinez Esquivel fue la publicación en la edición impresa de ZETA que circuló a partir del 15 de enero y donde se expuso el modus operandi del grupo criminal que opera el Cabo 20, el juez informó que los presuntos asesinos se reservaron su derecho a declarar.
También detalló, que con base en la declaración de testigos protegidos, denuncias anónimas y lo recabado en un teléfono celular, la FGE presentó el trabajo de la víctima, como móvil del asesinato del fotoperiodista.
Como parte de la lectura del material presentado por la fiscalía, el juzgador refirió que el 15 de enero de este año el “Cabo 16” o el “Jaguar”, se puso en contacto con el “Huesos”, a quién le ordenó asesinar a Margarito Martínez y videograbar la ejecución como prueba de que se realizó el encargo.
José Ochoa Díaz se puso en contacto con Adrián Nicolás Ramos, el “Uber”, y le ordenó matar al fotoperiodista, explicándole que era un trabajo para Christian Adán Velázquez (Cabo 16).
Entre las conversaciones del autor material y el intelectual -hoy detenidos-, tampoco hay referencia al móvil específico del crimen.
Sin embargo, de acuerdo a testimonios de dos testigos protegidos ante la FGE, el motivo del homicidio fue por publicar en redes sociales, fotografías de la familia del David López Jiménez, alias “El Cabo 20” y/o “El Lobo”, líder de una célula de criminal al servicio del Cártel Arellano Félix, que opera en la delegación Sánchez Taboada, para la que “El Jaguar, el Huesos y el Uber” cometen crímenes.
Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía a las cuales le dio lectura el juez de control, se detalló que a través de conversaciones vía WhatsApp entre los detenidos, se planeó el homicidio. Y “El Uber” fue quien disparó en tres ocasiones contra Martínez Esquivel, al final, a distancia, grabaron cuando la familia se acercó al cuerpo inerte de la víctima.
Por teléfono les compartieron la ubicación del domicilio de Margarito y estuvieron informando al Cabo 16 sobre el proceso de ejecución. En el chat se lee de acuerdo con los investigadores que “El Jaguar” le indica al “Huesos”: “Hay que cazarlo, lo quiero bien tieso”.
El 17 de enero José Ochoa Díaz envió un video donde se ven los momentos posteriores a la ejecución, a una persona tirada en el suelo gritando. Y horas después, los presuntos asesinos, compartieron comentarios respecto al operativo que se realizó en la zona minutos después al crimen.
También comentaron la nota que publicó ZETA ese mismo día donde se reportaba sobre el asesinato del fotoperiodista y se mencionaba una de las versiones dada en la escena del crimen, ofrecida por la familia de la víctima a la Policía Municipal y expuesta en el reporte policiaco, donde referían como posible móvil, una riña con vecinos de la cuadra.
Después en la conversación, expresaron que irían al velorio de Martínez Esquivel, para ver qué se decía de su muerte, sin embargo, no asistieron dado el operativo de seguridad que se desplegó en la zona donde se llevó a cabo el funeral del fotoperiodista.
Al “Uber” le pagaron 20 mil pesos por ejecutar al comunicador gráfico y este a su vez le pagó mil pesos a una mujer que lo apoyó en la operación cómo halcón. Todo lo anterior, de acuerdo con las pruebas presentadas por la FGE, fue posteriormente confirmado por denuncias anónimas.
De acuerdo a la información que se obtuvo del celular decomisado al “Huesos”, el “Cabo 16”, le pidió “un soldado” a Ochoa Díaz quién contactó al Uber. También informaron que el 18 de enero metieron la pistola dentro de una mochila y la enterraron para que el arma no fuera localizada.
Respecto al móvil presentado por la fiscalía, que se basó en los testimonios “de oídas”, de dos personajes anónimos, ambos señalaron que escucharon al autor material del homicidio decir que fue por “publicaciones en Facebook”, “publicaciones en redes” y “publicaciones de la familia del Cabo 20”.
En una transmisión en vivo, en diciembre del 2021, el facebookero Ángel Peña lo acusó -sin pruebas- de administrar páginas en Facebook donde se exponía a los miembros de un grupo delictivo para favorecer a otro; razón por la que el fotoperiodista se había contactado con el programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
El trabajo de Margarito Martínez era público, y consistía en hacer fotografías de hechos policiacos -no investigaciones, ni reportajes-, y vendía las imágenes a diversos medios locales, incluido el semanario ZETA.
El juez Vizcarra concluyó la audiencia, explicando que las pruebas presentadas por la Fiscalía acreditaban la probable participación de los ahora tres vinculados a proceso en el delito de homicidio calificado con alevosía, premeditación y ventaja, contra el reportero gráfico Alfonso Margarito Ramírez Esquivel, colaborador de este semanario.
La FGE tendrá hasta el 8 de septiembre de este año, para presentar lo resultante de la investigación realizada por el área de informática forense, entrevistas con testigos presenciales en el lugar de los hechos, la reparación del daño causado y los dictámenes de criminalística de campo para proceder a la audiencia intermedia y su posterior sentencia.
Mientras tanto los presuntos autores materiales del homicidio del fotoperiodista tijuanense estarán privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa. Por otra parte, el Juez de control también ordenó al director del penal que apoye a los presuntos culpables para que puedan comunicarse con su familia, para lo que dio un plazo de 48 horas.
