Especialistas en Derecho recalcan que la cacería de conductores de plataformas digitales es inconstitucional, sin embargo, pese a que el alcalde de Los Cabos manifestó que respetaría las leyes, las y los trabajadores de servicio de transporte privado han sido víctimas de violencia y atropellos a sus garantías individuales por parte de inspectores del Ayuntamiento
Aunque el cambio de gobierno municipal representaba una esperanza para trabajadores de servicio de transporte privado en Los Cabos, el ayuntamiento que ahora encabeza Óscar Leggs Castro, rompió la tregua y reinició la cacería de Uber en el principal destino turístico de Baja California Sur.
Hartos del acoso y hostigamiento de inspectores, las y los conductores estallaron en manifestaciones para protestar contra las medidas que inició la ex alcaldesa Armida Castro Guzmán, y que hoy continúan por medio de un nuevo edil.
La avenida principal de Cabo San Lucas, la calle Leona Vicario, fue bloqueada por prestadores de servicio y sus vehículos, en un intento de hacer hincapié en la violencia que, aseguran, sufren en contra de sus derechos laborales y humanos por parte de la Dirección de Transporte de Los Cabos.
En sus testimonios, manifestaron sentirse cansados, ya que han hecho hasta lo imposible por seguir los lineamientos de Uber para evitar ser sancionados por las autoridades, sin embargo, hoy se han cerrado todas las posibilidades.
Exponen que el acoso ha llegado a un nivel nunca antes visto. Acusan que una de las principales estrategias de los inspectores para multarlos, es solicitarles servicio por medio de la plataforma digital.
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“Ellos mismos con la aplicación solicitan y ahí los detienen, se hacen pasar por clientes. Se esconden, nos hacen creer que quieren un viaje y llegan como siete (inspectores) pateando la puerta”, comentó una de las afectadas.
Aseguran que recurrieron a bloquear las calles porque ya no tenían opciones. Las unidades que utilizan para trabajar no les pertenecen, son rentadas, o en caso de ser propietarios, las siguen pagando.
Es por ello que el hostigamiento de Transporte Municipal representa una soga al cuello de sus economías familiares, ya que también deben preocuparse por reunir las cuotas de las rentas o las mensualidades de los vehículos.
Desde que el gobierno de Leggs inició a finales de septiembre de 2021, deben trabajar de noche para ahorrar por si los multan. Aunque existe apoyo de la empresa, deben procurar contar con el recurso, ya que el procedimiento les obliga a pagar ellos primero y posteriormente Uber les reembolsa.
Testimonios recientes y de casos que ocurrieron durante el gobierno municipal de Armida Castro Guzmán (2018-2021), refieren que las multas que les imponen rondan los 20 mil pesos.
Uno de los puntos críticos del acoso de los inspectores, es que se han atrevido incluso a bajar a las y los clientes de las unidades de Uber, ya sean locales o turistas, como si se tratase de delincuentes. Ahora piden a las autoridades del principal destino turístico de Baja California Sur que les permitan trabajar y que se abran al diálogo.
“Les pedimos que nos dejen trabajar. Los taxistas dicen que porque Uber regala el trabajo, que porque ellos cobran menos por la aplicación. Nosotros no manejamos la aplicación como para bajar aún más el precio”, expresaron.
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS CALLA
Las acusaciones de las y los conductores de Uber trascendieron entre la ciudadanía que expone las deficiencias graves del servicio de transporte de Los Cabos, que imperaba hasta la llegada de la plataforma digital.
En medio de la discusión que despertaron las manifestaciones, ZETA solicitó una entrevista con el director de Transporte, Omar Torres Orozco, a través del área de Comunicación del Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Antes del inicio de su administración, el ahora alcalde Óscar Leggs concedió una entrevista a este Semanario, en la cual se le cuestionó cuál sería la dinámica que implementaría sobre las plataformas digitales de servicio de transporte privado.
En ese entonces, se limitó a mencionar que sería respetuoso de las leyes en cuanto a las facultades que tienen las plataformas para ofrecer el servicio a la ciudadanía de San José del Cabo y de Cabo San Lucas.
Durante las campañas electorales que se celebraron entre abril y junio de 2021, Leggs fue señalado por sus contrincantes por supuestas declaraciones en las que confirmaba que continuaría la cacería de Uber en su gobierno. Al ser cuestionado sobre las acusaciones, negó haber realizado esas manifestaciones, insistiendo en que los gobiernos municipales no son la cancha para regular el tema, puesto que se trata de un asunto legislativo en manos de las y los diputados de la XVI Legislatura.
A pesar de que especialistas advierten que las y los conductores de Uber están protegidos por la Constitución para operar, no hay indicios de que la administración de Leggs vaya a eliminar el acoso en contra de ellos y ellas.
INTERVENCIÓN DE TRANSPORTE ES INCONSTITUCIONAL
Edgar Iván Solís Cota, abogado especialista en asuntos laborales y de derechos humanos, aclaró la situación legal y jurídica que impera sobre esta problemática. Subrayó que el actuar de operadores y empresas está protegido constitucionalmente, aunque no esté en la Ley o no esté regulado.
Enfatizó que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar en el tema, ya que no se puede trasladar la responsabilidad al ciudadano, sino que el Estado es el obligado a regular este tipo de situaciones, respetando los derechos humanos que establece la Constitución.
“Lo que debemos de ver es que, si en la Ley no está contemplado, pero no está prohibido, el ciudadano puede hacer todo aquello que por Derecho le corresponde libremente y que la Constitución le respalda, aunque en la Ley no esté”, expuso.
En ese contexto, las autoridades municipales de Los Cabos se extralimitan en sus funciones o en la intención de regular a Uber, sobre todo porque se ha documentado que hay un acoso y seguimiento constante contra conductores, que no se ve en contra de conductores que sí violan reglamentos.
“Todas las autoridades tienen la obligación de respetar, garantizar y promover que los derechos humanos de las personas se hagan valer. Uno de ellos son las autoridades municipales, si no lo hacen, se extralimitan”, compartió.
Por lo tanto, el actuar de la Dirección de Transporte de Los Cabos es inconstitucional, según el especialista.
Recordó que la empresa ha obtenido amparos con jueces federales que han otorgado órdenes de suspensión, con el propósito de que las autoridades les permitan el ejercicio del servicio hasta que se resuelva el fondo del tema.
“Puede ser que la Ley establezca la facultad de un inspector de ir y sancionar a lo mejor a un conductor porque ejerce el servicio de transporte no regulado, supongamos que la Ley lo dice así de manera literal, pero, aunque esté en la Ley, puede ser inconstitucional. De ahí derivan los amparos”, explicó Solís Cota hizo.
Asimismo, hizo hincapié en que falta que el sistema legislativo se adecúe para que la operación esté perfectamente regulada, respetando los derechos humanos de todas las personas.
“Desde un punto de vista técnico-jurídico habría que decir que tanto la empresa para operar en una zona territorial en el país tiene derecho constitucional que la respalda, como los choferes el derecho de ejercerlo”, reiteró.
Los grupos de transportistas de Los Cabos, que ya están constituidos como taxistas, también tienen la libertad de desarrollar sus propias formas de operar y de entrar en este mercado competitivo y globalizado, como las plataformas digitales.
“Me parece que es más un tema de acaparamiento y bloqueo que se pretende hacer por algunos grupos de interés con el manejo de transporte operativamente, especialmente en el municipio de Los Cabos, que sabemos las repercusiones económicas que pueden llegar a impactar el ingreso de estas plataformas”, aseveró.
Por último, recalcó que l Constitución Política de México es muy clara en el Artículo Primero, en lo que se refiere a las libertades y derechos humanos que el Estado Mexicano debe no solamente de garantizar, sino de promover y proteger.
Agregó que el Artículo 15 también establece la libertad que se tiene para el ejercicio profesional siendo lícito y el Artículo 123 habla de las libertades y derechos en materia laboral, que respaldan el servicio que otorgan las y los manifestantes.
Para concluir, subrayó que hay otras disposiciones en la Constitución y en Normatividad de Carácter Administrativo en las que se establecen las facultades, atribuciones, obligaciones y limitantes que tiene el Estado mexicano para efecto de actuar en cuanto a la regulación de la forma de operar de los sistemas de transporte del país, siempre atendiendo el respeto al derecho humano que se tiene para el libre ejercicio de la profesión.
