Una empresa cuyo dueño se declaró culpable ante una Corte de San Diego por vender equipo de espionaje a gobiernos y empresarios para perseguir a opositores y la competencia, simuló en 2020 un contrato con la Fiscalía General del Estado entonces titulada por Guillermo Ruiz por más de 7 millones de pesos. La ASF reportó que la dependencia estaría causando un daño a la Hacienda pública federal
La Fiscalía General del Estado (FGE) simuló la compra de equipo táctico a la empresa Blindado Seguro, SA de CV, propiedad de Carlos Alberto Guerrero Villanueva,
quien se declaró culpable de comercializar equipo de espionaje a particulares y gobiernos como el de Baja California, en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
En noviembre de 2020, cuando el titular del Ejecutivo era el morenista Jaime Bonilla Valdez y su compadre Guillermo Ruiz Hernández se desempeñaba como titular de la FGE, la empresa de seguridad ganó el fallo de la licitación OM-INV-ADQ-FASP-014-2020BIS por 7 millones 494 mil 249 pesos.
La licitación fue administrada por Oficialía Mayor del Estado y tuvo de inicio tres participantes, sin embargo, dos de ellos no entregaron su propuesta técnica, dejando el camino libre a la empresa de Carlos Guerrero. Las otras firmas de seguridad fueron Comercializadora Armored Mex, S de RL de CV y Previniendo, SC.
En el documento del fallo, al que ZETA tuvo acceso, se menciona la adquisición de material balístico cómo chalecos antibalas y servicio de blindaje de unidades. Consultados, expertos en materia de combate a la corrupción mencionaron que esta operación de adquisición podría tratarse de una licitación “a modo”, por la forma en que se dio el proceso de la licitación.
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De las tres empresas licitantes, sólo una cumplió con los requisitos, sin una competencia real por la mejor opción para la adquisición de los insumos tácticos policiales.
Además, existen antecedentes irregulares con la venta de equipo de espionaje a la administración anterior y cierto favoritismo a las firmas del empresario tijuanense, tanto en la administración de “Kiko” Vega en BC, como en la de Juan Manuel Gastélum en la alcaldía de Tijuana.
La irregularidad en este y otros dos contratos ejercidos con fondos federales para la FGE, fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encontró un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública federal por parte de la dependencia entonces dirigida por Guillermo Ruiz Hernández.
De acuerdo con la ASF, el daño es por un millón 554 mil 927 pesos por los pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por la adquisición de 56 chalecos balísticos mediante el contrato No. OM-INV-ADQ-FASP-014-2020-BIS con la empresa de Guerrero Villanueva.
Otro, por 48 baterías para terminal portátil y 46 baterías para terminal portátil, adquiridas mediante el contrato No. DAD-FASP-FGE-15-2, adjudicado el 30 de octubre de 2020 de manera directa a Cervantech Servicios Tecnológicos, SC -antes Grupo Racer, SC-, cuyo representante legal es Luis Cervantes González. El importe total del contrato fue de 7 millones 675 mil 720 pesos.
Además, la ASF reportó la falta de 190 baterías para terminal digital y 19 baterías para terminal digital, adquiridos mediante el contrato No. DAD-FASP-FGE-23-20, adjudicado de nuevo a Cervantech Servicios Tecnológicos, SC (RFC: GEB-460319-4H7) el 16 de diciembre de 2020. El monto del contrato fue de 3 millones 555 mil 597 pesos.
La ASF aseguró que de los productos mencionados, la dependencia estatal “no proporcionó la evidencia suficiente que permita validar su existencia física”; sin embargo, la actual administración de la FGE aseguró que, en el caso de los últimos dos contratos, sí se tiene registro físico del equipo adquirido.
Cabe señalar que, en un principio, la observación de la ASF fue por 14 millones 294.3 mil pesos, por no acreditar la existencia de 493 chalecos balísticos, 61 radios para terminal portátil, 400 baterías para terminal portátil, 500 baterías para terminal digital, seis impresoras, cinco respaldos de energía, un switch, un servidor de datos, cuatro computadoras y dos monitores.
Sin embargo, en el transcurso de la auditoría logró proporcionar información que aclara y justifica 12 millones 739 mil 382 pesos. Además, la ASF señaló que en ocho contratos asignados por adjudicación directa “no se acreditó de manera suficiente los criterios en que se sustentó la excepción de la licitación”, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción VII y 45; y del Acuerdo 03/XLV/19, Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Anexo 2, Artículo 11.
FISCALÍA DEL “TITI” RUIZ, SIN TRANSPARENCIA
Durante el bienio que el abogado Guillermo Ruíz Hernández estuvo al frente de la FGE, la opacidad imperó en cuanto al acceso a la información pública de la dependencia.
Basta hacer una búsqueda en la página de transparencia de la FGE y revisar lo que se subió en el periodo de la administración anterior. Incluso en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde están obligados a subir contratos de adquisiciones con recursos públicos, no hay archivo vinculado alguno en 2020 y 2021.
De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, esta falta podría ameritar una denuncia por omisión de sus responsabilidades, con sanciones desde una amonestación hasta una multa al servidor público que incurrió en tal negligencia.
CARLOS GUERRERO, PROVEEDOR DE ESPIONAJE EN LA FRONTERA
El 16 de febrero de 2022, ante una Corte Federal del Distrito Sur de San Diego, California, Carlos Alberto Guerrero Villanueva se declaró culpable de vender y usar herramientas de espionaje fabricadas por compañías de Italia, Israel y otros países; entre sus principales clientes, estaban los gobiernos de Baja California y Durango, además de políticos mexicanos y empresarios.
Sin embargo, quedó libre tras el pago de una fianza. La jueza Janis Sammartino le programó audiencia condenatoria para el próximo 13 de mayo, por lo que le dejó residir en México mientras espera. La condena sería de hasta cinco años privado de su libertad, tres años de libertad condicional y una fianza por 250 mil dólares.
Una de sus empresas en Tijuana, Elite by Carga, apareció junto con su nombre en correos electrónicos expuestos en la plataforma WikiLeaks en 2015, donde se identificó que Guerrero Villanueva era intermediario de Hacking Team con el gobierno de Baja California, cuyo titular era Francisco Vega de Lamadrid.
Por ejemplo, con fecha 17 de octubre de 2014 (número de identificación de correo 5761), da cuenta que personal de Italia arribó a San Diego, California (posterior a Tijuana y Mexicali) para capacitar a los usuarios del Gobierno del Estado de Baja California.
En los reportes que el ingeniero identificado como Sergio Rodríguez-Solís envía a su jefe de Hacking Team, le describe lo siguiente en una reunión celebrada en octubre en Mexicali:
“La reunión fue el martes 14 y asistimos: Cliente: Misael (usuario), Óscar (jefe de Misael), Antonio Valladolid (Secretario / Director del departamento). Él estaba dirigiendo la reunión. De Elite Tactical: Carlos Guerrero (Propietario), Víctor Gallardo (Manager), Daniel Moreno (Director)”, se lee uno de los correos subidos en la plataforma https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5761.
Hacking Team es una empresa italiana dedicada a la comercialización de sofisticados sistemas de espionaje.
Elite by Carga, SA de CV es una empresa tijuanense que provee principalmente a los gobiernos de equipo táctico como uniformes, botas y binoculares. Es parte de un consorcio de nombre Grupo Armor, que vende todo lo relacionado con seguridad pública y privada, desde uniformes hasta cámaras y blindaje de carros, tanques o aeronaves.
Se localiza en la colonia Buena Vista, sobre la calle Juan Ojeda en La Mesa de Tijuana, a metros de las oficinas del Partido Acción Nacional. Según su aviso de privacidad, Grupo Armor está integrado por tres empresas más, entre estas, Carga Security y Blindado Seguro, SA de CV.
La última también fue proveedora del Gobierno del Estado. Le vendió dos camionetas blindadas tipo Suburban 2015 para transportar al gobernador “y a su familia”. La compra de las dos camionetas, mediante una adjudicación directa a finales de 2014, tuvo un costo de 4 millones 11 mil 456 pesos.
En su declaración de culpabilidad, Guerrero Villanueva aceptó que esos sistemas también fueron usados con fines comerciales. En un caso, uno o más empleados de Elite by Carga acordaron en febrero de 2017 hackear el teléfono y el correo electrónico de un representante de ventas de una empresa mexicana con sede en Florida, a cambio de un pago aproximado a 25 mil dólares: y que él mismo usó el equipo para interceptar, en diciembre de 2015, las llamadas telefónicas de un competidor comercial estadounidense mientras este se encontraba en México y en el Sur de California.
EMPRESAS DE GUERRERO TAMBIÉN SURTIERON A GOBIERNOS DE LA 4T
Elite by Carga continuó obteniendo contratos con los gobiernos estatales y municipales, ahora de Morena. A través de sus empresas, Carlos Guerrero surtió de equipo táctico a la administración municipal de Arturo González Cruz, así como a la FGE a cargo de Guillermo Ruiz Hernández y al gobernador Jaime Bonilla.
Blindado Seguro, SA de CV (RFC: BSE0408033JA), empresa que ganó la licitación con la FGE y donde la ASF encontró irregularidades, tiene como representante legal al licenciado Mariano Rincón Gallardo Esparza, quien también representa a otra marca de Guerrero Villanueva –Car Armoring-, la cual se encarga de hacer blindajes.
Los socios en Blindado Seguro son Laura Fabiola Guerrero Villanueva, quien también representa legalmente a Elite by Carga, SA de CV; Carlos Alberto Guerrero Villanueva, quien también aparece como socio en Blindajes Continental, SA de CV, junto a Carlos Javier Nava Guerrero.
El representante legal de Blindajes Continental es Mariano Rincón Gallardo Esparza, así como de Car Armoring. Dichas empresas tienen contratos registro de relación de suministro de equipamiento y blindaje a los gobiernos de Ciudad de México, Baja California Sur y Durango.
