“Es evidente que el Gobierno de la República, sosteniendo aquello de que de todo está enterado el Presidente, prefirió la deportación para evitar que en México, como sucedió horas antes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las huestes criminales del Cártel del Noroeste intentaran liberar al detenido”.
Dieciocho de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México, de acuerdo al informe sobre la violencia y la inseguridad en el año 2021, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, que fue dado a conocer hace unos días.
En las primeras 10 posiciones de las ciudades más violentas, se encuentran ocho mexicanas, en estricto orden, ocupando de la posición uno a la ocho: Zamora, Michoacán; Ciudad Obregón, Sonora; Zacatecas, Zacatecas; Tijuana, Baja California; Celaya, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua; Ensenada, Baja California; y, Uruapan, Michoacán. Las últimas dos ciudades del listado de 10, son Saint Louis en los Estados Unidos, y Kingston en Jamaica.
El listado, que incluye en otras posiciones a otras ciudades mexicanas, Colima (14), Acapulco (16), Cuernavaca (18), Irapuato (21), León (22), Chihuahua (30), Morelia (34), Cancún (40), Culiacán (43) y Guadalajara (47), considera la cifra de muertes violentas, homicidios dolosos, en el periodo de un año y por cada 100 mil habitantes, así, las ciudades mexicanas destacan por su violencia.
Esta semana, dos ciudades mexicanas, una que sí aparece en el listado de las más violentas, Colima, y otra que no fue considerada, Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron el escenario de actos de terrorismo por parte de cárteles de la droga, de actos de inseguridad y violencia que pusieron en peligro de la vida de los residentes de esos dos municipios.
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En ambos casos, se trató de una impune y violenta respuesta de organizaciones criminales, hacia autoridades que participaron en la captura de sendos criminales ahí enquistados en células de la mafia o brazos armados que contribuyen en la inseguridad y a la comisión del delito de homicidio doloso, entre muchos otros.
Lo sucedido en Tamaulipas la madrugada del 14 de marzo, alertó hasta a las autoridades de los Estados Unidos, cuya representación consular en Nuevo Laredo, emitió una alerta de a los ciudadanos estadounidenses: “Debido a reportes de disparos durante la noche cerca del Consulado de los Estados Unidos y en distintas ubicaciones alrededor de Nuevo Laredo, los empleados del Gobierno de los Estados Unidos han sido llamados a continuar refugiados en un lugar. Los ciudadanos estadounidenses deberán evitar esas áreas y continuar en un refugio seguro”, al final del comunicado vía redes sociales, incluyeron un número telefónico para atender llamadas de emergencia.
No fue ese el único mensaje de la representación consular, posteriormente informaron a sus ciudadanos y usuarios que las labores para el día 14 en Nuevo Laredo serían pospuestas y por tanto las citas reagendadas, lo mismo en sus instalaciones en Piedras Negras para el 15 de marzo.
Las autoridades locales también actuaron. Hubo suspensión de clases, y se llamó a los ciudadanos de Nuevo Laredo a permanecer en sus casas no salir. No fue propiamente un toque de queda ante los enfrentamientos armados o los bloqueos, pero si una atenta advertencia a evitar salir durante esos momentos.
Al final, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, se registraron más de 30 agresiones a balazos. 20 a instalaciones militares, seis a instancias civiles y unos 13 bloqueos de calles, avenidas y bulevares. Los narcotraficantes, bloquearon las vías de comunicación con camionetas, automóviles y tractocamiones que incendiaron. Pretendieron infundir el miedo, tanto en autoridades como en sociedad, enardecidos por la captura de un criminal de los suyos. Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, fue el aprehendido.
Este hombre, sobrino de quien fuera líder criminal de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano. No hubo heridos, ni en el operativo de captura ni en los enfrentamientos posteriores, pero sí hubo presiones, tal cual las hubo en Culiacán, Sinaloa, en octubre de 2019 cuando la Policía Federal aprehendió a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, y debido a las cuales lograron que el mismísimo Presidente de la República, ordenara la liberación del vástago de quien fue el capo más buscado de México y el mundo.
Gerardo Treviño Chávez encabezaba al grupo criminal auto llamado “La Tropa del Infierno”, un violento brazo armado del Cártel del Noroeste, escindido de Los Zetas, y, que como muchas otras células criminales en otras ciudades, son los asesinos y traficantes de drogas.
Un Gobierno dado a no extraditar criminales detenidos -a Ovidio Guzmán lo habían aprehendido precisamente por una orden de extradición- sorprendió al enviar a los Estados Unidos a Treviño Chávez justo un día después de haber sido detenido. Aprovechó el Gobierno de México que “El Huevo” contaba con la ciudadanía norteamericana, para deportarlo de manera expedita, y obviar la extradición, pues el criminal tiene expedientes abiertos en este país por asociación delictuosa, extorsión, homicidio y terrorismo.
Es evidente que el Gobierno de la República, sosteniendo aquello de que de todo está enterado el Presidente, prefirió la deportación para evitar que en México, como sucedió horas antes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las huestes criminales del Cártel del Noroeste intentaran liberar al detenido.
Es quizá un buen ejemplo para que el Presidente de la República se decida a emprender operativos para la aprehensión de los mandos criminales en los distintos cárteles que operan ilegalmente en México en el comercio y tráfico de drogas, la extorsión, los secuestros y los homicidios, que tienen sumido al País, y por lo menos a 18 ciudades en la violencia cruenta de los balazos del narcotráfico, por encima de los proclamados abrazos del Gobierno de la República.
Ahora es cuando, ojalá la Presidencia no recule con las detenciones de mafiosos. Y que con el ejemplo, demuestre que no volverá a suceder lo acontecido en Culiacán en 2019, cuando las presiones de la mafia, influyeron en las decisiones de Gobierno.
