Decir que no presentarán denuncias, o informar que como gobierno se harán cargo de los gastos de reparación de los estropicios que dejaron las damas a su paso en la marcha del 8M, resulta tan poco significativo como los mensajes de fortaleza para las mujeres -enviados por la gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda y otras funcionarias-, porque las injusticias de género son enormes.
Por ejemplo, de los 19 feminicidios y 309 homicidios dolosos cometidos en 2021 contra mujeres en Baja California, sólo 33 carpetas -apenas el 10%- fueron judicializadas. Y del total de 328 casos del año pasado, únicamente un juicio fue concluido con sentencia, abreviado.
Estos números indican que 294 familias de las víctimas de 2021 siguen esperando justicia por el asesinato de su hija, su hermana, su madre, su tía o su abuela.
Considerando que el promedio de casos resueltos haya sido el mismo en los últimos cinco años, resulta que, a partir de 2015, mil 580 asesinatos de mujeres continúan en la impunidad. Y eso es exclusivamente hablando de muertas. Faltan las desaparecidas y las víctimas de violencia intrafamiliar.
Datos proporcionados por Adriana Lizárraga, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, refieren que en BC se recibe un promedio de 6 mil denuncias de este tipo al mes, otras mil en promedio relacionadas con violaciones y abusos sexuales. Pero esta fiscalía, de reciente creación, sólo cuenta con seis ministerios públicos para Tijuana, donde se cometen entre el 60 y 70% de estos delitos.
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Seis de cada 10 llamadas a los números de Emergencia en Mexicali son por violencia familiar. Esta semana, de los once cuerpos en descomposición encontrados por los colectivos de búsqueda en San Luis Río Colorado, Sonora, dos eran mujeres: Karen Carrillo y Sheila Casillas, reportadas como desaparecidas en diciembre de 2021.
En el país, durante el año pasado se cometieron 969 feminicidios a nivel nacional y mataron a otras 2 mil 747 mujeres. Sólo entre enero y febrero del año en curso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se perpetraron 8 mil 053 delitos contra mujeres.
En un foro organizado por Causa Común, la abogada feminista Ana Fátima López Iturríos reveló que un estudio evidenció la falta de equidad en la impartición de justicia, ya que, mientras sólo 3 de cada 10 hombres son sentenciados, en el caso de las mujeres es una de cada dos. Y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, informó que en 22 estados mexicanos, se han solicitado 25 declaratorias de Alerta de Violencia de Género en contra de mujeres.
De hecho, fue hasta el 8 de marzo cuando finalmente, los diputados federales decidieron responder a uno de tantos reclamos en el tema y, de más de un año, redujo a 45 días naturales el plazo para investigar y declarar Alerta de Género en una entidad federativa.
Los datos antes expuestos, son parte de ese caldo de cultivo que provoca el disgusto, desesperanza y la ausencia de confianza manifiesta por miles de mujeres que decidieron marchar el 8 de marzo en Baja California, en México y en el mundo.
Al grito de “Somos malas, podemos ser peores”, las marchas, las pintas de monumentos, pisos e inmuebles públicos, algunas quemas controladas de material inflamable que llevaban, vidrios quebrados en equipamiento gubernamental, fueron como cada año, para visibilizar el reclamo ante la falta de respuesta de las autoridades frente a mujeres que perciben un salario 16% menos que los hombres por el mismo trabajo.
Frente a mujeres que dicen “basta ya” frente a gobiernos indolentes que no hacen lo que les corresponde por las víctimas de ante el acoso, los asesinatos, la violencia doméstica, las desapariciones, el abuso sexual, las violaciones, la trata; a la venta de niñas por usos y costumbres, las desigualdades laborales, ante la falta de justicia y acceso a una vida digna.
Y las consignas a todo pulmón para dejarlo claro: “Me cuidan mis amigas, no la Policía”, “Vivas se las llevaron y vivas las queremos”, “No estamos locas, nos están matando y nadie hace nada”, “Con o sin ropa a mí me respetas”, “Somos víctimas de la desaparición de nuestros familiares, las queremos de vuelta”, “Hermana, si te pega no te ama”, “Ser mujer nos está costando la vida”.
En un país y un Estado feminicida, para los hombres en los gobiernos el compromiso es claro, enorme. No se trata de discursos o posicionamiento, urgen acciones y compromisos claros para mejorar las condiciones laborales, superar las condiciones salariales y reducir la incidencia criminal en contra de las mujeres en todas sus formas.
En cuanto a las funcionarias en Baja California, tocará a la sociedad organizada y a los colectivos feministas, dar seguimiento a las acciones de la gobernadora, alcaldesas, diputadas, senadoras y regidoras, para ver si son capaces de replicar para todas las féminas de la región, la misma equidad de género que a ellas les permitió ocupar puestos de poder, percibir sueldos altos y mejorar su calidad de vida.
