La gobernadora de BC acusa que la institución financiera no tiene voluntad para restituir 123 millones de pesos retenidos para un fideicomiso de la planta fotovoltaica, pese a haber un mandato judicial que obliga al banco. Pedirá la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que imponga medidas e incluso sanciones contra Banca Afirme
Hasta el miércoles 23 de marzo, Banca Afirme no había restituido al gobierno de Baja California los 123 millones de pesos que le fueron retenidos de las participaciones federales para constituir un fideicomiso para la planta fotovoltaica que desarrollaría la empresa Next Energy, que suministraría electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
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Ello, pese a que el proyecto no obtuvo los permisos federales para su construcción y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda exigió la devolución del recurso, advirtiendo que si Banca Afirme no regresa el dinero, “sería cómplice de uno de los atracos más grandes que ha tenido el pueblo de Baja California”.
Al “no haber voluntad de parte de Banca Afirme de cumplir con el mandato judicial de regresar esos 123 millones de pesos”, la administración estatal no puede tener ninguna relación contractual con dicha institución financiera, sentenció la titular del Poder Ejecutivo estatal.
Se sabe que como una repercusión a la falta de voluntad de Afirme en el tema de la planta fotovoltaica, la administración actual ya canceló las cuentas que tenía con dicho banco, heredadas por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez; sólo falta revocar el acuerdo de alrededor de 50 cajas en oficinas recaudadoras, mediante las cuales se captan recursos por diferentes trámites, como las licencias de conducir y tarjetas de circulación, entre otros.
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El monto promedio mensual recaudado en las cajas de Afirme en Mexicali y Tijuana, ascendería a 70 millones de pesos, recurso que se transfiere en un lapso de 24 horas a una cuenta del gobierno estatal con otra institución financiera.
El acuerdo con Banca Afirme no tiene un costo para el gobierno, ni para la institución financiera, ya que esta se ve beneficiada al tener ese flujo de recursos en su captación total, la cual le permite prestar dinero a una tasa de interés. Una eventual cancelación del acuerdo con el gobierno estatal tendría un impacto económico para el banco, aunque no lo desestabilizaría.
Sobre este asunto, Andrés Pulido, subsecretario de Hacienda, aseguró que se están “tomando las acciones pertinentes” para cambiar de institución financiera, aunque no dio más detalles.
Especialistas consultados por ZETA, consideran que por el perfil del secretario de Hacienda, el gobierno estaría optando por alguna institución financiera de cobertura nacional, como Banorte, Santander, CitiBanamex o BBVA. “Parece que el secretario se siente más cómodo trabajando con instituciones financieras grandes, y aparentemente no es de su agrado trabajar con instituciones pequeñas que no ofrezcan soluciones integrales”, opinaron.
ACUDIRÁN A CNBV PARA RECUPERAR LOS 123 MDP
A la par, el gobierno estatal continúa la ruta jurídica para lograr que Banca Afirme devuelva los 123 millones de pesos del fideicomiso de la planta fotovoltaica.
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Baja California, señaló que ya feneció el plazo para que Afirme restituya el recurso, por lo cual el gobierno estatal acudirá al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar “la aplicación de medios de apremio”, como una amonestación, multa e incluso la fuerza pública.
“También acudiremos ante la Fiscalía General del Estado para presentar una ampliación a la denuncia de hechos presentada el 4 de marzo, señalando esta omisión, esta negativa, por parte de Banca Afirme de restituir los 123 millones de pesos”, advirtió el funcionario público.
De igual forma, el gobierno estatal acudirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “para que intervengan e impongan las medidas, o incluso las sanciones necesarias, para realizar la restitución de ese recurso a los bajacalifornianos”.
Durante la conferencia matutina de la gobernadora, el miércoles 23 de marzo, Pon Méndez detalló que el Tribunal de Justicia Administrativa concedió al gobierno estatal una suspensión provisional para que Afirme restituya los 123 millones de pesos, misma que le fue notificada a la institución bancaria.
En vez de acatarla, hace unos días la institución financiera presentó una suspensión en contra ante un Juez de Distrito de Tampico, Tamaulipas, “de la cual se podría interpretar que se permitía a Afirme realizar los 123 millones de pesos en favor de esta empresa, Next Energy”. Sin embargo, el gobierno estatal obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa una suspensión definitiva, con la que subsiste la obligación de Afirme de restituir los 123 millones de pesos.
“Comparecimos ante el Juzgado de Distrito de Tampico, ya nos apersonamos y presentamos diversas cuestiones, entre ellas un recurso de queja, en el que se señala que el juez federal de Tampico, lo consideramos incompetente por razón de territorio, porque en pocas palabras, los actos que se reclaman, ocurrieron en el Estado de Baja California y no en Tamaulipas”, refirió.
Pon advirtió que el gobierno estatal estará “muy pendiente” de ese juicio de amparo y dará “puntual seguimiento” al cumplimiento de la obligación de Banca Afirme de restituir los 123 millones de pesos.
Con el recurso legal a favor del gobierno estatal, también se logró detener otra afectación a las participaciones federales. Como se recordará, el fideicomiso de la planta fotovoltaica estipula una afectación del 19.5% del total de participaciones federales, como garantía y fuente de pago, a Next Energy.
