José Sebastián Maíz García, ex diputado priista que durante 2018 apoyó al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra detrás del multimillonario negocio de la planta fotovoltaica que pretende instalarse en Mexicali, con la intención de abastecer de energías limpias la necesidad eléctrica del Acueducto del Río Colorado-Tijuana. El proyecto que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha cuestionado y pedido a la empresa Next Energy de México que “por ética” rescinda el contrato, pertenece a una de las familias más ricas y beisboleras de Monterrey
La planta fotovoltaica que pretende construir el consorcio de empresas representadas por la regiomontana Next Energy de México, SA de CV nació muerta, pero aun así, puede generar severas consecuencias a las arcas de Baja California, pues según comentó el secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, durante una conferencia de prensa realizada el 3 de marzo, el daño patrimonial podría alcanzar los 12 mil millones de pesos, debido a que el contrato firmado con el Poder Ejecutivo es el más parcial que ha tenido frente a sus ojos en 30 años de ejercicio.
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Con un sobreprecio del 200% -de acuerdo con Juan José Pon, consejero jurídico del Estado-, Next Energy firmó un contrato con el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, que pretendía obtener más de 44 mil millones de pesos en un periodo de 30 años por la instalación de un parque solar para producir los 80 mega watts requeridos para el funcionamiento “a tope” del Acueducto Río Colorado-Tijuana.
A año y medio de haber signado el primer contrato entre Next Energy y el Poder Ejecutivo de Baja California, la obra ha sido retrasada en reiteradas ocasiones; la última promesa del consorcio es que iniciaría operaciones el 1 de febrero de 2022, lo cual no ocurrió, pero no impidió que enviara las primeras facturas para cobrar los 123 millones de pesos por un servicio que aún no ofrece.
Entre las principales irregularidades destaca que el Estado cedió el derecho de revisar los avances de construcción de la empresa y los entregó a una tercera institución, contratada por Next Energy y que formaría parte del consejo de expertos que además resolverá mediante un análisis propio los conflictos entre proveedor y Estado.
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En este acuerdo -evidentemente desleal-, la empresa encargada de la evaluación, llamada Valorum Capital, afirma que la fotovoltaica lleva un avance del 12% en su construcción, cuando las imágenes y el propio titular de la Hacienda estatal, han constatado que en la zona sólo hay tierra y viento.
Más de mil páginas comprenden el proyecto de la planta fotovoltaica, entre el contrato, los múltiples convenios modificatorios, anexos y acuerdos bancarios para la operación del fideicomiso.
A juicio del abogado de empresas Benjamín Almanza, es sin duda el peor contrato que ha tenido la oportunidad de revisar, en el cual se otorgan todos los beneficios y garantías a la empresa, lo que evidentemente representaría una acción fraudulenta que podría llevarse fácilmente a una instancia penal.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Alberto Sánchez, afirmó tajantemente que el ex mandatario Jaime Bonilla Valdez dejó un desastre energético en BC, pero vio igual de preocupante que los actuales secretarios de Estado nieguen un déficit energético severo.
EL CONTRATO CON NEXT ENERGY
Luego de la aprobación en julio de 2020 por el Congreso del Estado, en septiembre la empresa firmó un contrato de intención para arrendar las tierras en caso de resultar ganadores de la licitación, y dos semanas después, se firmó el contrato de Next Energy con el Poder Ejecutivo del Estado para la producción de 80 mega watts de energía eléctrica para el traslado de agua hacia la Zona Costa de Baja California.
Documentos en poder de ZETA establecen que el proyecto fue signado por Next Energy, pero en realidad participaría todo un consorcio de empresas como Constructora Maíz Mier, SA de CV, cuyo propietario es el también dueño del club de beisbol Sultanes de Monterrey, José Maíz García, además de hermanos y familiares.
Next Energy de México, SA de CV; Next Energy de BC, S de RL de CV; Next Energy del Centro, S de RL de CV; Eólica Santa Catarina, S de RL de CV; Next Energy Agua y Viento. S de RL de CV y Estrategia Energía Eléctrica, Comercializadora SAPI de CV -conocida como E3– comparten socios, familiares y/o representantes legales en diversos momentos.
Según los contratos en poder de ZETA, E3 fue invitada por Next Energy para dotar de energía al acueducto durante los meses previos a la inauguración de la planta, para así dejar de abastecerse de SUMEX y ORCA Energy, pero a la fecha esto no se concretó.
Por este servicio se proyectó un monto de 119 millones de pesos mensuales, durante un plazo de abril a octubre de 2021, fecha en que se plasmó el arranque del proyecto.
Sin embargo, la falta de permisos y la lentitud de la propia empresa provocaron que se llevara a cabo una serie de convenios modificatorios que culminaron con la promesa de instalarse hasta febrero de 2022, lo cual tampoco ocurrió.
En el contrato se observa una serie de plazos que la empresa debió cumplir en torno a permisos e inversiones que nunca concretó. De hecho, en el primer anexo, Next Energy indicó que el plazo máximo para obtener los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) era el 31 de julio y, un mes después, tendría todos los permisos federales.
Llama la atención porque en agosto de 2020, la propia Secretaría de Energía (Sener) encabezada por Rocío Nahle, envió un oficio con número SENER.100/2020/303. Exhortaba al gobernador Jaime Bonilla Valdez, suspender el proceso de licitación de la planta, al tratarse de un proyecto fuera de sus facultades y que eran requeridos los permisos del CRE para concretarlos. Es decir, el Poder Ejecutivo ya sabía que no tenía la venia del Ejecutivo federal para licitar el procedimiento, pero aun así, continuó con el proyecto.
Un día antes de terminar la administración de la alcaldesa mexicalense Guadalupe Mora Quiñónez, hubo una presión política muy fuerte hacia sus funcionarios para aprobar de último minuto los permisos municipales de la planta fotovoltaica, pero al arribo de la administración de Norma Bustamante Martínez, se les negó el permiso para su instalación, argumentando no contar con Manifiesto de Impacto Ambiental ni los permisos federales para arrancar su operación.
Pese a ello, Next Energy contrató a un despacho “externo” llamado Valorum Capital, cuyo socio directivo es Juan Luis Flores Flores -quien también obra en la investigación como imputado- para evaluar los avances de la construcción de la planta y, en el último “estudio” que realizó, dio a conocer que la obra llevaba un 12% de avance en su construcción.
Entrevistado sobre el tema, el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, negó que existiera evidencia de algún tipo que confirmara sus dichos.
Este Semanario tuvo acceso a dichas evaluaciones y confirmó que no existe información que sustente las afirmaciones, sólo se trata de una tabla donde arbitrariamente se define un número donde se dio el avance específico.
Cabe señalar que dicha empresa no se encuentra registrada en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía.
Pese a no operar, Next Energy logró descontar directamente de participaciones federales un monto de 123 millones de pesos y, a finales de febrero de 2022, envió una nueva factura para cobrar los siguientes, pero tras la suspensión provisional emitida por un juez federal, se notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejar de generar dichas retenciones, debido al litigio emprendido por el gobierno estatal.
No conforme con ello, se solicitó a Afirme que devuelva el dinero ya cobrado y que forma parte del fideicomiso, en tanto no se resuelva el proceso judicial. Inicialmente se tenía previsto destinar el recurso de la recaudación de impuestos a nómina y a los juegos de apuestas para cumplir con los compromisos, pero se hicieron varias modificaciones al contrato -todas en favor de la empresa- hasta definir las participaciones federales como una garantía de pago.
LA EXPANSIÓN DE NEXT ENERGY
Antes de 2018, Next Energy de México, SA de CV no tenía peso específico en materia energética a nivel nacional. De acuerdo con Alberto Sánchez, presidente de la Canacintra, no era conocida en el gremio hasta que ganó el contrato con el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 para abastecer el servicio del principal consumidor de energía en la entidad, como lo es el acueducto.
Según el RPC, Next Energy de México fue fundada en octubre de 2009 por Héctor Martínez Vivas y Gloria Yolanda García Peña, teniendo como representantes legales a Stephany Lizeth Gallardo Rodríguez y Julio Pani Bano.
En su página de internet presume tres de sus proyectos como “historias de éxito” en las comunidades Vista Real y Country en Nuevo León, y San Jerónimo, en Puebla. Sólo en este último se detectó información al respecto por parte del Ayuntamiento de Atlixco, dando a conocer que se entregaron veinte paneles solares a residentes de dicha comunidad por parte del gobierno municipal.
Los tres proyectos juntos apenas superan los 30 kilowatts, a lo que un experto en materia energética consultado por ZETA, estableció que se trata de proyectos “pequeñitos” y muy distantes al complejo que pretendía construirse en el Kilómetro 26 de la Carretera Federal 5.
Fue a partir de su cercanía con el empresario Eugenio Javier Maíz Domene, hijo del multimillonario regiomontano José “Pepe” Maíz García, ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional de 2012 a 2015 y propietario del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey -mismo giro que Jaime Bonilla y el Presidente Andrés Manuel López Obrador-, cuando Next Energy comenzó a cobrar notoriedad, y en febrero de 2020 recibió una inversión de miles de millones de pesos por parte de la familia Maíz.
La cercanía de AMLO y el “Sultán” Maíz García, comenzó a hacerse pública cuando el empresario elogió al mandatario nacional en entrevistas a medios de comunicación regiomontanos. En 2019 se materializó una reunión pública del Ejecutivo federal con propietarios de equipos e históricos beisbolistas en Palacio Nacional; muy cerca de López Obrador estaba “Pepe” Maíz en imagen compartida vía Twitter.
De ser una pequeña empresa, Next Energy comenzó a crear varias filiales: Next Energy Agua y Viento; Next Energy BC; Next Energy Monterrey; Next Energy del Centro; Next Energy Solutions, entre otras.
De 2017 a la fecha han dirigido y creado varias empresas en la Península de Yucatán, donde crearon Suministrador de Energía del Sureste, S de RL de CV; Suministradora de Energía Sustentable Paso del Norte, SAPI, de CV (2018); Energías Renovables Riviera Maya, SAPI de CV, por citar algunas.
De hecho, la primera mencionada ya cuenta con un permiso de producción de energía eléctrica en Bacalar, uno de los sitios donde cruzará el magno proyecto del Presidente López Obrador, el Tren Maya, mismo que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo -en una información generada por la publicación Forbes– ha establecido que construirá diez granjas solares para satisfacer su necesidad energética.
Según el RPC, todas las empresas tienen socios en común que siempre parten de Héctor Martínez Vivas y Ricardo Ozaeta Seyffer, además de Eugenio Javier Maíz Domene y José Manuel Alcocer Cobos.
DENUNCIA CONTRA BONILLISTAS
Desde el inicio del proyecto, se sabía que venía viciado de origen. El presidente de Canacintra, Alberto Sánchez, afirmó que el Poder Ejecutivo fijó una póliza para comprar las bases que superaba los 500 mil pesos, lo que automáticamente limitó la operación de empresas locales.
Sólo algunas participaron y, mediante proceso de evaluación sin garantías, se definió a Next Energy de México como ganadora del proyecto.
Acorde con el diputado Juan Manuel Molina, cuando aprobaron el contrato plurianual -en julio de 2020- establecieron que se buscara a la empresa con las mejores garantías del mercado. Sin embargo, no fue así.
Sánchez dijo que la propuesta de Next Energy no fue la mejor técnica ni económicamente, pero aun así, fue electa por el comité de secretarios de primer nivel que participó.
Aunque Marco Moreno Mexía se negó a proporcionar los nombres de los funcionarios involucrados en la licitación y firma de los diversos contratos y convenios modificatorios, ZETA logró identificar a aquellos que en su momento signaron el compromiso:
– Luis Salomón Faz Apodaca, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua
– Adalberto González Higuera, oficial mayor
– Rodolfo Castro Valdez, secretario de Hacienda
– Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial
– Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, directora general de la Comisión Estatal de Energía
– Marco Octavio Hilton Reyes, oficial mayor –actual funcionario del Sistema Penitenciario-
– Israel Clemente González, oficial mayor
– Pablo Alonso Hernández Arellano, director de Inversión Pública.
En conferencia de prensa, tanto el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, como el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon, dieron a conocer una serie de irregularidades por parte de Next Energy y el gobierno estatal anterior, entre las que establecieron un sobreprecio del 200% en la obra de la planta fotovoltaica. Sin mencionar los candados para impedir romper el contrato por parte del Poder Ejecutivo, entre ellos la obligación de pagar hasta 12 mil millones de pesos por daños a Next Energy.
No conforme con ello, Moreno Mexía exhibió el poco avance de la empresa en la construcción de la misma y que las oficinas donde supuestamente se ubica el consorcio resultaron ser un inmueble abandonado en Monterrey, Nuevo León.
Por este y otros hechos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades; coalición de servidores públicos y ejercicio ilícito del servicio público falsedad de las autoridades.
A esto, el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Benjamín Almanza, consideró que se le pudiera agregar un fraude específico, pues la empresa tenía pleno conocimiento de que no contaba con los permisos y, aun así, ofreció un servicio que estaba imposibilitado a otorgar.
“Ofreció (Next Energy) cosas que no estaban en el contrato inicial, ¿a qué me refiero? A un banco de baterías. Esto no va por buen camino, porque los que conocemos de esto, sabemos que supera por mucho el costo de la misma granja, ni siquiera California tiene este tipo de baterías, y temas como que el mismo Estado, comentaban que después de 30 años iba a ser propiedad del Estado, cuando la vida útil es precisamente de 30 años; al año 31 sería basura, iba a ser un lastre porque tenía que retirar todo esto”, puntualizó Alberto Sánchez, de la Canacintra.
